Cuatro años después de la ratificación del Acuerdo de París, España ya tiene su primera ley integral para luchar contra el cambio climático. El Congreso de los Diputados ha dado este jueves 'luz verde' definitiva a la Ley de Cambio Climático, con la que nuestro país aspira a alcanzar la descarbonización en 2050.
El texto del Gobierno ha obtenido el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, que votó en contra, y del PP y Más País-Verdes Equo, que se abstuvieron. La norma, que se ha aprobado entre críticas generalizadas de la oposición, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Te contamos las principales claves:
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¿Por qué se aprueba esta ley?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura. La norma inició su andadura parlamentaria hace prácticamente un año, con su aprobación por el Consejo de Ministros, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.
La Ley entronca con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima: el Acuerdo de París de 2015.
¿Cuáles son sus objetivos?
El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:
- Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
- Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100 % renovable.
- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20 % respecto al año 1990. Se trata de un objetivo "coherente", señala el Ejecutivo, con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50 % y el 55 % de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
- Al finalizar la próxima década, como mínimo 35 % del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70 %.
- Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %.
¿Cómo se implementará?
Los objetivos de esta ley se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %. En 2030 las emisiones deberán reducirse aún más, al menos un 20 % respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar "un parque de turismos sin emisiones directas de CO2" y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de pandemia, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.
Ribera defiende el proyecto de ley de cambio climático
¿Tiene otros beneficios?
Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8 % en 2030, respecto de un escenario sin medidas.
Así, el horizonte de descarbonización previsto implica un cambio de modelo socioambiental y energético que afecta a múltiples sectores y que supondrá cambios en la forma en la que los ciudadanos se mueven, generan o consumen la energía.
A juicio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta ley transmite "un mensaje sólido sobre cómo podemos contribuir a la reconstrucción europea", y al mismo tiempo cumple "con España y con los españoles, con la industria y el modelo productivo, pero también con los más jóvenes, que no deben heredar hipotecas que no les pertenecen, sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible".
Las claves de la Ley de Cambio Climático
El anteproyecto contempla medidas de adaptación, económicas, de política ambiental, transición justa... Una legislación transversal compuesta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos que abarca numerosos campos de actividad con múltiples claves. Estas son algunas de las más importantes:
1.- Alineados con Europa. La Ley entronca con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima (Acuerdo de París de 2015) que también "señalará el camino" para la recuperación económica post pandemia.
2.- Reducción de emisiones. Entre los objetivos inmediatos, en apenas 10 años, en 2030 se deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto del año 1990, con la meta de la descarbonización en 2050.
3.- Impulso de las energías limpias y eficiencia energética. Al final de la próxima década, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. La rehabilitación energética de edificios es uno de los ejes de actuación. Para atraer recursos se amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
4.- Movilidad sostenible y adiós a los coches contaminantes. La Ley fija, en consonancia con las políticas europeas, el año 2040 para eliminar del mercado los vehículos que no sean de cero emisiones, prohibiendo su circulación a partir de 2050 (salvo la excepción de los vehículos históricos). Otras medidas son la implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos, impulso de la movilidad sostenible y acciones encaminadas a la reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo.
5.- Ciudades más saludables. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones y, además, se "blinda" su reversibilidad mediante un informe preceptivo del Ministerio y la autoridad autonómica competente y se apoyan iniciativas de impulso de transporte público y del uso de la bicicleta.
6.- Transición justa. La norma asume que esta transformación socioambiental y de modelo creará empleo, pero también tendrá impactos con perdida de puestos de trabajo. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.
7.- Biocombustibles y biogás. Se aprobarán planes específicos para impulsar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.
8.- Adiós a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial. Además se prevé la desinversión del sector público en participaciones o instrumentos financieros de entidades cuya actividad incluya la extracción o procesado de estos productos energéticos.
9.- Adaptación.- La Cuenca Mediterránea es una de las zonas más afectadas por la crisis climática y España verá agudizados sus efectos. La educación y capacitación, el aumento de conocimiento sobre la materia se reforzará y se impulsarán nuevos perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad y frente al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) será el elemento básico para guiar esa adecuación a los impactos transfronterizos.
10.- Presupuesto.- La ley prevé que al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética.
¿Ha habido modificaciones en el Parlamento?
Sí. El proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron 3, junto a otras 16 enmiendas transaccionales. A su paso por la Cámara Alta, las formaciones políticas presentaron 585 enmiendas de las que se han incorporado 5.
Entre las enmiendas aprobadas, se incluye una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen además en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero. Por otro lado, los grupos del Gobierno aceptaron incluir una enmienda acordada con varios grupos -PP, ERC y Cs, entre otros- que pone fecha a la constitución del grupo de expertos para analizar la reforma fiscal, con fiscalidad 'verde' incluida, si bien "irán acompasadas con la situación económica". La Comisión también aceptó que las zonas de bajas emisiones, que deberán ser una realidad en 2023, serán obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes.
Además, se han incorporado enmiendas de Ciudadanos al artículo 20 relativas a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre por el que los plazos no podrán superar lo establecido en la ley de costas vigente, y se suprime que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones. Otra de las incorporaciones recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos, así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.