La guerra de Ucrania ha supuesto un problema "sobrevenido" y añadido a las dificultades que el sector agrario ya arrastraba. Junto al problema estructural de la sequía, miles de agricultores y ganaderos ahora tienen que enfrentarse también a la subida de los precios de la energía y suministros, lo que les ha llevado a convocar protestas para defender unos precios justos para el mundo rural.
Ucrania y Rusia, considerados los graneros de Europa, generan el 19% de la cebada, el 14% del trigo y el 5% del maíz. Además, hasta ahora, España importaba más del 60% del aceite de girasol de Ucrania. Unas importaciones que ahora no serán posibles con el conflicto y que han obligado a muchos países a buscar alternativas para evitar el desabastecimiento.
En este escenario, los agricultores y ganaderos, que ya habían convocado movilizaciones en enero, se manifiestan en las calles pidiendo medidas de protección al Gobierno y a Europa. Entre ellas, garantizar que se cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria, flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), acabar con la especulación del resto de agentes dentro de la cadena de valor y compensar el aumento del precio de gasoil y los piensos tras el conflicto en Ucrania.
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Además, su situación ha empeorado con la huelga de transportistas desde el lunes. En provincias como Lugo, algunos ganaderos han tenido que tirar la leche que almacenaban por no poder enviarla a los supermercados. En Navarra, los paros no han detenido la producción, pero sí han acelerado la subida de siete céntimos por litro de leche para los granjeros.
A pesar de la atmósfera inflacionista, la industria alimentaria descarta que por ahora haya desabastecimiento, pero recuerda que es necesario proteger a un sector "que dio la talla durante la pandemia". Por ello, piden al Gobierno un plan de choque para ayudar a las empresas a sobrellevar esta situación.
"Es necesario intervenir en el mercado de la energía"
Los materiales que rodean a la actividad agraria se están disparando: cereales, piensos, fertilizantes y plásticos. No obstante, los profesionales hacen hincapié en que su verdadero problema está en pagar los altos precios de la energía y el gasóleo, ahora insostenibles para poder mantener su producción.
El precio del gasoil agrícola se ha duplicado y los agricultores han pasado de pagar 0,70 euros de media por litro en 2021 a más de 1,50 euros, según señala a RTVE.es Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultura y Ganadería (COAG). Lo mismo ocurre con la luz y los fertilizantes.
Para Padilla, hay una solución directa: "Es necesario intervenir en el mercado de la energía", ya sea a nivel nacional o europeo, para frenar al mismo tiempo la especulación "de quienes se están enriqueciendo" aprovechando la incertidumbre del conflicto. Se refiere a las empresas del mercado eléctrico y, también, a las de la cadena de suministro.
Esta demanda la comparte Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). "Pedimos al Gobierno que controle la especulación", explica a RTVE.es, porque "hay almacenistas que están ganando mucho dinero" potenciando la volatilidad de los precios este año. Esto ha generado que el precio de un kilo de maíz, cebada y trigo se haya duplicado, y de ello solamente se han beneficiado estas empresas, no los agricultores, asegura Ramos.
Desinformación y especulación, los dos principales problemas
El descontento de los agricultores y ganaderos se remonta al segundo semestre de 2021, cuando se empezaron a disparar los costes de producción. Con la guerra de Ucrania, esta situación se ha intensificado y sus efectos se notan en ambos lados de la balanza.
Por un lado, "se ha detenido la importación desde Ucrania de aceite, trigo y maíz, materiales imprescindibles para los piensos de alimentación animal", asegura Padilla. De forma paralela, también se ha paralizado la importación de fertilizantes de Rusia, exportador del 25% de este producto a nivel mundial. En este difícil contexto, se recurre a mercados como Argentina para proveerse de recursos básicos y evitar parar la cadena alimentaria.
Sin embargo, destaca que la raíz del problema está en la falta de información de las reservas disponibles en España y la posterior especulación sobre los precios de las materias primas. "Es evidente que en la guerra merma la cantidad de materiales, pero no sabemos si hay más o menos, hay bastante desinformación", de modo que "sería fundamental saber qué se tiene, esto quitaría incertidumbre a la situación", explica.
Partiendo de ahí, asegura que "las empresas que manejan estos materiales están haciendo una tarea de especulación importante". Reconoce que los productos suelen encarecerse durante los conflictos, pero en este caso los comerciantes que tienen las materias primas están fomentando una volatilidad de precios "impresionante". En este contexto, "hay muchísima preocupación en la alimentación ganadera" de la cabaña de porcino y demás especies.
Que no se les pague menos de lo que les cuesta producir
Ramos explica que es crucial que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria para que a ningún agricultor se le pague menos de lo que le cuesta producir, algo que actualmente se está vulnerando en el sector lácteo. En esta línea, defiende que tiene que haber una compensación ante la guerra de Ucrania: "Si hay un incremento de los costes, a nosotros nos tienen que pagar más por producir". Si esto se cumpliera, asegura, gran parte del problema actual se resolvería.
