A pocos días de que se extinga el estado de alarma contra el coronavirus, el Gobierno ha establecido por decreto que el Tribunal Supremo será la instancia judicial que tendrá la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia, al permitir que los gobiernos autonómicos puedan presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal si algún Tribunal Superior de Justicia tumba, como ya ocurriera el pasado año, alguna de las medidas sanitarias que se aprueben.
Así lo ha anunciado, tras la reunión este martes del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, quien ha defendido que este cambio jurisdiccional, incluido en un paquete de medidas para afrontar el final del estado de alarma, permitirá "seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales" con una adecuada garantía judicial.
La modificación legal, que entrará en vigor cuando el decaiga el estado de alarma, esto es, a las 00:00 horas del 10 de mayo, pretende aplacar las dudas expresadas por algunas regiones sobre su capacidad para imponer medidas contra la pandemia, como cierres perimetrales o toques de queda, sin la cobertura legal del estado de alarma y, al mismo tiempo, evitar decisiones contradictorias entre distintos tribunales, después de que el verano pasado algunos tribunales permitieran medidas como confinamientos perimetrales al tiempo que se negaban en otras autonomías.
En este sentido, Calvo ha destacado que la actuación del Tribunal Supremo servirá para "unificar doctrina, tranquilizar a los ejecutivos autonómicos y poder seguir actuando incluso limitando derechos fundamentales y libertades públicas" para contener la COVID-19, ya que, tal como ha recordado en varias ocasiones, "salimos del estado de alarma, pero no salimos desgracidamente de la lucha contra la pandemia".
Decisiones que unifiquen doctrina en cinco días
La vicepresidenta primera ha detallado que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de ley, las Comunidades Autónomas podrán presentar recurso de casación, un procedimiento extraordinario reservado para revisar sentencias judiciales, ante la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo "para que en tiempo récord dicte la última palabra" en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben alguna medida restrictiva, de forma que "nos ofrezca seguridad juridica e igualdad en la capacidad de proteger a todos".
El Alto Tribunal dispondrá de cinco días hábiles para adoptar una resolución, cuando el plazo habitual para decidir sobre un recurso de casación suele rondar los cinco meses. "Hemos de estar tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas para seguir luchando contra la pandemia", ha recalcado la vicepresidenta primera. Pese a todo, Calvo ha instado a no prejuzgar las decisiones que, llegado el caso, pueda adoptar la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por lo que ha deslizado que las comunidades autónomas deben extremar la solvencia jurídica de las restricciones: "Cada medida que se tome, requerirá fundamentación suficiente", ha advertido.
El fin del estado de alarma vislumbra un horizonte judicial sobre las medidas para contener la pandemia
Calvo ha recordado que, "salvo alguna excepción", los tribunales de justicia avalaron la mayor parte de la medidas urgentes que se adoptaron el año pasado, en el período en que no estuvo vigente el estado de alarma. Ahora, se busca reducir al mínimo esas excepciones: "Hemos modificado [la ley] para que todas las comunidades autónomas puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos y, si hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos",
En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que las decisiones que el Tribunal Supremo llegue adoptar sentarán jurisprudencia: "Si la Sala Tercera se pronuncia, cierra el asunto definitivamente".