Tan solo faltaba firmarlo, según el Gobierno, pero finalmente no habrá acuerdo para renovar un Poder Judicial que lleva casi cuatro años en una situación inédita de bloqueo e incertidumbre. El Ejecutivo y el PP vuelven al punto de partida después de que los ‘populares’ hayan dado por suspendida la negociación ante la que es su última línea roja: la reforma del delito de sedición. De nada han servido la dimisión del ya expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, o la visita a España del comisario europeo de Justicia. Y como ya es tradición, el Gobierno y el PP se culpan mutuamente de un fracaso que agrava la crisis institucional del Poder Judicial, que todavía tiene pendiente la renovación del Tribunal Constitucional y un Supremo al borde del colapso.
Durante toda la semana, ambas partes habían trasladado a la opinión pública que podría haber un acuerdo inminente con negociaciones que estaban “muy avanzadas”. Parecía ya superado o a punto de superarse el último escollo respecto a la exigencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de despolitizar el Poder con una reforma del sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ.
La reforma de la sedición, la última línea roja del PP
Sin embargo, a lo largo de la última semana otro asunto empezó a cobrar protagonismo en las negociaciones: el compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados los principales líderes del ‘procés’. No era algo nuevo, ya que desde el inicio de la legislatura tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como sus ministros, habían insistido en su intención de reformar este delito siempre que hubiera una mayoría parlamentaria suficiente que según el Gobierno no tenía.
Pero fue ERC la que reavivó el debate sobre esta cuestión. Ante una semana clave para que los Presupuestos del Gobierno superaran los vetos de la oposición, los republicanos dijeron estar “lejos” de dar su apoyo y apostaron en un primer momento por negociar las cuentas públicas “al mismo tiempo” que la“desjudicialización” del conflicto catalán, si bien posteriormente aclararon que ambas cuestiones iban por separado.
Los republicanos, que hasta entonces habían insistido en la amnistía para los procesados del ‘procés’, se abrieron a la reforma de la sedición y pidieron a Sánchez que se rebajaran las penas hasta un máximo de cinco años, como ocurre en otros países europeos (en España se elevan hasta los quince). ERC reconoció además que mantenía “conversaciones” sobre la sedición con el Gobierno, quien a su vez aseguró que ya estaba “estudiando” la reforma penal. Y aunque el Ejecutivo insistía en que no tenía las mayorías suficientes, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, respondía este jueves que, “quien sabe contar, sabe que es falso”.
En este contexto, la preocupación en el PP por el delito de sedición aumentaba, si bien el martes su portavoz, Cuca Gamarra, apuntó en Espejo Público que una reforma de la sedición no afectaría a las negociaciones "muy avanzadas" del CGPJ y se limitó a decir que, si el Gobierno la presenta en el Congreso, su partido votará en contra.
Sánchez dice que “el acuerdo está listo” y el PP rompe la negociación
Tan avanzada estaba la negociación que, el jueves por la mañana, el presidente del Gobierno anunciaba ante los medios que el acuerdo estaba “listo” e instaba al PP a firmarlo ya, algo que desmintieron los ‘populares’ inmediatamente después, asegurando que había “avances”, pero que el acuerdo no estaba cerrado.
Casi al mismo tiempo, ocurrió algo que detonó el estallido en la negociación. En el debate presupuestario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se dirigió a ERC en el Congreso y aseguró que el Gobierno llevaría a esa cámara la reforma de la sedición, sin añadir la coletilla habitual respecto a que no tiene mayoría suficiente. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como un anuncio, aunque Montero matizó después que el Gobierno no llevaría ninguna reforma penal a la Cámara Baja sin tener esa mayoría previa.
En este contexto, Feijóo emplazó a Sánchez a aclarar si estaba dispuesto a proteger España tras la “divergencia” de opiniones en relación al delito de sedición en el seno de su gabinete. Ya por la tarde, le llamó personalmente para mostrarle su “extrañeza” ante un supuesto cambio de posición en el PSOE, partido que le había trasladado (según el PP) “que no estaba en sus planes acometer esa modificación”. En un comunicado, los 'populares' aseguran que Sánchez había trasladado a Feijóo que no va a “renunciar” a la reforma de la sedición y su negativa a reformarla con el consenso del PP, que pide endurecer las penas. Para el PP, esto supuso una “incongruencia insalvable” que le llevó a anunciar la suspensión de las negociaciones con el Ejecutivo.
Sánchez: "A Feijóo le han temblado las piernas"
Sánchez se enteró de esta ruptura por los medios de comunicación y acusó inmediatamente a Feijóo de no haber resistido las “presiones” para no renovar el Consejo. Durante una visita oficial por África, el presidente aseguró que el acuerdo estaba cerrado desde el “martes” y que se iba a escenificar en una reunión entre ambos dirigentes la próxima semana: "A Feijóo le han temblado las piernas. Ha sido sensible a toda la presión mediática".
