Los tres años de guerra se enquistan en el territorio ucraniano mientras avanzan a duras penas las negociaciones de paz, la democracia se erosiona bajo el peso del conflicto y las tensiones políticas pasadas. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump ha intentado modificar la retórica occidental que ha prevalecido en los últimos años, provocando que el apoyo que Washington habría brindado incondicionalmente a Kiev, se torne en favor de Moscú. El pasado febrero, el líder republicano catalogó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, como un "dictador sin elecciones". Es el mismo argumento que ha utilizado Rusia para denunciar que el mandatario ucraniano no está legitimado para negociar un acuerdo de paz. La celebración de elecciones es una de las principales exigencias planteadas por el Kremlin como condición para avanzar en cualquier pacto que busque poner fin al conflicto.
En la madrugada del 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaraba la guerra a Ucrania bajo el eufemismo de una "operación militar especial" sobre el país vecino. Como respuesta, Zelenski, elegido presidente en 2019, implantó la ley marcial y desde entonces, con el apoyo del Parlamento, ha ido prorrogándola. En este estado de guerra se otorgaron facultades extraordinarias a las fuerzas armadas y se suspendieron ciertos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de expresión y de reunión. El mandato de Zelenski terminó el mayo pasado, pero sigue en el cargo sin haberse presentado a una reelección porque la Constitución prohíbe explícitamente la celebración de cualquier tipo de elecciones bajo este régimen, tanto presidenciales, como parlamentarias o municipales.
Olha Aivazovska era la principal responsable de supervisar el estado de la democracia en Ucrania antes de la guerra. Ahora, recuerda a RTVE.es que, como indica la legislación, estos comicios "solo pueden organizarse una vez finalizada la ley marcial y, al menos, seis meses después de su conclusión". Asegura que "no es realista" creer que se pueden celebrar unas elecciones en un país atacado día y noche "porque hay muchas cuestiones que deben resolverse mucho antes del proceso electoral".
En 2019, más de 30 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas pero, a día de hoy, muchos no podrían ejercer su derecho al voto. Unos 6,5 millones de ucranianos están refugiadas en el extranjero, 3,5 millones están desplazadas dentro del país y otro millón está desplegado a lo largo de un frente de más de 2.100 kilómetros. Además, las garantías de seguridad en el ámbito tecnológico son prácticamente inexistentes, ya que la infraestructura energética, devastada por los bombardeos, no solo obstaculiza el acceso a sistemas digitales, sino que también haría inviable un proceso electoral transparente.
Tampoco podrían votar aquellos que se encuentren bajo soberanía rusa. Actualmente, Moscú ocupa cerca de una quinta parte de Ucrania. Controla el 75% de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, más del 99% de la región de Lugansk y el total de la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. Rusia afirma que estos territorios forman legalmente parte de sus fronteras y que nunca serán devueltas a Ucrania. Pero hay precedentes porque Ucrania ya celebró elecciones en un país en guerra y parcialmente ocupado en 2019, con el conflicto en el este del país ya iniciado. Las más de cien muertes en Kiev durante las protestas el Maidán (2014) fragmentaron el país, provocando la anexión de Crimea y sublevaciones armadas en las zonas orientales. Con las provincias de Lugansk y Donetsk bajo control ruso, las elecciones se celebraron en el territorio de Ucrania restante. "Esa gente podía acercarse a los colegios electorales que se encontraban bajo el control ucraniano. Tenían que desplazarse para poder votar. Pero ahora es diferente porque todas las regiones de Ucrania están en peligro", recuerda el politólogo ucraniano Viktor Savkiv.
Por razones como estas, el 70% de la población ucraniana está en contra de celebrar elecciones, incluso "si hay un alto el fuego o se establecen ciertas garantías", según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Un criterio que ha aumentado "desde que Washington intenta imponer su solución particular a Ucrania. La gente está realmente indignada porque es una especie de imposición externa sobre nuestra voluntad", considera el politólogo y profesor de la Escuela de Economía de Kiev, Ivan Gomza.
