Existe una "creciente evidencia" de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado que tuvo lugar el año pasado. Entre las evidencias se incluyen asesinatos, torturas, deportaciones forzadas y ataques a la población civil, según ha denunciado este lunes el jefe de la misión investigadora de la ONU en este país asiático.
“El pueblo birmano sigue sufriendo por la falta de rendición de cuentas“
El estadounidense Nicholas Koumjian, al frente del Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania, ha hecho esta afirmación al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su cuarto informe anual, subrayando que "el pueblo birmano sigue sufriendo por la falta de rendición de cuentas".
Koumjian ha indicado que se continúan recopilando evidencias para que los crímenes de las autoridades militares birmanas puedan ser juzgados en instancias tales como el Tribunal Penal Internacional (TPI) o el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), ambos en La Haya.
Tres millones de documentos
"Hemos recogido y procesado más de tres millones de informaciones procedentes de 200 fuentes que incluyen entrevistas, documentación, vídeos, fotografías, imágenes geoespaciales y material de redes sociales, el doble que el pasado año", ha indicado el experto estadounidense.
Koumjian ha destacado la crucial importancia del caso ya iniciado en el TIJ, que este año desestimó las objeciones de la Junta Militar birmana y optó por continuar un proceso en el que debe dilucidarse si se cometió o no un genocidio contra el pueblo rohinyá, desde que la persecución contra esa minoría musulmana se iniciara en 2016.
“Estamos comprometidos a brindar para ese caso las evidencias de lo ocurrido“
"Estamos comprometidos a brindar para ese caso las evidencias de lo ocurrido", ha señalado el jefe del mecanismo investigador, quien ha destacado que su misión debe redoblar los esfuerzos en este sentido ya que con el inicio de los procedimientos en el TIJ el tiempo para obtener las pruebas es más limitado.
Ha añadido que el mecanismo que dirige está dando prioridad a la recepción de evidencias sobre crímenes contra la infancia y violencia sexual y de género, ya que "mujeres y niños corren especial riesgo en los conflictos" pero al mismo tiempo muchos de los abusos que sufren no se suelen denunciar o no son investigados. En este sentido, Koumjian ha denunciado informes que apuntan a torturas y detenciones arbitrarias contra menores de edad, en ocasiones cono represalia contras sus padres.
Vuelve la pena de muerte, 30 años después
El experto también ha recordado la ejecución en julio de cuatro activistas prodemocracia birmanos, que puso fin a una moratoria de 30 años en el uso de la pena capital en el país, y ha afirmado que la opacidad con la que se desarrolló el proceso puede ser un ejemplo de los crímenes contra la humanidad denunciados.
"Imponer la pena de muerte siguiendo procedimientos que no satisfacen los básicos requisitos de un juicio justo puede ser un crimen de lesa humanidad, y hay claras indicaciones de que las ejecuciones de julio no siguieron el proceso debido, ya que faltó transparencia", denunció Koumjian.
El jefe del mecanismo de investigación ha lamentado por otro lado que la Junta Militar birmana continúe ignorando sus frecuentes peticiones para visitar el país con el fin de examinar posibles delitos contra el derecho internacional. "Pese a ello, hay notables progresos, y muchas personas valientes, ONG y otras entidades han compartido valiosas pruebas", subrayó Koumjian, quien ha pedido esfuerzos para garantizar la protección de estas fuentes en un momento de creciente preocupación por su seguridad.
Éxodo de los rohinyá
“Ataque generalizado y sistemático contra la población civil“
En el turno de intervención de las delegaciones, la Unión Europea ha denunciado el "ataque generalizado y sistemático contra la población civil" en Birmania, y ha coincidido en que podría ser considerado un crimen de lesa humanidad de cara a un proceso en tribunales internacionales.
Países como Suiza lamentaron también el bloqueo de la Junta Militar a la entrada de ayuda humanitaria al país, algo ante lo que Francia exigió "acceso total y sin obstáculos" a las más de 950.000 personas que han dejado sus hogares por el recrudecimiento de los conflictos internos desde el golpe de Estado.
Otros países han recordado el continuado éxodo de los rohinyá, que cumple cinco años, sin visos de que el millón de personas que dejaron el país debido a los ataques y están refugiadas mayoritariamente a Bangladesh puedan regresar, dada la deteriorada situación de inseguridad en Birmania.