El Consejo General del Poder Judicial cumple este domingo 4 de diciembre cuatro años en funciones con un presidente suplente, dos sillas vacías y 18 vocales resignados que, tras el enésimo fracaso de las negociaciones entre PSOE y PP y a las puertas de año electoral, asumen ya que agotarán la legislatura y vaticinan su escenario futuro. "Nos quedan dos años más aquí", aseguran a EFE vocales conservadores y progresistas.
El CGPJ debería haberse renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años de sus 20 vocales, pero desde entonces los dos partidos mayoritarios han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los sucesivos intentos. El último, el pasado mes de octubre, tras la dimisión del entonces presidente del organismo Carlos Lesmes, pero finalmente el PP se descolgó por la propuesta de supresión del delito de sedición impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
Una situación que ha empeorado aun más con la propuesta del Gobierno de designar magistrados del Constitucional a dos ex altos cargos del Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre acusaciones de autoritarismo del PP: "El Gobierno se nombra a sí mismo magistrado".
Por si fuera poco, 2023 está a la vuelta de la esquina y con ello se abre un ciclo electoral que pondrá en marcha la maquinaria local, autonómica y estatal de los partidos. De ahí que agotar la legislatura sea ya una realidad para la inmensa mayoría los vocales, que de esta forma completarán dos legislaturas en el Consejo, una "anomalía democrática" y una "vergüenza institucional inasumible", como aseguran varios vocales.
Incapacidad para cerrar los acuerdos
El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales, que actualmente son 18 porque en este período uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se ha jubilado, y otra, Victoria Cinto, ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Lesmes el pasado 9 de octubre. Y la situación podría empeorar porque el presidente interino del órgano, Rafael Mozo, también se jubilará el próximo año.
En noviembre de 2018, cuando el mandato estaba a punto de caducar, PP y PSOE alcanzaron un acuerdo que situaba al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, en la cúspide del Poder Judicial, a cambio de que hubiera once vocales progresistas y nueve conservadores.
Pero el pacto saltó por los aires al filtrarse un mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento, a quienes trataba de apaciguar ante las críticas internas, asegurando que su partido podría controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de los casos de corrupción.
La llegada del ciclo electoral de 2019 y la posterior pandemia de coronavirus en la primera mitad de 2020 dejó el acuerdo de renovación en un segundo plano, a pesar de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, -ya ejerciendo en funciones- instó en reiteradas ocasiones a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y recordó que la situación suponía una "grave anomalía" que podía contribuir al "descrédito" de la Justicia.
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Nuevos acercamientos
Ya en la segunda mitad de 2020 -y tras un posible acuerdo que no fructificó a causa de la salida de España del rey emérito, Juan Carlos I-, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los 20 vocales y otra para prohibir que un CGPJ caducado pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial.
Ante las críticas de oposición, asociaciones judiciales y, sobre todo, de Bruselas, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó el 24 de marzo de 2021. La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa.
Las conversaciones entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea dieron sus frutos y pactaron las renovaciones pendientes del Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, dejando el CGPJ para más adelante. Pero el PP se negó a aceptar los nombramientos de Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo.
Repuestos de ese revés, el ministro de Justicia por aquella época, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública. Campo habló expresamente de la conveniencia de esperar a que se celebraran las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Pero el 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los nueve condenados por el 'procés' y el proceso de renovación volvió a estancarse.
El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a un debate plenario en el Congreso su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales para que sean elegidos por los propios jueces, una idea que hasta ese momento no se había convertido en condición 'sine qua non' y que el Ejecutivo rechazó.
Feijóo abre una etapa que tampoco fructificó
El cambio en el liderazgo del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo -que se materializó el 2 de abril de 2022-, avivó otra vez una esperanza que finalmente se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía para el 19 de junio. Esta nueva fecha clave se superó también sin resultados.
Entretanto, venció también el mandato de cuatro de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo -algo que finalmente ha hecho-. Ante las dudas legales, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos y poder nominar en 'pack'.
A partir de ahí, PSOE y PP se enrocaron en sus posiciones hasta el punto de que Lesmes amenazó ese 7 de septiembre con dimitir en "semanas" y el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España entre los días 28 y 30 de ese mes para implicarse directamente en la búsqueda de una solución a la crisis del Poder Judicial.
En torno a esa visita, Bolaños y Esteban González Pons retomaron discretamente los contactos para renovar el CGPJ pero la mañana de ese domingo del 9 de octubre dos 'whatsapp', uno de cada negociador, transmitieron a Lesmes que la negociación estaba muerta, por lo que esa misma tarde anunció su dimisión, una renuncia que forzó a socialistas y 'populares' a reanudar las conversaciones.
Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición. Aunque en un principio el PP desligó ambos asuntos, tras una convulsa jornada de declaraciones, los 'populares' anunciaron la tarde del 27 de octubre la ruptura de las conversaciones.
Al menos dos años más
El escenario a futuro implica prolongar este mismo consejo dos años más, por lo que será el primer CGPJ que encadene tres legislaturas. "Nos hemos hecho a la idea de que dos años más, como mínimo, estaremos aquí", señala una vocal.
"Este año electoral que entra seguro pero es que después hay unos trámites, toma de posesión del nuevo Gobierno, composición de las cámaras antes de abrir el melón del Consejo, que nunca es la prioridad para el que aterriza".
Un Consejo que, además, irá quedándose cada vez más escaso de efectivos, ya que su presidente suplente, Rafael Mozo, se jubilará en julio del próximo año, por lo que habrá que buscarle sustituto en un puesto que de lejos dispone del poder que tuvo Lesmes.
Su salida probablemente no será cubierta como tampoco lo fueron las de Lesmes, ni la de Rafael Fernández Valverde ni la de Victoria Cinto. Ello situará al Consejo con tan solo 17 vocales -uno de los cuales deberá ser también presidente suplente- frente a los 20 vocales -presidente aparte- que deben componer orgánicamente el Consejo, que batirá así un récord más ante la imposibilidad de un acuerdo político para su renovación.
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La falta de renovación del CGPJ provoca también una serie de nombramientos pendientes: 18 en el Supremo, 31 en Tribunales Superiores de Justicia, 20 en Audiencias Provinciales y uno en la Audiencia Nacional.
"Vamos a poner el cartel de 'cerrado' en unos meses", advierte un magistrado el Supremo. Como él, varios compañeros consultados por EFE rechazan los parches porque "los parches se agotan".
Sin posibilidad de magistrados suplentes o de llamar a filas a los jubilados, el plan pasa por reforzar el gabinete técnico, para que hagan borradores de sentencias y en vez de una sentencia a la semana, un magistrado ponga tres. "Son medidas paliativas, más no podemos hacer", reconoce un vocal.