La Fiscalía y la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se han reunido este lunes para armonizar posturas ante los recursos de las comunidades por las medidas contra el coronavirusdespués del fin del estado de alarma. Al encuentro han asistido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, junto con el fiscal delegado de esta sección del Alto Tribunal, Pedro Crespo, y los fiscales especialistas en este campo.
El objetivo de la reunión ha sido armonizar posturas de cara al primero de los recursos que se esperan, el del Gobierno de Canarias. En dicha comunidad, el TSJ ha tumbado el toque de queda y el cierre perimetral en aquellas islas con más incidencia de la enfermedad. A raíz del decreto promulgado por el Gobierno la semana pasada, será la Sala Tercera del Supremo quien revise la adecuación a la ley de las nuevas medidas contra el coronavirus, y la encargada de resolver los recursos presentados por las autonomías si los TSJ fallan en su contra.
El próximo martes se volverán a reunir ambas partes, además de los fiscales superiores de las autonomías para "para analizar los escenarios en las diferentes Comunidades Autónomas y en el Tribunal Supremo", según ha informado la Fiscalía.
El Gobierno abre la puerta a un cambio en la legislación
Según han señalado fuentes fiscales a Europa Press, "armonizar" no quiere decir que cada recurso no deba estudiarse caso por caso, en función de su contenido y de los derechos fundamentales afectados en cada territorio. Se trata de estudiar el escenario de recursos que puedan producirse a partir de este momento, con el fin de fijar criterios comunes.
Este mismo lunes el Gobierno ha abierto la puerta a que se puedan "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan fijar restricciones frente al después del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo si "se desprende la necesidad" de hacerlo, tras las resoluciones del Tribunal Supremo.
En una tribuna publicada en El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avanzado que el Ejecutivo podría realizar modificaciones legales que serían propuestas en las Cortes, tal y como le había pedido en las últimas semanas el PP, que reclamaba un 'plan b' jurídico para cuando acabara el estado de alarma.
No participa el presidente de la Sala Tercera
Por lo que se refiere a la Sección Cuarta de lo Contencioso del Supremo, en principio se barajó la posibilidad de que a sus deliberaciones se incorporara el nuevo presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, nombrado el pasado mes de noviembre, si bien esta posibilidad, que causaba cierto descontento entre algunos magistrados, ha sido descartada ahora por el propio presidente.
La razón de este resquemor se encuentra en el hecho de que, desde su nombramiento, Tolosa no haya reunido aún a todos los magistrados esta Sala para plantearles su plan de trabajo tras haber accedido a la presidencia. A ello se unen unas recientes declaraciones que Tolosa realizó a un medio de comunicación manifestando la existencia de un "déficit" legislativo en materia sanitaria, y apuntando que los jueces no están "para gobernar"; así como la filtración de un informe interno encargado por este que señalaba ciertas deficiencias técnicas en el decreto del Gobierno de Sánchez.
En todo caso, y dado que el Gobierno de Canarias ha solicitado este mismo lunes una aclaración a su Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el auto que tumbó las medidas, en el Supremo no esperan poder pronunciarse sobre este asunto, en el caso de que termine por recurrirse, hasta la semana que viene.
Fuentes de esta Sala han señalado a Europa Press que la respuesta dependerá mucho del planteamiento concreto del recurso, y que estarán muy atentos a la postura de la Fiscalía y los criterios jurídicos que esta ponga sobre la mesa en sus alegaciones.
Dudas en el auto de Canarias
La aclaración del TSJ de Canarias se ha solicitado porque, en opinión del Gobierno de las islas, el auto no se expresa de manera explícita en cuanto a si se pueden mantener o no las medidas del Gobierno de Canarias mientras se pronuncia el Supremo, que tiene cinco días a partir de que se recurra.
Se trata de la primera comunidad que, por el momento, ha planteado utilizar el recién creado recurso de casación ante el alto tribunal. En el País Vasco los jueces también tumbaron las medidas, si bien su Gobierno descartó la presentación del recurso.
En otros territorios, como Baleares y la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores han respaldado las restricciones de derechos impuestas por los gobiernos autonómicos, mientras que se está a la espera de conocer el dictamen de los jueces navarros.