El Congreso de los Diputados ha dado 'luz verde' este jueves al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, la primera de este tipo en España, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, EH Bildu y Teruel Existe y la abstención del PP y Más País, pero entre críticas generalizadas por la falta de "ambición" y de "negociación" por parte de los partidos que conforman el Gobierno. La norma marca la senda para que España sea un país libre de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050 y supone una hoja de ruta para avanzar en línea con el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.
El texto ha sido aprobado por 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones de los miembros de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene competencia legislativa plena. De esta manera, y tras la incorporación de enmiendas por parte de los grupos, la ley será ahora remitida directamente al Senado para que continúe su trámite parlamentario, sin necesidad de debatirlo en el pleno del Congreso.
En la Cámara Alta cuenta con carácter de tramitación de urgencia, de modo que en este mismo mes de abril España podría contar con su primera ley de cambio climático, seis años después de la firma del Acuerdo del Clima de París.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que la remisión al Senado del proyecto de ley es "una buena noticia" y "un primer paso fundamental para este país sobre el que debemos seguir construyendo". Con este mensaje, enviado a través de su cuenta de Twitter, la ministra ha señalado que España se compromete a que "no haya nuevas exploraciones de hidrocarburos ni de uranio" y a facilitar la transición industrial con compromisos claros en compensación de dióxido de carbono (CO2) a la industria en riesgo de deslocalización.
Una ley que perjudica a muchos sectores, según el PP
Sin embargo, el apoyo a la norma no ha sido ni mucho menos unánime, y todas las formaciones, incluidas las que han dado su voto favorable, han reprochado a los partidos que conforman el Gobierno la falta de "ambición" en su contenido. La diputada de Más País Inés Sabanés ha exigido elevar el objetivo para 2030 de reducción de emisiones de CO2 hasta un 40 %, frente al 23 % pactado. "La ley se sitúa muy lejos de los requerimientos de Naciones Unidas", ha criticado.
Unidas Podemos, que ha tenido que renunciar a sus posiciones de partida, ha mediado para lograr un acuerdo para que los objetivos de la ley se revisen al alza, pero no ahora sino en 2023. "El porcentaje de emisiones se va a quedar corto, pero agradecemos la enmienda que pide una revisión en dos años", ha señalado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, a lo que el representante 'morado' Juan López de Uralde ha contestado: "Es una ley mejor que la que nos llegó del Consejo de Ministros". El diputado socialista Germán Renau, por su parte, ha apuntado que es "una ley muy ambiciosa y perfectamente alineada con los objetivos europeos. "Es un día para la historia", ha aseverado.
Con la visión socialista han discrepado la mayoría de grupos de la oposición. Para Juan Diego Requena, del Partido Popular (PP), se trata de una ley "mala" que "no contenta a nadie y sí perjudica a muchos sectores de la economía española". A su juicio, se ha tramitado en plena pandemia sin tener "ni una sola consideración" de la lucha contra la pandemia, ni tampoco reconoce la singularidad de los territorios no peninsulares. "Es la ley que necesita Teresa Ribera para seguir dando conferencias en Europa sin asumir competencias en España", ha criticado.
El Gobierno impulsa la Ley de Cambio Climático
Por su parte, el líder de Teruel Existe, a pesar de valorar la norma "positivamente en su conjunto", ha reclamado que "la implantación de las energías renovables se haga con un respeto al patrimonio y contribuya al desarrollo económico de los territorios", mientras que la diputada de Ciudadanos (Cs) Mari Carmen Martínez ha señalado que "la industria con esta ley se va a ver muy perjudicada porque no se la ha tenido en cuenta".
Otra de las críticas más repetidas tanto al PSOE como a Unidas Podemos por parte de la oposición ha sido la "falta de diálogo" y de tiempo para negociarla. "El Gobierno no ha sido capaz de buscar un consenso, les ha podido el sectarismo", ha enfatizado Requena. Para el PNV, "es una ley necesaria y urgente", pero se ha convertido en "una ley del Gobierno": "Han dejado muy poco margen para negociar", ha sentenciado. Mientras que, para el diputado de Vox Pedro Requejo, "la coalición socialcomunista ha monopolizado las secciones con la presentación de transaccionales pactadas por ellos mismos". Su formación, de hecho, ha sido la única que ha votado en contra.
Objetivo: descarbonizar la economía de aquí a 2050
La norma contempla con el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 %; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 %; un 74 % de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 %. También establece que para 2050 el 100 % de la electricidad del país se deberá generar con fuentes renovables como la eólica o la solar; prohíbe los nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos en España y veta la técnica de la fractura hidráulica, el fracking.
Además, según recoge el texto, en 2050 todo el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros tiene que estar libre de emisiones de dióxido de carbono y en 2040 todos los vehículos nuevos de este tipo que se vendan, si no están destinados a usos comerciales, no podrán emitir dióxido de carbono.
Entre las enmiendas aprobadas, se incluye una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen además en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero. Por otro lado, los grupos del Gobierno han aceptado incluir una enmienda acordada con varios grupos -PP, ERC y Cs, entre otros- que pone fecha a la constitución del grupo de expertos para analizar la reforma fiscal, con fiscalidad 'verde' incluida, si bien "irán acompasadas con la situación económica". La Comisión también ha aceptado que las zonas de bajas emisiones, que deberán ser una realidad en 2023, serán obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes.
El proyecto de ley superó su primer examen parlamentario el pasado 14 de julio, cuando el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox, y desde entonces se han celebrado cuatro sesiones de la ponencia para negociar el articulado del texto. No obstante, la norma fue planteada hace más de dos años por el equipo de Riberta y es una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.
Fernando Valladares, investigador del CSIC, ha asegurado en los micrófonos de RNE que la ley “se queda corta”, pero al tiempo ha subrayado que es necesario un marco jurídico que "cuanto antes arranque, mejor para todos”. “La Ley de Cambio Climático es mucho mejor que un cambio climático sin ley”, ha admitido.
14 horas - Ley de cambio climático: insuficiente pero necesaria - Escuchar ahora
Organizaciones como SEO/BirdLife o Alianza Mar Blava han celebrado su aprobación, si bien creen necesario introducir mejoras. En concreto, para la segunda, la aprobación de la normativa es una "victoria insuficiente" ya que, a pesar de sus demandas, el Proyecto de Ley permitirá alargar hasta 2042 la vida de los pozos petrolíferos y de gas ya existentes en el mar. Mientras que WWF ha destacado sus mejoras, aunque señala que deben modificarse otros puntos de la norma para "garantizar que los combustibles alternativos se limitan al transporte aéreo y no a otros sectores susceptibles de electrificación".
Por su parte, y a pesar de su posición en la votación, la Xunta de Galicia, que preside el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que va a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de que se aprobase con la redacción actual, y Cs va a movilizar a sus eurodiputados para que pongan en cuestión la norma ante la Comisión Europea por su "inseguridad jurídica" y el "riesgo de cierres en sectores industriales y económicos consolidados".