“Feijóo habló con Ayuso y Moreno antes de tomar la decisión de romper“
Es cierto que, justo antes de romper la negociación, el presidente del PP mantuvo contactos con los barones regionales de su partido para "compartir impresiones", entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Según han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de la comunicación entre Feijóo y Ayuso, la presidenta madrileña le habría trasladado su disconformidad con el pacto que se estaba fraguando con el PSOE. También Moreno habría mostrado su oposición al acuerdo. Este mismo viernes, el presidente andaluz ha negado presiones a Feijóo y ha asegurado que "todos los presidentes autonómicos del PP" están detrás de la decisión del líder popular de congelar las negociaciones.
Por su parte, el ministro de Presidencia y negociador directo del Gobierno sobre el CGPJ, Felix Bolaños, ha criticado una ruptura "unilateral" y ha detallado además que la firma del acuerdo entre ambas partes iba a haberse producido ese mismo viernes, pues habían reservado “huecos en la agenda”. También que, durante la conversación telefónica de Sánchez y Feijóo, que duró dos horas, ambos acordaron verse el próximo 2 de noviembre. A su juicio, Feijóo "ya no es un interlocutor válido", ya que no tiene “autonomía” en su partido y le han "doblado el pulso".
Además, ha negado el argumento del PP sobre la sedición: “Nosotros hemos dicho lo mismo en público y en privado desde hace años y eso no ha cambiado”.
Feijóo: “El pacto será con otro PSOE”
La versión del PP es radicalmente opuesta. "El Gobierno nos ha querido llevar a la ruptura planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar", ha asegurado Feijóo, que culpa a Sánchez de la ruptura, ya que "hay muchas cosas negociables en democracia, pero el Estado no es una de ellas”. El líder del PP se ha mostrado convencido de que, si hay pactos de Estado, “será con otro PSOE” distinto al actual.
Sobre el estallido de las negociaciones, Feijóo ha vuelto a negar que el acuerdo estuviera listo para firmar. Ha reconocido que estaba muy “avanzado”, aunque faltaban “cosas no menores” como un compromiso “por escrito con la redacción definitiva” para que los jueces “elijan a los jueces” del CGPJ.
La dimisión de Carlos Lesmes el pasado mes de septiembre pareció dar el impulso decisivo a esta negociación, ya que el Ejecutivo y el PP acordaron darse un “último intento” después de que la Comisión Europea, con visita a España incluida, diera varios toques de atención y exigiera una inmediata renovación del Poder Judicial. Pero finalmente ha fracasado.
Una renovación pendiente desde 2018
Este bloqueo es una situación inédita en la democracia española. Hasta 2018, el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ. Pero después de que estallara el pacto a finales de ese año tras la filtración de un "whatsapp" del entonces portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás", ha sido absolutamente imposible: ni con el PP de Pablo Casado ni ahora con el de Alberto Núñez Feijóo.
Con todo, el Poder Judicial sigue representando la mayoría conservadora que logró Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, ya que la designación del presidente y los actuales vocales se produjo en 2013. De ahí, dicen en el Gobierno, su falta de voluntad para negociar un nuevo Poder Judicial.
Desde su creación en el año 1980, el CGPJ ha afrontado retrasos en cinco ocasiones además de la actual. Los dos bloqueos más largos han tenido lugar con el PP en la oposición (22 meses entre 2006 y 2008, y tres años y diez meses ahora ahora), mientras que cuando el PSOE ha estado en la oposición el tiempo que ha demorado en renovarse el Poder Judicial ha sido de entre uno y tres meses.
Este ha sido el último de una larga lista de intentos de Gobierno y PP de renovar el órgano ejecutivo de los jueces. Desde el primer fracaso en 2018, los ‘populares’ han ido cambiando sus exigencias a la hora de negociar, incluyendo vetos a candidatos propuestos por el Ejecutivo (como estas últimas semanas a la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género).
El Gobierno, por su parte, ha reformado en dos ocasiones la ley del Poder Judicial para impedir que pudiera hacer nombramientos en funciones y luego para permitirle hacerlos en el Tribunal Constitucional, cuyo plazo legal de renovación terminó el pasado 13 de septiembre ante las reticencias de los vocales conservadores. Ahora, Podemos pide a sus socios de Gobierno retomar la reforma que Sánchez dejó en el aire para reducir las mayorías parlamentarias (de tres quintos a mayoría simple) necesarias en el Congreso para la renovación del CGPJ.
Tras los últimos acontecimientos, Bruselas ha vuelto a exigir la inmediata renovación del Poder Judicial y el presidente interino del CGPJ y sustituto de Lesmes, Rafael Mozo, ha mostrado su indignación y preocupación ante unos hechos “muy graves” que “dañan el funcionamiento de la justicia”: “La crisis institucional es profunda”. Por eso, ha recordado al Gobierno y al PP que “por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia y que las leyes se cumplan” y ha recordado: “Las instituciones tienen que estar más afianzadas”.
Mientras, el Supremo se encuentra en una situación “insostenible”, tal y como advirtió en varias ocasiones el propio Lesmes. El bloqueo y la imposibilidad de nombrar vacantes conllevará la emisión de mil sentencias menos al año, según estimó el tribunal, y afecta ya a varias salas.