Por otro lado, critica la falta de responsabilidad de las empresas de distribución. Cuenta que "no deben jugar" con las ofertas de los bricks de leche y botellas de aceite como medidas de reclamo para atraer clientes porque esa táctica "banaliza los productos" y perjudica a agricultores y ganaderos.
Así, explica que los consumidores deben saber que los precios de estos alimentos "probablemente van a subir". Si al ganadero le cuesta 40 céntimos producir un litro de leche, el cliente no puede comprarla en el supermercado a 50 o 60 céntimos, teniendo en cuenta los costes de transporte y distribución. Según explica, tendría que valer finalmente 80, 90 céntimos o un euro.
Como productor de frutas, Ramos asegura que le han pagado 35 céntimos por cada kilo vendido en 2021, mientras que luego en los supermercados se ha vendido por encima de los dos euros, es decir, seis veces más. Esto es lo que denuncia. Por ello, explica que hace falta más transparencia en la cadena de valor, sobre todo en productos frescos, donde hay empresas que se enriquecen "sin siquiera ver el producto" y es en ese proceso donde el precio "se hincha".
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No ven peligro de desabastecimiento a corto plazo
Pero, a pesar de que los profesionales se "ahogan" en estos costes, siguen produciendo. Por ello, Padilla asegura que "a corto plazo no ve peligro de desabastecimiento", ya sea en alimentación animal o en la humana. No obstante, destaca la gran incertidumbre que supone la guerra y "no sabe lo que puede ocurrir a medio plazo", es decir, de cara a seis meses o un año.
Ramos, por su parte, también confirma que la mayoría de los pedidos pactados con Ucrania y Rusia están ya en España. Sin embargo, advierte que si no se toman medidas, la industria podría parar su producción, "dejar de sembrar", y este sería el peor de los escenarios.
En este tablero adverso, Padilla pide que se flexibilice la PAC para poder utilizar las tierras cultivables que tienen en barbecho, previa autorización por parte de Europa. En España, su extensión se traduce en tres millones de hectáreas que, según explica, "no son de regadío ni de la mejor calidad", pero supondrían una ayuda para impulsar el autoabastecimiento y reducir la dependencia del exterior.
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Medidas contra la sequía: beneficiosas, pero insuficientes
El pasado martes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó un Decreto Ley para paliar los daños producidos por la sequía en el mundo rural a través de ayudas al empleo y la fiscalidad. Una medida con el fin de "recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas" ofreciendo avales, rebajas fiscales y una fijación del precio del agua desalada para 2022. El sector considera que en la situación actual "cualquier medida es beneficiosa", pero resulta insuficiente.
Desde la UPA, Padilla valora positivamente la norma, con los préstamos y las rebajas del 20% del IRPF que incluye, pero matiza que "se queda corta". De este modo, cree que debería haber medidas "mucho más contundentes" como intervenir en el mercado de la energía y frenar la especulación.
Además, explica que es necesario un plan de choque "más amplio" con partidas presupuestarias que ayuden al sector a sobrellevar el incremento de costes tras la guerra en Ucrania, que se suma a dificultades arrastradas como los daños de la sequía y los bajos precios que ya soportaban los productores.
Guiada por este espíritu, la industria se ha manifestado en múltiples provincias para pedir al Gobierno un impulso mayor en un momento clave, ya que, como asegura Padilla, "en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales".
La sequía: un problema estructural que afecta a ambas industrias
La sequía ha sido uno de los principales problemas para los agricultores y ganaderos españoles. El pasado enero fue el mes más seco de este siglo y febrero ya continuó su tendencia. Esto es lo que procupa a numerosos agricultores de Andalucía, donde el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana (Badajoz), Miguel Leal, explicaba que 58.000 hectáreas ibas a quedarse sin regar, con las pérdidas económicas que ello conlleva.
Sin embargo, no es una situación que solo afecte al sur del país. En el norte de España, los cultivos de secano, como el cereal de invierno, no han visto el agua desde 2021. José Fernando Luna, agricultor de cereal en Huesca, admite que es una situación insostenible y, si no llueve, "va a ser irreversible la pérdida de cereal que va a haber este año".
De este modo, la sequía es un problema que afecta a todo el país. En la actualidad, los embalses nacionales están al 44,1% de su capacidad, 16 puntos por debajo de la media de los últimos diez años. No obstante, la falta de agua se nota, sobre todo, en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, donde la situación de emergencia y alerta.
Además, no solo afecta a la agricultura, sino también a la ganadería y la economía de todo el sector primario. Sin agua, no hay pastos, de modo que hay que comprar el alimento de los animales y, así, crecen más los costes de producción. En este escenario, miles de agricultores y ganaderos reciben admiten que las ayudas al campo aprobadas el pasado martes en un Decreto Ley son beneficiosas, pero insuficientes.
Por ello, reclaman más esfuerzos para apoyar a un sector que no solo es primario por pura clasificación económica, sino por ser también fundamental para la población.