Los vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado impulsar las conversaciones con los progresistas para pactar los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces, y van a exigir al Gobierno que les devuelva las competencias para poder hacer los nombramientos pendientes que no son del TC.
Ha sido en una reunión de dos horas celebrada este miércoles por la noche en la sede del CGPJ entre los ocho vocales conservadores, a las que se ha unido Wenceslao Olea.
Fuentes del grupo conservador han informado a RTVE que consideran "imprescindible" reactivar con los progresistas la renovación del Constitucional un mes y medio después de vencer el plazo legal, "habida cuenta de la situación generada por la ruptura de las negociaciones entre los partidos políticos para la renovación del CGPJ".
Por ello, han mostrado su "voluntad" de impulsar las conversaciones para que el Consejo nombre a los dos magistrados para el TC, un aspecto que, no obstante, ya fue acordado en el pleno el pasado 14 de octubre, aunque siguen sin candidatos y sin un calendario establecido para ello
Las fuentes consultadas plantearon entonces la vía para que los nombramientos se aplazasen ante el acuerdo inminente entre PSOE y PP para renovar el Consejo, ya que en el pasado, siempre que hubo un atisbo de acuerdo, el CGPJ paralizó toda designación de cargos.
Recuperar el diálogo con los progresistas
Pero tras la enésima ruptura entre los partidos, los vocales creen que algo ha cambiado y ahora "se considera imprescindible" recuperar los encuentros con los interlocutores progresistas para consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC. Las fuentes reconocen que "la ruptura de esas negociaciones fija un nuevo escenario" y aunque "candidatos aún no hay" sí que manifiestan su "voluntad de nombrar".
"Siempre hemos estado por hacer los nombramientos del TC, pero siguiendo nuestros tiempos", precisan las fuentes de los conservadores, quienes en los próximos días llevarán a cabo los contactos para determinar los posibles candidatos
Esta postura de "voluntad para nombrar" será analizada por los progresistas en una reunión interna de su grupo, que ya tiene sus candidatos finalistas, los magistrados del Tribunal Supremo, Pablo Lucas y José Manuel Bandrés, este último apunta a favorito.
El último encuentro de la comisión negociadora fue el pasado 5 de octubre. Entonces, los contactos encallaron y los interlocutores progresistas decidieron abrirlas al resto de vocales, más allá de los portavoces conservadores. Según Europa Press, el acuerdo estaba prácticamente cerrado cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión.
Pedirán al Gobierno que les deje hacer nombramientos
Al margen del asunto del TC, durante su reunión del miércoles por la noche, los vocales conservadores han acordado también estudiar medidas para paliar la situación de crisis generada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impulsó el Gobierno para impedir que un Consejo en funciones, como el actual, realizara nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
Así, los vocales destacan en su comunicado que es igualmente "imprescindible" que el Gobierno "reconsidere" la oportunidad de mantener la vigencia de la ley que impide al Consejo en funciones realizar nombramientos, "vista la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia", reclamando su "derogación".
A su juicio, tras la ruptura de las negociaciones para la renovación del CGPJ, "se hace urgente adoptar medidas" para devolver las competencias de los nombramientos al Consejo, con la mirada puesta en el Supremo, con 17 vacantes por cubrir, casi el 25% del tribunal.
En base a ello, anuncian que "en los próximos días se formularán las propuestas concretas" a partir de la información que se facilite por el Servicio de Inspección del CGPJ "con el objetivo de, en la medida de lo posible, recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia".
En este sentido, los vocales conservadores insisten en que es "imprescindible" que se derogue la mencionada reforma legal, que quedó aprobada en marzo de 2021, debido a la magnitud de los perjuicios que está ocasionando en el normal funcionamiento de la administración de justicia, por lo que han urgido al Gobierno a reconsiderar esta modificación de la LOPJ.