La Comisión Europea ha aplazado para una reflexión a medio plazo las medidas que ha propuesto España para paliar la subida de la luz, como la compra conjunta de gas para crear reservas estratégicas, al tiempo que insta a dar "prioridad" a actuaciones ya previstas que pueden tener un impacto "inmediato" como ayudas a consumidores y empresas.
La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha presentado el documento que Bruselas prometió a las capitales para hacer frente a la situación actual, en la que los precios mayoristas de la electricidad se han disparado un 200 % en el último año, mientras que los del mercado minorista han aumentado un 9 %.
El análisis considera que el escenario actual es temporal y la causa principal con los precios del gas. Estos, añade el texto, "seguirán siendo altos durante los meses de invierno y caerán en primavera, cuando se espera que la situación se estabilice" aunque todavía por encima de la media de los últimos años.
Bruselas plantea dos grupos de medidas: uno a corto plazo, que engloba todas estas medidas posibles en el marco vigente; y otro medio plazo, donde se incluyen ideas a explorar de cara al futuro y no para responder de manera específica al incremento actual de los precios.
Explorar los beneficios de la compra conjunta de gas
Dentro de este segundo grupo, la Comisión afirma que "explorará los posibles beneficios de compras conjuntas" de gas con el objetivo de "crear reservas estratégicas", en línea con la sugerencia de España. En cualquier caso, estas operaciones serían "voluntarias" y en consonancia con las reglas comunitarias de competencia
También estudiará la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro para "garantizar un funcionamiento más efectivo de los almacenes de gas" del bloque y "apoyará el desarrollo de una reserva energética para el futuro como una herramienta clave de flexibilidad", pensada para baterías o hidrógeno, por ejemplo.
Otra demanda de España era la reforma del mercado mayorista de electricidad. El documento de Bruselas reconoce que algunos países han denunciado "si este modelo es todavía es adecuado", pero añade que "es improbable que otros modelos alternativos tengan mejores resultados".
El documento refiere estas medidas a medio plazo:
- Aumentar las inversiones en energías renovables, renovaciones y eficiencia energética y acelerar las subastas de energías renovables y los procesos de obtención de permisos.
- Desarrollar la capacidad de almacenamiento de energía para respaldar la participación de las renovables en evolución, incluidas las baterías y el hidrógeno.
- Pedir a los reguladores europeos de la energía (ACER) que estudien los beneficios e inconvenientes del diseño del mercado eléctrico existente y propongan recomendaciones a la Comisión.
- Considerar la posibilidad de revisar la regulación de la seguridad del suministro para garantizar un mejor uso y funcionamiento del almacenamiento de gas en Europa.Explorar los beneficios potenciales de la compra de gas conjunta y voluntaria por parte de los Estados miembros.
- Crear nuevos grupos regionales transfronterizos de riesgo del gas para analizar los riesgos y asesorar a los socios sobre el diseño de sus planes nacionales de acción preventiva y de emergencia.
- Impulsar el papel de los consumidores en el mercado de la energía, empoderándolos para elegir y cambiar de proveedor, generar su propia electricidad y unirse a las comunidades energéticas.
- Adoptar un libro de reglas para la ciberseguridad de la electricidad.
- Proponer, para diciembre de 2021, una Recomendación del Consejo que proporcione más orientación a los Estados miembros sobre la mejor manera de abordar los aspectos sociales y laborales de la transición verde.
Ayudas de emergencia
A pesar de esta consideración, la Comisión encargará a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) una evaluación sobre los "beneficios e inconvenientes" del diseño actual del mercado mayorista de la luz para "asegurar que sigue sirviendo a las necesidades" de los europeos.
El hecho de que todas estas posibilidades sean contempladas como medidas para el futuro rebaja las expectativas generadas por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando pareció recoger las peticiones de reformas de mayor calado.
Dentro del marco legal, se pueden dar "ayudas de emergencia" a consumidores pobres a través de vales o el pago de parte de sus facturas de electricidad. Los Estados miembros también pueden autorizar aplazamientos para el pago de facturas de la luz, decretar reducciones temporales de impuestos para hogares vulnerables y dirigir ayudas a empresas o sectores, aunque en línea con las normas sobre competencia.
En detalle, las medidas inmediatas son las siguientes:
- Proporcionar ayuda a los ingresos de emergencia para los consumidores con escasez de energía, por ejemplo, mediante vales o pagos parciales de facturas, que pueden financiarse con los ingresos del RCDE UE.
- Autorizar aplazamientos temporales de pagos de facturas.
- Implementar salvaguardas para evitar desconexiones de la red.
- Proporcionar reducciones temporales y específicas en las tasas impositivas para los hogares vulnerables.
- Proporcionar ayuda a empresas o industrias, de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales.
- Mejorar la gestión global de la energía para garantizar la transparencia, liquidez y flexibilidad de los mercados internacionales.
- Investigar posibles comportamientos anticompetitivos en el mercado de la energía y pedir a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que mejore aún más el seguimiento de la evolución del mercado del carbono.
- Facilitar un acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable y apoyarlos mediante medidas complementarias.
Vigilancia de los derechos de emisiones de CO2
Por otro lado, Bruselas ha avanzado que investigará "posibles comportamientos anticompetitivos" en el mercado energético. En particular, pedirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) que analice el funcionamiento del mercado europeo de derechos de emisión de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés).
Dentro de este sistema, los créditos que las plantas industriales compran para poder emitir CO2 funcionan como activos financieros y la carta enviada por España pedía también a la CE que vigilara posibles casos de especulación que hayan provocado un aumento en su precio.
España, Francia y Grecia han sido los socios del bloque que con más contundencia reclamaban medidas a la UE para responder al alza de los precios energéticos, a los que se sumaron después República Checa, Rumanía o Polonia.
El Ejecutivo francés exigía actuar para reducir la vinculación entre el precio del gas y la factura eléctrica, al tiempo que Grecia proponía crear un fondo de compensación para la transición que usara los ingresos por CO2 y se activara en situaciones excepcionales.
Finalmente, ha prevalecido la opinión de otros socios como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Finlandia que preferían medidas a corto plazo y rechazaban reformar a fondo el sistema eléctrico vigente.