¿Puede ser el presidente ruso, Vladímir Putin, detenido por crímenes de guerra? Esta es una de las cuestiones más repetidas en las últimas horas, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) lanzara este viernes una orden de arresto internacional contra el mandatario y la comisaria presidencial de los derechos humanos de la Infancia de la federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso durante la guerra.
"El efecto de la orden es limitado a corto plazo, ya que la CPI no cuenta con policía o ejército que pueda detener a los acusados, sino que depende de sus países miembros. Rusia no reconoce a este tribunal, por lo que la detención debería hacerse fuera del país", cuenta a RTVE.es la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, que, sin embargo, califica la orden de "histórica".
"Tiene más un valor simbólico, es decir, es una llamada a la comunidad internacional y aumenta el aislamiento del presidente ruso, que no podrá visitar algunos países. De conseguirse la detención, sería la primera vez que se juzgaría a un jefe de Estado de una gran potencia militar nuclear en plena guerra", añade sobre el tribunal, formado por 123 Estados. Entre los que no son miembros, además de Rusia, destaca Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía o Israel. Tampoco se encuentra Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la CPI a investigar la comisión de crímenes de guerra en su territorio.
Ucrania acusa a Rusia de la deportación forzosa de más de 16.000 niños de territorios ocupados por Moscú. Según una investigación periodística de la Unión Europea de Radifusión en la que participó RTVE, Lvova-Belova estaría en el centro del secuestro de al menos centenares de niños ucranianos que fueron trasladados procedentes de orfanatos y campamentos por las tropas del Kremlin, en principio, para darlos en adopción. Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha celebrado la decisión de la CIP y el líder estadounidense, Joe Biden, la ha calificado como "justificada".
Rusia, por su parte, niega tener ninguna responsabilidad y ha restado importancia a la orden, calificándola de "nula". De hecho, no ha frenado los planes de Putin, que este fin de semana ha viajado a Crimea en el noveno aniversario de su anexión a Rusia y ha realizado su primera visita al Donbás, donde ha recorrido en coche varios barrios de Mariúpol, ciudad tomada por Moscú el año pasado tras una férrea resistencia ucraniana.
Putin tendría que ser detenido o entregarse
En el caso de que el mandatario visitara otros países, algo que apenas ha hecho desde que comenzó el conflicto en Ucrania, también hay que tener en cuenta "la conveniencia de arrestarle", ya que eso puede generar fricciones entre dos naciones u otros efectos no deseados, señala, por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars. "Tampoco sabríamos el efecto que tendría la detención en el transcurso de la guerra y en una Rusia vacía de poder", agrega.
Otra de las opciones para que se llevara a cabo la detención, añade, sería que Putin se entregara o que "lo hiciera el propio Estado ruso", algo que, por el momento, "parece improbable" debido al control que ejerce en el país. "Pero no imposible", remarca, en el caso de que Rusia sea derrotada por la guerra, y pone como ejemplo el caso serbio en el que fue el país el que entregó al expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, para que fuera juzgado por crímenes contra la humanidad y de guerra en Kosovo.
La orden de arresto se ha producido un día después de que la ONU concluyera que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, entre ellos violaciones, torturas, asesinatos, desplazamientos forzosos y ataques a civiles desde que comenzó la guerra hace más de un año. "Esta podría no ser la primera orden de detención que vemos en los próximos meses o años", advierte el profesor de Liderazgo Político en la Universidad Europea, Moisés Ruiz, que recuerda que se están investigando otras denuncias emitidas por Ucrania y que también podrían afectar a otros miembros del Kremlin. "Por el momento, Putin está tranquilo, ya que no le da ningún efecto a esta orden, pero habrá que ver el desarrollo de la guerra", sentencia Ruiz.
¿Puede Putin ser condenado por crímenes de guerra? ¿Será detenido?
La orden no prescribe, incluso si acaba la guerra
Aunque, en principio, no se den las circunstancias adecuadas para la detención del mandatario, sí que podría producirse más adelante. En el caso de que se pusiera fin a la guerra, "la orden seguiría vigente, porque no prescribe", cuenta Araceli Mangas. "Las deportaciones de menores son de una gravedad extraordinaria", añade sobre este delito, que podría conllevar hasta cadena perpetua.
En esta línea, la presidenta de la Red de Periodismo de Investigación de la UER sobre las deportaciones, Pilar Requena, lamenta en una entrevista en el Canal 24 horas que "haya habido casos también tan graves y crímenes de guerra cometidos por otros dirigentes internacionales a los que ni siquiera se les ha abierto una orden de detención". No obstante, sí que considera que esta orden sienta un precedente, ya que "está basada en pruebas claras de la comisión del delito" y es "una demostración" de estas prácticas en el país, indica.
Sonia Robla (CPI), sobre la orden de arresto contra Putin: "Limita enormemente los movimientos de los acusados"
Desde el propio tribunal también se ha hecho hincapié en que, en caso de que Putin sea arrestado, "el principio de inmunidad" tampoco se aplica en el derecho internacional a los jefes de Estado". "Las relaciones internacionales son muy fluidas, las cosas cambian mucho y lo que hoy no es posible puede ser posible más adelante", ha dicho en una entrevista a TVE la jefa de comunicación del Tribunal Penal Internacional, Sonia Robla, sobre un hecho que abre un nuevo precedente en la historia de la guerra de Ucrania en poco más de un año desde que comenzó.
¿Qué es la CIP?
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada en 1998 con la firma del Estatuto de Roma y se formalizó en 2002 para llevar a juicio a los responsables de los crímenes más graves: guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Al menos 39 países pidieron conjuntamente al fiscal jefe del tribunal, Karim Kham, que abriese la investigación para determinar si se habían cometido crímenes de guerra en Ucrania. De esta forma, se ampliaba la comenzada por su antecesora Fatou Bensouda en 2014 por la anexión ilegal de Crimea por parte de Putin y la guerra en el Donbás.
En dos décadas, el tribunal solo ha emitido cuatro condenas, todas ellas en África: tres en República Democrática del Congo y una en Mali. El requisito de que el enjuiciado esté presente hace que en muchos casos se haya estancado porque hay que capturar a los responsables. Es el caso del expresidente de Sudán Al Bashir sobre el que pesan dos órdenes de arresto por los crímenes en Darfur, pero sigue en libertad. El líder libio Gadafi ni siquiera llegó a la Corte porque fue ejecutado antes por su propio pueblo. Actualmente, tiene 17 investigaciones en marcha en países como Uganda, República Democrática del Congo, Kenia, Venezuela, Myanmar y Filipinas, además de la de Ucrania.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 9, describe crimen de guerra como: "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil" que no participe directamente en las hostilidades" o "atacar o bombardear ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares".