La comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Birmania (Myanmar) ha publicado este martes un informe en el que queda patente que la represión y denegación de derechos de los rohinyás ha sido una política de Estado durante el último medio siglo. "Los múltiples elementos de opresión están basados en políticas de Estado que ocurren en un contexto de retórica y práctica discriminatoria", ha subrayado la comisión de investigación.
En este sentido, el grupo de expertos ha concluído que el genocidio contra los rohinyá se fragua en "el sentimiento antirohinyá y antimusulmán, incluyendo el discurso del odio" generalizado en la sociedad birmana, también "en los círculos más progresistas", puntualiza el texto.
“El sentimiento antirohinyá y antimusulmán, incluyendo el discurso del odio, es generalizado“
La investigación, de 444 páginas, se ha basado en más de 800 entrevistas de supervivientes de las masacres, vídeos, fotografías e imágenes de satélites que demuestran la campaña de tierra quemada llevada a cabo por las autoridades birmanas, que en algunos estados dejaron de reconocer a los rohinyás en 2011.
El Ejército birmano, culpable de la masacre
Los expertos de la ONU consideran responsables de los crímenes cometidos a los mandos militares del Ejército de Birmania empezando por su máximo cargo, el general Min Aung Hlaing. A su vez, han elaborado una lista completa con los presuntos responsables del genocidio para imponer sanciones individuales contra los presuntos responsbles identificados y para proceder al embargo de armamento.
La comisión de investigación ha condenado a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque "no utilizó su cargo [...] ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin" y ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar esos crímenes.
El informe pone el foco en el éxodo rohinyá a Bangldesh
El documento pone sobre todo el acento en los distintos estallidos de violencia que ha habido a lo largo de los años y especialmente en el ocurrido a partir del 25 de agosto de 2017 en el estado de Rakáin y que provocó la huida de más de 800.000 personas hacia Bangladesh, donde sobreviven como refugiados.
La misión considera que "los crímenes cometidos en el estado de Rakáin y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos".
“Nunca se podrá justificar la necesidad de asesinatos masivos, incluyendo mujeres y niños“
Concretamente, la misión de investigación ha puntualizado que es "una estimación conservadora que al menos 10.000 personas fueron asesinadas" durante las operaciones de limpieza étnica en agosto de 2017. "Nunca se podrá justificar la necesidad de asesinatos masivos, incluyendo mujeres y niños; violaciones y violencia sexual a una escala masiva", denuncia el texto.