El transporte de mercancías anuncia nuevas movilizaciones. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías ha convocado unos paros indefinidos y de carácter nacional a partir del próximo 14 de noviembre. Esta plataforma, que ya inició las protestas de marzo, denuncia que no se está cumpliendo la ley que les garantiza que no trabajen a pérdidas y que el Gobierno aprobó en agosto.
El pasado jueves se reunieron con representantes del Ministerio de Transportes, pero la cita terminó sin acuerdo y, por tanto, los convocantes decidieron seguir adelante con los paros.
Pero, ¿está todo el sector a favor? ¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿Hay preocupación por los repartos del Black Friday y la temporada navideña? Desgranamos los motivos por los que esta plataforma minoritaria ha decidido reanudar las movilizaciones.
¿Quién ha convocado los paros?
Lo ha hecho la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, que agrupa a autónomos y pequeños empresarios y es minoritaria dentro del sector. Se constituyó como tal en 2008, con la colaboración entre transportistas gallegos y albaceteños que buscaban agrupar a medianas y pequeñas empresas de transporte y comenzar a defender sus intereses, tal y como explica en su web.
Cabe recordar que no está integrada en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el "órgano de participación integrada del sector", según Moncloa, y el principal contacto con el que el Gobierno ya se reunió y negoció en marzo. Esta asociación sí agrupa a Fenadismer, Feintra y Fedetrans, y es la que dialoga con el Ejecutivo cuando surgen situaciones en las que el sector solicita diversas demandas.
¿Cuándo comienzan?
Los paros han comenzado a partir de las 00:00 horas de este lunes 14 de noviembre. Tendrán, en principio, una duración indefinida y abarcarán todo el territorio español, como han anunciado los convocantes.
Además, las protestas se han iniciado este lunes con una manifestación en la Ronda de Atocha de Madrid, donde el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha señalado que no pretenden que se alarguen tanto como los de marzo porque "las consecuencias son para todos", y mantienen que su intención es continuar con los paros hasta lograr un acuerdo por escrito por parte del Ejecutivo donde se garantice que la nueva ley se cumpla.
¿Qué piden?
Denuncian la "pasividad" del Gobierno y reclaman que se cumpla la ley de costes y la ley de carga y descarga aprobada por el Ejecutivo en agosto y que recoge, entre otras cosas, la prohibición de contratar sus servicios por debajo de sus costes y que, por tanto, los transportistas no trabajen a pérdidas.
También incluye ayudas directas al sector, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, la limitación a una hora de los tiempos de espera en zonas de carga y descarga y el refuerzo de las inspecciones.
Sin embargo, la plataforma asegura que la Administración no ha vigilado que todos estos compromisos se cumplan y, por ello, piden un acuerdo firmado que especifique en qué plazo se van a materializar. Hasta entonces, han indicado que el inicio de los paros se mantiene.
¿Cuál es la postura del Gobierno?
El Gobierno ha negado los paros porque defiende que la situación actual no es la misma que la de hace ocho meses y que, con la normativa aprobada, la situación de los transportistas ha mejorado. Este lunes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado a TVE que el seguimiento es "minoritario" y "los transportistas están trabajando".
En esta línea, ha reiterado el compromiso de su ministerio con las reivindicaciones de la plataforma convocantes, pero ha defendido que el Ejecutivo se está asegurando de que los compromisos adoptados hace meses se están cumpliendo. También ha recordado que se está garantizando que no se interrumpa la cadena de suministro en puertos y puntos de distribución. "Estamos trabajando para estar del lado de los transportistas", ha señalado.
Raquel Sánchez llama a los transportistas a "no sumarse a un paro que no contribuye a nada"
El pasado jueves, la ministra de Transportes ya matizó que "esto no es una huelga, es un paro patronal" y que una de las prioridades del Gobierno será garantizar la actividad de los transportistas que deseen trabajar. "Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario", defendió el mismo día en el que se convocaron los nuevos paros.
Además, desde Transportes aseguran que, hasta ahora, no han recibido ninguna denuncia formal sobre precios que no cubran los costes, sino 88 denuncias anónimas con información insuficiente para poner sanciones. A pesar de ello, explica que se han realizado algunas inspecciones con los indicios apuntados y, por otro lado, hay 300 expedientes en tramitación por morosidad en el pago.
