Desde el estallido de la guerra en Ucrania hace ya dos meses y medio, la sospecha de que tanto Moscú como Kiev podrían utilizar armamento prohibido ha sobrevolado el conflicto. Las acusaciones han sido mutuas y tanto los observadores internacionales como las organizaciones que trabajan sobre el terreno vigilan con especial atención dos tipos de ataque: las bombas de racimo y las armas químicas.
Mientras en la comunidad internacional existe un amplio consenso para erradicar el uso de armas químicas, son menos los países que han desterrado el uso de municiones de racimo. Estas son algunas de las claves que explican por qué, pese al rechazo de la comunidad internacional, los países con los ejércitos más poderosos del mundo siguen empleando armas prohibidas.
Posible crimen de guerra en un bombardeo en Járkov
El 28 de febrero, un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Járkov mató a un niño y a otras tres personas que recogían agua e hirió a otros 16 civiles. Este bombardeo fue documentado en multitud de vídeos y Amnistía Internacional ya ha realizado un primer informe que denuncia un posible crimen de guerra.
Entre las pruebas recabadas, destaca una fotografía verificada por Bellingcat, un colectivo de investigación que rastrea la red en busca de evidencias de estos ataque. La imagen apunta a que el ataque incluyó al menos un cohete de racimo fabricado en Rusia en 2019. La fecha, explica Amnistía en un hilo en Twitter, indica que la bomba se manufacturó después de que Rusia dejara de vender estas armas a Ucrania.
"Las leyes de la guerra no previenen la guerra, sino que la permiten delimitando cómo debe hacerse y cómo no", explica la profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ottawa, Nisha Saha. La muerte en el contexto bélico se da por hecha, detalla en un artículo académico publicado en The Conversation.
Si estos ataques, o los bombardeos del 1 y 2 de marzo documentados en Bordyanka, suponen un crimen de guerra es algo "fácil de probar", explica a DatosRTVE el profesor de Política Internacional del King’s College de Londres, Jonathan Leader Maynard. "Todas las evidencias que demuestren crímenes de guerra de manera directa -como asesinatos selectivos o violaciones de civiles- serán relevantes", apunta el académico, que recuerda que este tipo de eventos solo requieren pruebas individuales que los ubiquen fuera de los límites de las Convenciones de Ginebra y del Derecho Humanitario Internacional.
Bombas que no distinguen entre militares y civiles
Una bomba de racimo es un tipo de munición que puede lanzarse desde el aire o desde tierra, caracterizada porque en su interior contiene entre decenas y miles de explosivos más pequeños diseñados para dispersarse y explotar con efecto retardado. Son capaces de cubrir grandes áreas de terreno, pero actúan de forma indiscriminada. Muchos países las consideran ilegales porque violan las protecciones de los espacios civiles consagradas en las Convenciones de Ginebra.
Una misma bomba de racimo puede incorporar submuniciones de distinto tipo: desde bombas incendiarias, con fósforo blanco o napalm, a explosivos de fragmentación antipersona, pensados para atacar a las tropas enemigas. También existen municiones antitanque, para destruir vehículos militares; antieléctricas, cuyo objetivo son los sistemas de suministro eléctrico; u otras diseñadas para lanzar propaganda, ataques químicos o para minar territorios desde el aire.
El uso de estas armas está comprendido dentro del marco de la ley internacional humanitaria, pero no fue regulado de manera específica hasta 2008, cuando se firmó un convenio específico.
Para el experto en armas de Amnistía Internacional, Alberto Estévez, es necesario redoblar esfuerzos para incorporar a estos acuerdos a las grandes potencias militares ausentes. Este debate "ha pasado a un segundo término en la agenda de las autoridades y de los gobiernos, pero no para la sociedad civil, que sigue manteniendo la presión", afirma en conversación con DatosRTVE.
Destaca el caso de Estados Unidos, continúa Estévez, donde existen presiones internas para que Joe Biden se adhiera a este acuerdo tras décadas de incapacidad o inacción. No obstante, Washington argumenta que sigue utilizando bombas de racimo por "necesidades militares", que van desde conflictos bélicos abiertos hasta la amenaza de países como Corea del Norte
Armas químicas: una amenaza invisible
Kiev acusó a Moscú de lanzar un supuesto ataque químico sobre Mariúpol, en el sureste de Ucrania, el pasado 11 de abril. Aunque, por el momento no existen pruebas de que esto ocurriera, algunos expertos creen que el Kremlin sigue teniendo armas químicas pese a haber firmado en contra de su uso. La sospecha sobre Rusia se hace permanente tras al menos dos acusaciones de intento de asesinato por motivos políticos con un arma química en los últimos años.
Guerra en Ucrania: Tropas ucranianas denuncian que los rusos han usado armas químicas en Mariúpol - Ver ahora
En 2018, se culpó al Gobierno de Vladímir Putin de intentar envenenar al antiguo espía Sergei Skripal, mientras que Alexei Navalny sobrevivió a un ataque similar en 2020. Tal y como apunta un artículo del profesor y miembro del Programa de Estudios de No Proliferación y Terrorismo del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, Jeffrey William Knopf, en ambos casos se usó Novichock, una sustancia desarrollada por la URSS en la recta final de la Guerra Fría, que Moscú nunca ha admitido poseer.
La amenaza de las armas químicas es un fantasma presente en todas las guerras que parece estar bajo control desde los años 90 del siglo pasado. Aunque se prohibieron por primera vez en el Protocolo de Ginebra de 1925, después de que casi todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial las emplearan, no fueron catalogadas como armas de destrucción masiva hasta 1946.
Sin embargo, el ataque de Halabja de 1988 durante la guerra entre Irán e Irak dejó claro que la proscripción internacional no había tenido éxito. Así, en 1992 se impulsó la creación de la Convención sobre el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas, que entró en vigor en 1997 con un amplio consenso internacional y que hasta ahora ha sido firmada por 194 países.
Según este documento, el uso de los efectos farmacológicos de cualquier sustancia química para lograr objetivos militares hace que este compuesto sea un arma química. Cada país es responsable de la destrucción de su propio arsenal y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) se encarga de vigilar su cumplimiento. Hasta ahora se ha eliminado el 99% de todo el arsenal químico declarado, incluyendo todas las armas de este tipo que estaban en posesión de Rusia.
¿Qué tipos de armas químicas existen?
La OPAQ categoriza las armas químicas en cuatro grupos, según los daños que causan en el organismo. El primero es el de los agentes pulmonares, capaces de limitar la respiración. El segundo lo forman las sustancias vesicantes que causando heridas, ampollas o ceguera. Los agentes sanguíneos forman el tercer grupo y el cuarto es el de los gases nerviosos, que hacen que el sujeto pierda el control de sus funciones corporales.
Cómo juzgar un ataque con armas prohibidas
Tanto si el ataque se realiza con una bomba de racimo como si se emplean armas químicas, para organizaciones como Amnistía Internacional es fundamental que el ojo de la comunidad internacional esté sobre el conflicto. "Más allá de las denuncias que hace la sociedad civil, [lo importante] es el trabajo que pueden hacer las organizaciones propias de los instrumentos internacionales", explica el experto en armas Alberto Estévez, que reclama más recursos y voluntad política de los estados que forman parte de los tratados internacionales.
En este sentido, Estévez pone como ejemplo las investigaciones llevadas a cabo por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en la guerra de Siria. Este organismo internacional comenzó a trabajar en el país después de que ratificase la convención sobre este tipo de armamento y su labor ha servido para profundizar en algunas de las 349 denuncias que ha recopilado el Global Public Policy Institute (GPPi) de Berlín entre 2019 y 2019.
En la guerra de Ucrania, Alberto Estévez considera que la posibilidad de que se juzguen posibles crímenes dependerá en gran medida de la voluntad de los estados para poner recursos y acortar plazos. También de la de los propios afectados.
"En el caso de Rusia, tendría que cambiar las cosas dentro del país y tendría que haber un gobierno que permitiese las investigaciones en el medio plazo", explica Estévez. En cuanto a Ucrania, el experto de Amnistía Internacional recuerda que el hecho de que permitiera investigaciones internacionales en 2015 mantiene hoy la puerta abierta a la observación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) aunque el país no forme parte de ella.
Sea por esta vía o por otra, que los culpables sean juzgados depende de la colaboración de los estados con el tribunal, coincide Jonathan Leader Maynard. Pero Rusia tendría que entregar a Putin para que se celebrase un juicio de alto nivel. Y eso, reflexiona el profesor del King’s College de Londres, es "muy poco probable".
Un juicio contra Putin por crímenes de guerra solo sería imaginable para los expertos si el presidente ruso fuera depuesto, pero, incluso si esto pasara, dudan de que un nuevo gobierno se atreviese a llevar al expresidente ante la justicia internacional. "Como mucho se haría un juicio interno", lamenta Leader Maynard, que, por otra parte, recuerda que la ley obliga tanto a Rusia como a Ucrania a juzgar a sus soldados y oficiales si existen pruebas creíbles de crímenes de guerra.
Alberto Estévez señala que la creación de un tribunal específico para esta guerra también está sobre la mesa, pero cree que la investigación podría llevar años. Mientras llega ese momento, Amnistía Internacional reclama que haya una determinación contra estos crímenes por parte de la comunidad internacional. "Si no hay una amenaza de hacer rendir cuentas a los responsables, los perpetradores de estos crímenes van a seguir campando a sus anchas", sentencia Estévez.
¿Cuánto tarda en investigarse un crimen de guerra?
Tras su análisis, el IIT corrobora la existencia de armas químicas en este periodo de la guerra de Siria, pero se declara incapaz de reconstruir la cadena de mando que ordenó este ataque. Sin responsabilizar a ninguna de las facciones que participaban en el conflicto, la OPAQ señala que la investigación indica que el uso del cloro como arma se delegó en rangos inferiores, lo que no exime de responsabilidad a sus superiores.