La subida desorbitada que el precio de la electricidad y del gas ha experimentado en los últimos meses ya ha repercutido en la cesta de la compra, con productos básicos como el aceite que se han encarecido un 20 %; en la renta de los alquileres, que se enfrentan a incrementos mensuales de 27 euros de media; y ahora amenaza con hundir los escasos márgenes de beneficios de la industria, ya tocada por el golpe asestado por la pandemia.
Siguiendo la estela de Reino Unido, varias fábricas españolas han decidido reducir su producción en las horas más caras del día e incluso programar paradas temporales de su actividad. Esta circunstancia podría provocar, a su vez, la marcha de muchas empresas a otros países donde los costes de producción sean menores y la destrucción de puestos de trabajo en los próximos meses, alertan los sindicatos y las asociaciones empresariales.
Esta misma semana, la compañía Sidenor anunciaba un parón de 20 días hasta final de año, una decisión que se suma a la de otras empresas que previamente decidieron reducir su producción de una u otra forma con el fin de ahorrar costes, como Fertiberia o Ferroatlántica. La última en tomar medidas ha sido la siderúrgica ArcelorMittal, que ha anunciado este viernes que realizará paros intermitentes en varias de sus plantas en Europa, los cuales podrían afectar a dos de sus fábricas en el País Vasco.
La decisión responde al encarecimiento de la electricidad y al aumento generalizado del gasto energético, que suponen una losa cada vez más pesada para los márgenes de los negocios industriales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la electricidad se ha encarecido en casi un 40 % en lo que va de año, los carburantes un 20 %, el gas un 8,6 % y los combustibles líquidos un 32,1 %, materias primas imprescindibles para la labor diaria de estas empresas.
Los precios de las materias primas llevan aumentando de forma ininterrumpida desde comienzos de año, impulsados por el repunte del gas y de los derechos de emisión de CO2, y las empresas cuentan con poco margen de maniobra para hacer frente a esta perturbación tras el paso de la COVID-19. A pesar de que las ventas industriales se recuperaron con fuerza desde el verano de 2020 y han recuperado casi niveles previos a la pandemia, el sector tiene dificultades para absorber los nuevos costes y tampoco puede repercutirlos en sus clientes. La única alternativa es, por tanto, el cierre de la planta o el parón transitorio de la actividad.
Las empresas cierran o recortan producción para ahorrar luz
Sin ir más lejos, la factura eléctrica de Sidenor se ha triplicado en el último año, pasando de 60 a 260 euros el megavatio hora (MWh), lo que ha incrementado los costes de la empresa en un 25 %. Dicho impacto en los costes "provoca pérdidas y hace imposible mantener el ritmo actual de producción", señaló la empresa en un comunicado este lunes, por lo que se ha visto obligada a parar la producción en su planta de Basauri durante un periodo de 20 días desde este lunes y hasta el 31 de diciembre, el 30 % de las jornadas productivas.
También la compañía de fertilizantes Fertiberia decidió tomar medidas “ante la subida extraordinaria del gas natural”: parará desde octubre la producción de su planta de amoniaco en Palos de la Frontera, en Huelva. Prevén que la detención dure entre uno y dos meses, con el fin de retomar la actividad cuando los precios del gas hayan amainado. “La empresa nos propone anticipar la parada anual del año que viene, hacer estos trabajos de mantenimiento o estas inversiones que tenían programadas para 2022 y luego evaluar los costes estructurales de la planta, entre ellos, el de gas”, asegura a RNE el delegado sindical de Comisiones (CC.OO.), Alejandro González.
14 horas - La subida de la luz lleva a cierres temporales en la industria - Escuchar ahora
Otras fábricas, por su parte, han optado por reducir su actividad durante las horas centrales del día, cuando la luz es más cara. Es el caso de la empresa del sector metalúrgico Ferroatlántica, con sede en Cantabria, que parará uno de los cuatro hornos de la planta de Boo de Guarnizo varias horas al día para frenar el incremento que la factura eléctrica viene experimentando desde primavera.
