La Plataforma en Defensa del Transporte ha anunciado unos paros indefinidos del sector en España a partir del próximo lunes, 14 de noviembre.
Esta agrupación, que abarca a autónomos y pequeñas empresas del sector, pide al Gobierno que cumpla con la ley de cadena de transporte, que garantiza que los transportistas no trabajen a pérdidas, una norma con la que el Ejecutivo se comprometió el pasado mes de marzo y que finalmente aprobó en agosto.
No obstante, la plataforma denuncia la "pasividad" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que no ha vigilado que se cumpla una normativa que recoge, entre otras cosas, que los cargadores fijen un precio justo y suficiente para que a los transportistas les resulte rentable su trabajo.
"Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más", ha criticado Manuel Hernández, presidente de la plataforma.
Cabe recordar que esta plataforma fue la que convocó el pasado 14 de marzo unas movilizaciones a nivel nacional en las que denunciaban que con la subida de los carburantes su trabajo era "insostenible" y suponía el riesgo de "quiebra" de muchas empresas. Estos paros terminaron con un acuerdo en el que el Ejecutivo se comprometió a sacar adelante la ley que, según la plataforma, no se está cumpliendo y, por ello, ha motivado la reanudación de las protestas.
Piden a la Administración que controle que se cumple la ley pactada
En un contexto donde el precio de los carburantes sigue siendo elevado, la plataforma convocante pide al Gobierno que trabaje para garantizar que se cumplan los compromisos pactados en marzo con el comité nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que no está adherida la convocante.
Entre ellos, asegurar que el precio del transporte sea igual o superior al coste que asume el propio transportista, y garantizar que el precio por el servicio del transporte es, como mínimo, igual o superior al precio del combustible. A esto se suman ayudas directas al sector de 450 millones de euros.
De hecho, el 2 de agosto, el Gobierno aprobó estas peticiones en un decreto ley donde fijó la obligatoriedad que los contratos firmados con los transportistas se hagan por escrito y reflejen un precio igual o superior a los costes asumidos por el propio transportista.
Hernández ha criticado que el Gobierno, sin embargo, no ha controlado que estas medidas se cumplan y ha calificado la situación actual de una "tomadura de pelo". Según ha indicado, hay autónomos que no pueden afrontar unos sobrecostes del 30% y la situación actual ha provocado el cierre de 250 empresas cada mes.
Denuncian que las empresas cargadoras incumplen la norma
El portavoz de la plataforma también ha explicado que han denunciado "a seis grandes operadores de transporte", pero que después de un mes y medio desconocen si se les ha abierto algún expediente.
Según sus datos, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma porque sus precios están lejos de cubrir los costes reales de un camión. En este escenario, denuncian que el Ministerio de Transporte no está llevando a cabo las debidas actuaciones para comprobar y sancionar en cada caso estas irregularidades.
Por tanto, debido a esta situación, esta plataforma pretende "dar una respuesta veraz en la calle", que los transportistas puedan trabajar "a unos precios que permitan hacer a sus empresas viables". Para ello, propone hacer "todos los cambios necesarios" a la ley vigente que, según defienden, "ahora se demuestra que no se cumple", y que se copie la iniciativa francesa.
La plataforma ha indicado que si hasta la fecha convocada la Administración no demuestra que quiere colaborar y hacer cumplir le pacto firmado, cesarán su actividad.