Sin embargo, la Rada Suprema (el parlamento ucraniano) sigue activa aunque de forma completamente diferente a antes de la guerra. El número de sus diputados es inferior al elegido en los últimos comicios. Han pasado de 423 a 401: algunos han muerto en el campo de batalla y otros han sido apartados ante la sospecha de actividades prorrusas. Los temas de debate también han girado hacia el contexto bélico y las decisiones clave, especialmente en defensa y seguridad, se adoptaron por claras mayorías interpartidistas. "Es natural que en tiempos de guerra haya que priorizar la seguridad y la eficacia de las fuerzas armadas frente a otros temas sociales", apunta Aivazovska. Las reuniones parlamentarias han disminuido y se planean casi siempre en el último minuto por razones de seguridad, ya que si suena una alerta antiaérea, es obligatorio suspender los debates e ir a los refugios. "Si Kiev es atacado por un misil y los 400 diputados mueren... Ahí sí que habría un problema constitucional", ironiza Gomza.
Persecución de todo lo "prorruso"
Con un horizonte nublado por la guerra, la imagen de Rusia como gran enemigo de Ucrania se ha ido imponiendo, incluso antes de 2022. En este contexto se han aplicado medidas perjudiciales para la democracia como la prohibición de diferentes partidos políticos considerados "prorrusos", entre ellos, el Partido Socialista. Tras la revolución del Euromaidán, el Gobierno ucraniano anuló las actas de unos treinta diputados del Partido Comunista y, desde entonces, esta formación política fue prohibida como parte de la llamada "descomunización" del país. También han sido objeto de persecución líderes sindicales y periodistas. Más recientemente, el Gobierno ha impuesto sanciones contra el predecesor de Zelenski y líder del principal partido de la oposición, Petro Poroshenko. Se le acusa de haber actuado en contra del "interés nacional", de haber sido miembro del ya desaparecido Partido de las Regiones, vinculado a Rusia, y ministro durante la presidencia de Viktor Yanukóvich, el jefe de Estado destituido en 2014 durante la revolución del Maidán.
Precisamente es este "interés nacional" el que ha prevalecido en los últimos tres años de conflicto. Por ello, "la mayoría de los ucranianos entienden que algunos derechos tienen que limitarse durante este período", argumenta el director del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, Anton Grushetskyi. El segundo día de la guerra, el Gobierno de Zelenski decidió fusionar casi todos los canales de televisión en una única plataforma estatal para garantizar la información continua y contrarrestar la "desinformación rusa". El bautizado como Telemaratón de Noticias Unidas, se ha transformado en un canal controlado por el Gobierno, reduciendo la pluralidad mediática. Apoyada en la ley marcial, la información se ha convertido en una "cuestión de seguridad nacional" mientras la prensa local ha denunciado la falta de voces críticas contra el Gobierno.
En 2019, Zelenski arrasaba en las urnas a pesar de su escasa experiencia política, con la mayor victoria electoral de la historia del país desde su independencia de la Unión Soviética. Lo conseguía al presentarse como un outsider que pretendía acabar con la enquistada corrupción del país. Ganó las elecciones con el 73% de los votos y se hizo cargo de un país que giraba cada vez más hacia Europa Occidental y se intentaba desvincular de la Rusia de Putin. Sin embargo, más de media década después, el mismo presidente se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, como los Papeles de Pandora. "Ha habido ciertos escándalos en el sector de la defensa por casos de corrupción en el suministro de la retaguardia", recuerda Savkiv.
El país sigue ocupando el puesto 122 en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y, aunque ahora todo esto ha quedado eclipsado por la guerra, antes de 2022 la corrupción era el problema número uno para los ucranianos. "La gente que antes protegía, por ejemplo, derechos sociales, ahora se centran en lo militar. Así que muchos voluntarios y ONGs se han centrado en buscar drones para los soldados que luchan en el frente", resalta Gomza.
Una sociedad militarizada
La de Ucrania es una de las democracias más jóvenes de Europa y también una de las más débiles. Según el índice V-Dem, Ucrania ha sufrido un declive pronunciado, y entre sus principales problemas señalan el riesgo de autocracia. Ocupa el puesto 110 de 179; Rusia el 159. El miedo de la guerra ha servido también para reforzar la estructura de poder que opera bajo el estado de guerra, dejando en un segundo plano las garantías democráticas y los derechos civiles.
El desgaste de la democracia de Kiev se debe, en parte, a la militarización del país. Desde el inicio de la guerra, los encargados de aplicar la ley ya no son civiles ni policías, sino el Ejército. Esto ha transformado a muchos gobernadores del país, anteriormente elegidos por sufragio universal, en gobernadores militares. En este contexto, aunque apenas tienen representación en el Parlamento, los grupos de extrema derecha han ido tomando adquiriendo poder, sobre todo en el ámbito militar. Desde 2014, el Estado ucraniano ha proporcionado financiación y armas a las milicias de extrema derecha, entre los que destaca el Batallón Azov o el Sector Derecho. Estas organizaciones neonazis se formaron tras el Euromaidán y sus miembros se convirtieron en unas de las fuerzas más activas en la guerra del Donbás.
"Estos grupos han aumentado ahora porque la actividad política se ha congelado y han aprovechado para agrandar su influencia. Por la guerra, se les ve como personas que luchan por su país y en esta situación, con el aumento del sentimiento patriótico, el movimiento nacionalista de extrema derecha es cada vez más aceptable para la población. Dada la estructura de mando, estas unidades están bien integradas en la estructura militar oficial. La más famosa es la 3.ª Brigada de Asalto de Azov. Su eficacia en combate es bastante reconocida, tanto en Ucrania como en el extranjero. Gracias a esto tratan de reclutar a la gente. Si vienes a Kiev puedes ver algunos anuncios que invitan a unirse a la Tercera Brigada. Atraen a mucha gente y por ello es de esperar que haya una especie de adoctrinamiento también allí", analiza Gomza.
Miedo a una injerencia rusa en unas futuras elecciones
En este contexto el temor a una posible injerencia rusa en futuras elecciones se ha convertido en un argumento recurrente para justificar la ausencia de procesos democráticos. La narrativa oficial sostiene que cualquier intento de restaurar la vida política podría abrir la puerta a la desestabilización interna promovida por Moscú. No sería la primera vez que ocurre desde la caída de la Unión Sovietica, Rusia ha intentado ganar influencia en la región con métodos de desestabilización. En el último año se han documentado casos de injerencia rusa en Rumanía, Moldavia y Georgia.
Ucrania defiende que no va a permitir que le roben su soberania. Grushetskyi valora que "sería muy dificil que Moscú impusiera algún gobierno prorruso". "Las pérdidas humanas son tan grandes que alrededor del 80% de los ucranianos tienen a alguien que murió o resultó herido a causa de la invasión; alguien que está en las fuerzas armadas. Por eso, también la gran mayoría dona dinero, se presenta voluntario, y se siente profunda y emocionalmente conectado a Ucrania", explica. "Más del 90% odian a los rusos. Así que en este caso, sería muy difícil imponer a alguien como Georgescu en Rumania en Ucrania", subraya el estadista.
Así, la Unión Europea, estrecha aliada de Kiev, ha sostenido que una vez acabada la guerra, el contexto ucraniano sigue "siendo propicio para la organización de elecciones democráticas". "Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar evaluaciones de impacto exhaustivas, incluida la supervisión después de la ley marcial. Es necesario que la oposición parlamentaria pueda desempeñar su función", demandan desde Bruselas.
"Estamos en esta situación porque los ciudadanos ucranianos en 2013 salieron a las calles para exigir que nuestro país no se convierta en una autocracia. De que Ucrania se acerque a una democracia occidental y a la Unión Europea. Se enfrentaron a un gobierno de (Víktor) Yanukóvich que tomaba decisiones unilaterales sin contar con la población. Salieron a las calles para exigir que el pueblo sea escuchado. Entonces Rusia trató de impedirlo anexionado Crimea, creando un conflicto en el este de Ucrania", señala Savkiv.
"Y al no poder subyugarla, acaba invadiendola. Ucrania no cede y resiste. Hemos resistido estos tres años por mantener nuestra democracia y tomar nuestras propias decisiones. Estamos en esta situación para tener una democracia y no estamos dispuestos a renunciar ni por la invasión de Putin, ni por las presiones de Trump, ni por diferentes dinámicas de política a nivel interno", sentencia.