Termina sin acuerdo la reunión de este jueves entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y miembros de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.
"El paro del próximo lunes continúa", ha señalado a TVE su presidente, Manuel Hernández, a la salida del encuentro. Ambas partes se han citado en la mañana de este jueves con el objetivo de buscar una solución para evitar que se produzcan las movilizaciones convocadas a partir del próximo 14 de noviembre.
"Necesitamos que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación del real decreto", ha señalado. Entre sus demandas, piden que el Gobierno garantice que se cumpla la ley aprobada en agosto que prohíbe que trabajen a pérdidas y, por otra parte, también reclaman que se refuercen las inspecciones.
En definitiva, piden un acuerdo firmado donde se especifiquen en qué plazo se van a cumplir los compromisos adoptados y que, según ha remarcado, "no se están realizando".
Así, ha indicado que quedan a la espera de un documento con unos compromisos "serios y firmados" y que cumplan las exigencias para evitar así que se inicien los paros el próximo lunes. Esta plataforma, que representa a autónomos y pequeñas empresas del transporte, denuncia la "pasividad" del Gobierno a la hora de controlar que se cumplan la normativa aprobada en agosto.
Hasta ahora, las movilizaciones no cuentan con el apoyo del resto de grandes patronales del sector, como el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano donde no está integrada la asociación convocante, pero que pactó en marzo con el Gobierno la normativa vigente.
Además, el resto de asociaciones considera que la ley aprobada favorece las condiciones laborales de los transportistas y, por tanto, no justifica los paros.
El Gobierno promete un nuevo plan de inspección
En la cita de este jueves, el ministerio ha puesto en valor la normativa aprobada hace tres meses, destacando la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y las ayudas directas al sector de 900 millones de euros, en las que se encuenra una partida de 2.500 euros por camión, o 1.000 en el caso de furgonetas.
Además, ha recordado los mecanismos de inspección aprobados y ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará un plan de inspección para 2023 que pretende controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, morosidad y carga y descarga. En todo caso, han vuelto a recordar que los transportistas tienen los medios y el deber de denunciar las infracciones que les afecten durante su actividad.
Por todo ello, desde el ministerio han pedido de nuevo a los convocantes que recapaciten y desconvoquen un paro que creen que "no beneficia a nadie", ni dentro ni fuera del sector.
Garantizar la actividad de los transportistas, la prioridad del Gobierno
Este jueves, antes de finalizar la reunión entre ambas partes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que su prioridad de cara al paro de transportistas es garantizar el derecho al trabajo de los profesionales que no secunden la protesta y que no se interrumpa la cadena de suministros, como ya sucedió en marzo.
"Lo importante es asegurarnos que a partir del día 14 hay un funcionamiento pleno de los transportes, que hay continuidad en la cadena de suministros", ha subrayado este jueves la ministra en una comparecencia en Palma de Mallorca.
24 horas - Raquel Sánchez, ministra de Transportes: "Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario" - Escuchar ahora
Ha expresado su disposición a "hablar con todo el mundo", pero ha remarcado que "esto no es una huelga, es un paro patronal", de modo que no puede haber piquetes, ha señalado.
Al igual que ha defendido en los últimos días, Sánchez asegura que el Gobierno ha cumplido con las reivindicaciones del sector, pero tampoco ha negado que haya otros problemas para los que, ha indicado, están dispuestos a intentar solucionar. En esta línea, ya pidió a los transportistas que denunciaran las irregularidades por parte de los cargadores para que el órgano de inspección pueda sancionarlas.
Sin denuncias formales sobre precios que no cubren los costes
Por otro lado, fuentes del Ministerio han señalado que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal sobre precios que no cubren los costes, aunque sí 88 denuncias anónimas que se están depurando, si bien no dan "información suficiente" para iniciar inspecciones. "Cualquier afectado podría poner una denuncia y se puede poner más de una denuncia por vehículo y por empresa", recuerdan.
Sí que están más avanzadas las inspecciones relativas a supuestos de morosidad en el pago, cuyo régimen sancionador se aprobó en 2021 y ya hay unos 300 expedientes tramitándose.
"Perseguir este tipo de actuaciones será una prioridad del Plan de Inspección 2023 que se presentará a finales del mes de noviembre", añadne las fuentes.