Lo cierto es que el aumento de los costes golpea especialmente a las empresas electrointensivas (siderúrgicas, metalúrgica no férrica, químicas, de gases industriales, fabricantes de electrodos…) y las gasintensivas, como las azulejeras. Desde el sector electrointensivo calculan que pagará 1.500 millones más que sus competidores europeos, mientras que la patronal del azulejo estima que su factura energética se encarecerá unos 300 millones por este repunte.
Riesgo de deslocalización y destrucción de empleo
Estas subidas se traducen en aumentos en los costes de producción, transporte y distribución de las empresas y, al mismo tiempo, hace que sean menos competitivas. Una desventaja que, según alertan desde la patronal siderúrgica madrileña (AECIM), puede despertar la idea de trasladar empresas hacia países donde los precios de la energía sean más baratos y la normativa, más laxa. “Estamos compitiendo con factorías de la misma empresa que están en otros países con unos precios de la energía más bajos”, lamenta a RTVE.es su presidente, Luis Collado.
Las diferencias son notables respecto a los países de nuestro entorno: la gran industria española pagó en septiembre la energía más cara de Europa (102,55 euros por megavatio/hora), más del doble de lo que paga Francia (43,83 euros), y Alemania (69,19 euros), apunta UGT. “Serán estas plantas las que se van a llevar la mayoría de proyectos, generando riqueza, mientras que la empresa española, penalizada por unos costes de la energía mucho mayores, se va a ver abocada a perderlos todos”, añade. ¿Y esto qué significa?, nos preguntamos. “Inmediatamente pérdidas de puestos de trabajo, de generación de riqueza y debilitamiento de los centros de producción en España”, advierte Collado.
El sector industrial supone el 15 % del PIB español y da empleo a 2,66 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre del año. Solo las empresas electrointensivas mantienen 100.000 puestos de trabajo directos y unos 200.000 indirectos, para las cuales la energía supone hasta el 50 % de los costes de producción.
"La competitividad de las empresas electrointensivas españolas se está viendo lastrada día a día por este diferencial con el resto de países de nuestro entorno, mientas las perspectivas del mercado para el próximo año auguran una media de 140 euros/MWh", lamentan desde el sindicato, que han afirmado que esta industria atraviesa un "momento crítico", con serias dudas sobre su viabilidad futura. En la misma línea, Collado destaca que serán medianas y las pequeñas empresas (pymes), que conforman el 97 % del tejido productivo español, las más afectadas.
Las medidas del Gobierno son “insuficientes” para el sector
El cierre de compañías y los parones en la actividad coinciden con la ronda de reuniones que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene con los principales directivos de las compañías eléctricas y asociaciones empresariales. Unas reuniones para conocer la opinión del sector sobre las medidas consensuadas para rebajar la factura de la luz un 22 %, aprobadas por el Congreso este jueves, y que incluyen recortes a los beneficios extraordinarios de estas compañías por la subida del gas de hasta 2.600 millones de euros.
La propia Ribera anunció ante el Pleno de la Cámara Baja su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales". También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles su voluntad de "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" con el fin de no perjudicar a la industria.
Esto se une a las compensaciones que el Gobierno aprobó en junio para ayudar a la industria electrointensiva a hacer frente a los sobrecostes por las emisiones de CO2 y al plan para recortar, hasta marzo de 2022, una parte de “los beneficios extraordinarios sobrevenidos” de las centrales que no emiten CO2, además de las rebajas fiscales.
Sin embargo, desde el sector apuntan que es “insuficiente”. La Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía (AEGE) asegura que el encarecimiento de la energía está "poniendo en jaque su supervivencia", por lo que reclama al Gobierno que adopte ya medidas en el corto plazo para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, como garantizar el cumplimiento de los contratos bilaterales con las eléctricas firmados a precio fijo. Asimismo, pide una exención del 80 % de los peajes de transporte eléctrico, "como disfrutan alemanes y franceses desde hace tiempo" o garantizar la máxima compensación del CO2 indirecto.
En este sentido, desde AECIM solicitan que “en ningún caso las medidas sean intervencionistas”, sino “ayudas directas para compensar esta situación” que recuerda “es transitoria”, pero que “está perjudicando la situación energética española a todas las empresas españolas.