La junta militar de Birmania (Myanmar) ha ejecutado a cuatro presos, entre ellos dos políticos opositores, en lo que sería la primera aplicación de la pena de muerte en las últimas tres décadas, según ha informado este lunes la prensa oficialista. En una breve nota publicada por la Agencia Nacional de Myanmar, controlada por el régimen castrense, las autoridades militares confirman que "el castigo ha sido realizado" mediante el método del ahorcamiento, sin precisar cuándo.
Los ejecutados incluyen al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta. Los otros dos reos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
Acusados de "conspirar para cometer actos terroristas"
La junta militar les acusa de "preparar y conspirar para cometer actos terroristas brutales e inhumanos como asesinatos", conforme a la nota publicada por el medio oficialista.
"Extremadamente conmocionado y entristecido al leer la noticia de la ejecución de cuatro activistas en favor de la democracia", ha apuntado en un mensaje de Twitter el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, opuesto a los uniformados, que ha reclamado a Naciones Unidas, la Unión Europea y el bloque de países del Sudeste Asiático "castigar a la junta militar por su crueldad y asesinatos".
Sin aplicación de la pena capital desde 1988
El régimen castrense, que tomó el control del país el 1 de febrero de 2021 mediante un golpe de Estado, anunció a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital. Una medida condenada por varios países como Francia, Estados Unidos y Canadá, además de las Naciones Unidas, así como cientos de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
El último ajusticiamiento en Birmania tuvo lugar en 1988, bajo la extinta junta militar que gobernó el país entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional. Desde la asonada militar del 1 de febrero de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte en Birmania, un país que no ha revocado la pena capital, pero donde los condenados veían sus condenas permutadas por penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.114 civiles han sido asesinados a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que no cuenta los fallecidos durante enfrentamientos armados ni las víctimas mortales vinculadas al régimen militar.
La ONU condena las ejecuciones
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha condenado las ejecuciones. "Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia de un abogado, en violación del derecho internacional de los derechos humanos", denuncia Andrews en un comunicado colgado en Twitter.
El representante de la ONU insta a la comunidad internacional a actuar de manera contundente contra el régimen militar, que dio un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, por sus "asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición".