En Marbella reside una comunidad rusa formada por más de 2.100 personas, más del doble que en la capital de provincia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). No es de extrañar que por sus calles se repitan los carteles en alfabeto cirílico, en inmobiliarias, supermercados o restaurantes, y sea común escuchar conversaciones en ruso en muchos de sus rincones. Hasta cuatro vuelos semanales evidenciaban la buena salud de las relaciones entre la Costa del Sol y Moscú, pero las sanciones impuestas la pasada semana dejan un escenario de incertidumbre no solo para sus ciudadanos, sino también para sus empresas.
“Los ciudadanos rusos que han decidido emprender un proyecto en España, por ejemplo de belleza y bienestar o centros educativos, no están teniendo problemas porque se constituyen como empresas españolas”, apunta la portavoz de la Cámara de Comercio Hispano Rusa, Anna Sergeeva. El problema está, asegura, con aquellas que se dedican a la importación y exportación de bienes y servicios. “Con las operaciones suspendidas, se enfrentan a mucha indecisión en las próximas semanas”, subraya en una entrevista en el Canal 24 Horas.
¿Cómo les afecta la guerra a los empresarios rusos afincados en España?
Atraídos por las inversiones inmobiliarias o el empleo en el sector servicios, el número de ciudadanos rusos residentes en España se ha multiplicado en los últimos años. Hace dos décadas, apenas unos 5.000 rusos tenían permiso de residencia en nuestro país. Hoy, la cifra asciende hasta los casi 80.000, siendo Cataluña y la Comunidad Valenciana las dos comunidades con mayor número de nacionales rusos censados.
Limitados por las sanciones internacionales
Precisamente las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, como la desconexión del sistema de mensajería financiera SWIFT, impiden a los residentes rusos operar con fondos que provengan de bancos de Rusia. De hecho, a las empresas y los particulares de este país les resulta a partir de ahora mucho más difícil pagar las importaciones y recibir efectivo por las exportaciones, pedir prestado o invertir en el exterior.
“También es habitual que un padre de familia esté trabajando en Rusia, generando beneficios para mantener a su familia en España”, nos cuenta Sergeeva, pero “ahora las familias residentes en España se verán sin liquidez porque no hay posibilidad de entrar dinero desde Rusia a España”, denuncia.
En el aire están también las conocidas como 'golden visa, los permisos de residencia concedidos a ciudadanos rusos por invertir en España. Según han detallado a Efe fuentes de la Oficina de Información Diplomática, entre principios de 2020 y finales del pasado mes de enero se otorgaron 492 permisos de este tipo.
Por el momento, la Unión Europea ha anunciado que limitará la concesión del permiso de residencia permanente a los ciudadanos rusos que mantengan una relación con el Gobierno de Vladímir Putin. Malta, por su parte, ya ha anunciado que suspende la emisión de estos visados para rusos y bielorrusos, y Portugal ha hecho lo propio. España, sin embargo, aún no se ha pronunciado al respecto.
Atraídos por las inversiones inmobiliarias
Estos visados en nuestro país están regulados en una ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que establece los requisitos necesarios para obtener la residencia en España bien como inversores en empresas, en capital o como compradores de vivienda, entre otros. Por ejemplo, para la adquisición de bienes inmuebles, la inversión debe ser de un mínimo de 500.000 euros por cada solicitante.
La portavoz de la Cámara de Comercio Hispano Rusa reconoce que hay rumores que apuntan a que “se va a suspender la visa”, pero de momento es algo “que no se ha producido”. “Estar hablando así en subjuntivo sería precipitarse demasiado, pero sí que es cierto que en apenas una semana todas las negociaciones por parte de los inversores se han suspendido”, detalla.
El mercado inmobiliario ruso es muy residual en el conjunto de España, aunque en Marbella o Alicante tiene más peso. El pasado año se registraron unas 1.500 operaciones de compraventa en nuestro país, aunque fueron los que mayor número de transacciones realizaron por encima de los 500.000 euros, tan solo por detrás de los británicos. Precisamente desde la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia) han pedido "no criminalizar a los ciudadanos rusos”, ya que “la mayoría de ellos no apoyan el conflicto” y van a solicitar que se sigan concediendo y renovando estos permisos.
De momento, en España, el Gobierno ha anunciado que propondrá a la UE y a la OCDE incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales, una medida que los expertos prevén de escasa actividad por los tratados de colaboración fiscal y para compartir información financiera que España tiene ya firmados con Rusia. Una de las principales consecuencias será que, desde el momento que entre en vigor, se aplicará a las compras desde Rusia un gravamen especial del 3 % que la legislación prevé para la compra de propiedades en España desde territorios considerados paraísos fiscales.
Entre la incertidumbre y la inseguridad jurídica
Con todo, muchas empresas españolas han optado por paralizar los acuerdos que mantenían con compañías rusas, quedando a la espera de recibir las cantidades adeudadas, y otras directamente por suspender los contratos. Esto previsiblemente conllevará, aseguran los expertos consultados, un aumento de la morosidad, pues no se van a poder recibir cobros de las ventas realizadas hasta que decaigan las sanciones.
El principal problema al que se enfrentan es la incertidumbre. Según explica la portavoz de la Cámara de Comercio, las principales consultas que reciben desde que estalló la guerra con Ucrania el pasado 24 de febrero “están relacionadas con los pagos: cómo se van a hacer ahora los temas contractuales o si se van a suprimir los contratos que están en marcha de diferentes maneras”.
La marcha de empresas de Rusia tras la invasión de Ucrania resquebraja aún más su economía
El profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y socio de Squire Patton Bogss, José María Viñals, entiende esta posición, pues a su juicio “lo peor que le puede pasar a un inversor es la inseguridad jurídica en cuanto a su inversión”. Principalmente, explica a RTVE.es, “porque si hay una depreciación fuerte del rublo, sube la inflación y los comportamientos sociales en cuanto a los hábitos de compra o de consumo cambian, obviamente esto puede tener un impacto directo en lo que son sus negocios o la retirada de fondos o la desinversión”.
En su opinión, “las empresas tienen que hacer un análisis de riesgos muy exhaustivo para ver si es el momento de cerrar su inversión en Rusia, si vale la pena seguir con el mercado ruso, si les afectan o no nuestras propias sanciones y si les afectan o no las restricciones y sanciones aprobadas por el Kremlin”. “Entonces, con todas esas piezas del puzzle, van a tener que lidiar en un corto plazo de tiempo”, zanja el experto.