Casi cinco millones de madrileños viven su primer sábado con restricciones de movimiento, después de una semana de caos e incertidumbre por el pulso entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid en medio de la pandemia de coronavirus.
La imagen de la cooperación entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso el 21 de septiembre, que dio fruto al llamado Grupo COVID-19 para la coordinación entre administraciones, tardó poco en quebrarse. El Ministerio de Sanidad y la consejería del ramo han mostrado, día tras díanecesarias para frenar el avance de la epidemia en la región.
Mientras el departamento del consejero Enrique Ruiz Escudero decretaba limitaciones y un cierre perimetral en solo 45 zonas básicas de salud -que no afectaban al centro-, el ministro Salvador Illa contraprogramaba la rueda de prensa para pedir que se extendieran las restricciones a toda la capital y otras 9 grandes ciudades.
Vecinos indignados y confundidos
La posibilidad de una intervención directa por parte del Gobierno central sembraba la incertidumbre, y el hecho de que muchos trabajadores de los barrios confinados pudieran desplazarse a otras áreas para trabajar llenaba de indignación a muchos vecinos. Ante la disyuntiva de confinar o no la ciudad de Madrid, algo tenían claro: la clase política no ha demostrado estar “a la altura” en un momento crítico.
“He perdido ya un trabajo y ahora he tenido que coger dos empleos como camarera a la vez. Estoy sin dormir”, contaba María a RTVE.es, temerosa de volver a perder el empleo con las restricciones. Otros, como Alejandro, que trabaja en una pequeña frutería ubicada en la calle Embajadores, lo veían distinto y pedía: "Que cierren todo Madrid".
Sanidad ha impuesto las medidas con el rechazo frontal del Gobierno regional, que acata y, a la vez, recurre las medidas ante la Audiencia Nacional. Las dudas de millones de madrileños no se han acabado, incluso, con las medidas ya en vigor, a la espera de una resolución judicial que tumbe o apruebe el proceso.
Un enfrentamiento político por unos criterios técnicos
El pacto no ha llegado a existir esta semana en la Puerta del Sol, ni siquiera cuando se anunciaba un "principio de acuerdo" en torno a los criterios técnicos para establecer las medidas.
Este miércoles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llevaba al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud unas disposiciones que, según dijeron, se habían acordado con la Comunidad de Madrid para aquellos municipios de toda España con más de 100.000 habitantes con alta incidencia del virus y mayor presión hospitalaria. Por el momento, solo la región de la capital estaría afectada.
El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs) aplaudía el avance, que el entorno de Díaz Ayuso (PP) negaba: se habían emplazado a seguir negociando. En esa línea, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusaba al Gobierno de improvisación y le exigía "criterios científicos" para doblegar la curva en Madrid.
Pero la aprobación de unos criterios homogéneos para toda España en el Consejo Interterritorial ha ahondado en el enfrentamiento. Con el voto a favor de 13 Comunidades Autónomas y el rechazo de las presididas por el PP, a excepción de Castilla y León, Illa anunciaba una decisión "colegiada".
Poco después, el consejero Ruiz Escudero salía ante los medios para denunciar que el acuerdo no se había alcanzado por "consenso" como apunta el reglamento.
Un desenlace en los tribunales y una grieta en el Gobierno autonómico
La huida hacia delante de Sanidad, con las medidas plasmadas como resolución de obligado cumplimiento en el Boletín Oficial del Estado, se ha encontrado de nuevo con la oposición del Ejecutivo madrileño ante la Audiencia Nacional, pidiendo suspender las restricciones por la "invasión de competencias" y el "daño económico".
La vía judicial de los populares no ha sido del gusto de su socio de Gobierno. Tanto Ignacio Aguado como el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, han expresado su deseo de continuar el diálogo entre administraciones.
Aguado se desmarca de la vía judicial de Ayuso: "Prefiero sentarme en una mesa a hablar"
El consejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (también de Cs), ha ido un paso más allá al desmarcarse y ha presentado este viernes su dimisión por carta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien desea "suerte y acierto".
En su escrito de renuncia, Reyero, que ha sido el responsable de la gestión en residencias, también ha apelado a la "unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus".