El estado de alarma se ha declarado solo en tres ocasiones en nuestro país y, desde este viernes, por primera vez se ha impuesto en una única Comunidad Autónoma. El acto entre banderas de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, en el que prometieron cooperar frente al coronavirus pese a sus diferencias, fue el punto de inflexión tras meses de discrepancias sobre la gestión de la pandemia, pero a la postre, fue también el pistoletazo de salida a tres semanas de 'guerra' política que ha desembocado en una situación inédita: la declaración del estado de alarma en Madrid, de forma unilateral y sin consenso con el Ejecutivo regional, por parte del Gobierno.
Los planes del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid han transcurrido de forma paralela desde que pactaron colaborar en una lucha "epidemiológica, no ideológica", en aquel encuentro en la Puerta del Sol, el pasado 21 de septiembre. Mientras el Ejecutivo madrileño marcaba una estrategia de confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud -sin llegar a tocar el centro de la capital-, Sanidad reclamaba medidas más amplias: había que actuar en Madrid, junto a las ciudades más grandes de la región, para contener la elevada transmisión del virus.
Falta de concordia en el Grupo COVID-19
Con una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 contagios por cada 100.000 habitantes en varias ciudades, la Comunidad de Madrid se enfrentaba al riesgo de hospitales cada vez más ocupados, a una ciudadanía indignada por lo que entendían como un confinamiento "segregador" y "discriminatorio" con los barrios periféricos y a la preocupación por el porvenir de la hostelería y el comercio.
Aunque los ministros no se pronunciaban de forma clara sobre una "toma de control" efectiva en Madrid, las vías para hacerlo estaban sobre la mesa en Moncloa y continuaban los desencuentros en el Grupo COVID-19. Su portavoz, Emilio Bouza, dimitió apenas 48 horas después de ser nombrado, al ser testigo de la falta de "voluntad de concordia política" que le habían prometido.
"Ya vamos tarde", repetía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y recordaba que la Unión Europea alertaba de incidencias superiores a los 60 casos por cada 100.000 habitantes.
Illa: "En Madrid no está tomado el control de la pandemia"
El enfrentamiento llegó al Consejo Interterritorial
Por ello, el ministro insistía en su propuesta de aplicar medidas más duras en aquellas zonas que superaran una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes, en contraposición al cierre de 45 zonas básicas de salud, que el Gobierno de Madrid justificaba por la necesidad de no paralizar toda la economía de la región. Ante el plan de Sanidad, el Ejecutivo de Ayuso decía en privado que aceptaría siempre y cuando el acuerdo se aplicara en todo el territorio nacional.
Aferrándose a ello, y tras apuntalar conjuntamente los criterios atendiendo también a la saturación de los hospitales y la tasa de positividad de las pruebas realizadas, Illa elevó el planteamiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Era el último día de septiembre y el voto a favor de 13 Comunidades Autónomas permitió sacar adelante una resolución ministerial de obligado cumplimiento.
La Comunidad de Madrid, junto a las otras regiones gobernadas por el Partido Popular salvo Castilla y León, votaron en contra, despejando los visos de acuerdo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, salió a asegurar que el texto "no era jurídicamente válido" porque incumplía el reglamento del CISNS.
El conflicto se traslada a los tribunales
Al Ejecutivo madrileño no le quedó más remedio que acatar la orden, pero la recurrió en la Audiencia Nacional, una estrategia que ahondó las grietas entre los socios de Gobierno. El vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se había desmarcado públicamente de la vía judicial de Ayuso y pedía más diálogo con el Ministerio. También dimitió el consejero naranja de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, que ya había tenido desencuentros con Escudero por la gestión de las residencias durante los primeros meses de pandemia.
Las medidas del Ministerio de Sanidad estuvieron en vigor en Madrid y otros nueve municipios apenas seis días. Pese a las medidas cautelares presentadas por el Gobierno popular -y las cautelarísimas de Vox-, fue finalmente el Tribunal Superior de Justicia el que tumbó este jueves las restricciones de movilidad al considerar que afectaban a derechos fundamentales y no se sustentaban en el marco jurídico adecuado.
Mientras volvía a reinar la confusión entre los ciudadanos, que no sabían qué podían hacer y qué no, Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno pactar con urgencia medidas "sensatas y justas". La presidenta llamaba a los madrileños a no salir de la ciudad durante el puente del día de la Hispanidad.
El TSJM tumba las restricciones impuestas por Sanidad en Madrid
El ultimátum de Sánchez
Pero en las últimas horas de la noche del jueves, a su vuelta de Argelia, el presidente Sánchez planteó a Ayuso un ultimátum: o aceptaba sus medidas -bien al amparo de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública o solicitando el estado de alarma- o sería el Gobierno quien lo aprobaría en un Consejo de Ministros extraordinario convocado este viernes. La presidenta tenía hasta el mediodía para responder.
24 horas - Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario para primera hora del viernes - Escuchar ahora
La última propuesta del Gobierno autonómico, presentada este viernes, implicaba de nuevo una ampliación de las zonas básicas de salud, pero Ayuso llamó a Sánchez a las 12.25, cuando la reunión de los ministros ya había comenzado. Dos horas después, Illa anunció que el estado de alarma se había declarado finalmente durante 15 días para "dar cobertura a las medidas" aprobadas el 30 de septiembre por su Ministerio.
"Ayuso ha decidido no hacer nada y la paciencia tiene un límite", sentenció el ministro de Sanidad, en la rueda de prensa para anunciar la decisión, que ha entrado en vigor desde la misma tarde del viernes al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se sienten víctimas de un "chantaje" por parte Sánchez y consideran el estado de alarma un "atropello constitucional" y un "ataque" a los madrileños. Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la comparecencia del presidente en el Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que lograr acuerdos si quiere prorrogar las medidas.