La decisión del Partido Popular de suspender las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial pone en riesgo un pacto que parecía más cercano que nunca, tras más de dos semanas de intensas negociaciones, que arrancaron con la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tras casi cuatro años con el mandato caducado.
No es, sin embargo, la primera ocasión en la que un acuerdo prácticamente cerrado salta por los aires, entre acusaciones mutuas de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, que han sido incapaces de consensuar una renovación tras más de 1.400 días con un Consejo en funciones, lo que ha dado lugar a una situación inédita en la Justicia española durante la etapa democrática.
Desde 2018, ambas formaciones han acercado posiciones en varias ocasiones sin llegar a concretar un pacto que necesita del visto bueno de los dos partidos mayoritarios, ya que requiere una mayoría de tres quintos del Congreso, 210 diputados.
Un WhatsApp rompe el primer intento de acuerdo
En noviembre de 2018, a pocos días de que caducara el mandato del CGPJ, Pedro Sánchez, como presidente de un gobierno surgido de la moción de censura a Rajoy, y Pablo Casado, como flamante líder de la oposición, alcanzan un acuerdo para renovar la institución, bajo la presidencia del conservador Manuel Marchena y una mayoría de vocales progresistas.
Pero la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que el consenso permitía a su partido controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo -encargada de los casos de corrupción- puso fin al pacto y motivó la renuncia de Marchena a presidir el CGPJ.
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Se frustra un acuerdo "al 99%"
Tras un 2019 en clave electoral -dos elecciones generales, además de autonómicas y municipales-, las negociaciones se retoman en 2020, tras la toma de posesión de Sánchez al frente del Gobierno de coalición.
Aunque el presidente y el jefe de la oposición llegan a reunirse en Moncloa, la llegada de la pandemia de coronavirus hizo que todo pasara a un segundo plano y hasta el mes de julio, finalizado el estado de alarma, no llegó el encuentro entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el magistrado Enrique López.
Todo parecía encaminado a un acuerdo, que no fructificó a causa de la salida de España del rey emérito, Juan Carlos I. El PP aseguró que no habían sido informados previamente de la salida del exjefe de Estado, a lo que hay que sumar las críticas a la corona de varios dirigentes de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
El PP exigió que los morados quedaran fuera de la negociación por su "intolerable" ataque al rey emérito y el 2 de septiembre de 2020, tras un encuentro con Sánchez en Moncloa, Casado hizo público el veto. Pocos días después, en una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno reveló que tenía un acuerdo "prácticamente al 99%" con el líder de la oposición para renovar el CGPJ pero que "inexplicablemente" rompió su palabra.
Los vetos impiden el pacto
La dificultad para llegar a un acuerdo con el PP, hizo que el Gobierno explorara otras vías. De este modo, en octubre de 2020 PSOE y UP presentaron una proposición de ley para poder elegir el Consejo con mayoría absoluta del Parlamento y no de tres quintos, una iniciativa que finalmente fue retirada tras las dudas que mostró la Comisión Europea.
Sánchez retomó los contactos con la oposición, pese a lo cual los socios de Gobierno registraron en diciembre una nueva proposición de ley para limitar las funciones del Consejo cuando haya caducado su mandato, especialmente la proposición de nombramientos para tribunales como el Supremo y la Audiencia Nacional.
Sin embargo, en febrero de 2021 las posturas entre ambos parecían cercanas, en una negociación en la que PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de RTVE pero que no fructificó en el caso del CGPJ por el veto de los 'populares' a los dos vocales que proponía Podemos: la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de la trama Gürtel.
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Un acuerdo secreto que no fructificó
En octubre de 2021, Casado ofreció al Gobierno negociar la renovación de los órganos constitucionales pendientes, a excepción del Consejo, donde persistían las diferencias. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, pactaron renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
Pero el acuerdo fue más allá pues, como se supo meses después, se logró un pacto secreto para garantizar la siguiente renovación del Constitucional con una reforma del Consejo General del Poder Judicial, en el caso de que este siguiera bloqueado, como confirmó en agosto de 2022 el presidente Pedro Sánchez.
Para entonces, el PP tenía nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, tras la crisis interna que se llevó por delante el liderazgo de Casado. Aunque Feijóo negó conocer el acuerdo entre el presidente y su antecesor en el cargo, el equipo de Casado aseguró que sí informó del mismo en el traspaso de poderes.
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Nuevo acercamiento tras la llegada de Feijóo
Antes de esta filtración hubo un nuevo acercamiento: fue en abril de 2022, durante el primer encuentro en Moncloa entre Sánchez y Feijóo con el expresidente gallego como líder del PP. Ambos se emplazaron a intentar renovar el CGPJ, con Félix Bolaños y Esteban González Pons como interlocutores.
Sin embargo, tampoco hubo acuerdo esta vez, después de que en julio el Congreso aprobara la propuesta del PSOE para permitir que el CGPJ nombrase a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pese a tener el mandato caducado. La decisión se adoptó entre críticas del PP, que lo calificó de "arrogancia", y del resto de partidos de la oposición.
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La dimisión de Lesmes encarrila un consenso que no llega
Mientras Europa insistía en la necesidad de renovar el CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, hizo efectiva la amenaza realizada un mes antes y presentó su dimisión el 10 de octubre, cerca de cumplir cuatro años con el mandato caducado. Sánchez y Feijóo se reunieron de urgencia y acordaron hacer "un último esfuerzo" para llegar a un acuerdo.
Ambas partes mostraron optimismo y confirmaron "avances" en las negociaciones "discretas" que llevaron a cabo durante 17 días. Sin embargo, el jueves 27 de octubre el PP da por suspendidas las conversaciones ante la reforma del delito de sedición, que consideran una "incongruencia insalvable". El Gobierno, que confirma que la rúbrica del acuerdo era inminente, lamenta que Feijóo haya sucumbido a las presiones de la "derecha más extrema".