En esta línea, Sánchez ha recordado la importancia de que los transportistas denuncien las irregularidades para garantizar el cumplimiento de la norma. Además de mostrarse dialogante para mejorar la normativa vigente, fuentes de su ministerio han adelantado que en noviembre presentarán un nuevo Plan de Inspección para 2023.
Por ello, el Ejecutivo pide "responsabilidad" a los convocantes, ya que las movilizaciones se producen en un mal momento, coincidiendo con los repartos del Black Friday y la próxima campaña navideña. El sector calcula que se podrían perder hasta 600 millones de euros diarios si el paro es masivo.
24 horas - Raquel Sánchez, ministra de Transportes: "Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario" - Escuchar ahora
La mayoría de los transportistas, en contra de los paros
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que ya mostró su negativa el pasado lunes, ha reiterado que no va a secundar el paro y añade que la plataforma convocante basa sus negociaciones en una coacción "que le permita ejercer respecto de las empresas y profesionales que, mayoritariamente, desean trabajar".
Ha recordado el valor de su acuerdo con el Ejecutivo, que incluye prohibición de la participación del conductor en las labores de carga y descarga, la indexación del precio del combustible; la reducción de tiempos de espera; o la prohibición de trabajar por debajo de costes.
A la negativa se suman las patronales CEOE, Cepyme y ATA, que se han opuesto de forma conjunta y defienden que esto "solo agravará la difícil situación económica".
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que sí llegó a sumarse a los paros de marzo, esta vez no los secunda. Esta federación, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos del transporte, defiende en un comunicado que, teniendo en cuenta la ley aprobada por el Gobierno, los paros no están justificados.
Las asociaciones que integran la Coordinadora de Organizaciones del Transporte (COT) de Cataluña ha acordado por unanimidad no secundar el paro y "no justifican" llevar a cabo esta "medida de presión límite". Tampoco apoya las movilizaciones la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística, cuyo presidente aseguró el pasado miércoles que "no es responsable hacer un paro en este momento, ni para las empresas ni por la sociedad, y tampoco teniendo en cuenta cómo está la situación actual del país".
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), también rechaza los paros y ha pedido al Gobierno que actúe "con contundencia" para evitar incidentes violentos que ya se denunciaron en marzo, como pinchazos en las ruedas de algunos camiones. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) tampoco apoyan las protestas.
En conjunto, todas piden al Ejecutivo que garantice la seguridad y libre circulación de los transportistas que quieran continuar con su actividad, algo que la ministra ha señalado que es su prioridad.
Temor en el sector de cereales y piensos
La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) advirtió la semana pasada en un comunicado que los paros podrían poner en peligro el abastecimiento de materia prima para piensos de las granjas, lo que empeoraría aún más la situación del sector del cereal y fabricación de piensos, ya muy marcados por la inflación.
En esta línea, las asociaciones agrarias COAG y UPTA también han reclamado medidas para evitar que afecten a la cadena alimentaria, como ya sucedió en marzo.
¿Cuál es la relación con los paros de marzo?
Cabe recodar que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías también convocó los paros en marzo, cuando protestaban por la subida del precio de los carburantes, que disparaba sus costes y hacía que su trabajo fuera "inasumible".
Entonces, los paros también recibieron el apoyo de Fenadismer (que, por entonces, pedía más concreción en las medidas del Gobierno), ATA y el sindicato vasco de transportistas autónomos Hiru, en un contexto donde se produjeron problemas en la cadena de suministros nacional del sector lácteo y alimentos frescos como carne, fruta y pescado.
No obstante, después de que el Ejecutivo lograra un acuerdo con el CNTC, los paros se fueron diluyendo, ya que algunas de las plataformas que se sumaron a las protestas entendieron que las peticiones se vieron satisfechas, algo que los convocantes, sin embargo, no compartían.
Finalmente, las movilizaciones duraron 20 días y el acuerdo se sostuvo en aplicar la normativa pactada entre el Gobierno y la CNTC, con medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y la ley de costes que garantiza que los costes de los transportistas sean inferiores a sus ingresos.