El Pleno del Congreso ha dado 'luz verde' este jueves al plan de choque del Gobierno que abarata el recibo de la luz un 22 % hasta final de año y recorta los beneficios de las eléctricas, gracias a los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y los partidos que facilitaron la investidura, así como la abstención del PNV, que ha cambiado el sentido del voto después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se haya abierto a "completar" este plan "en las próximas semanas" con "medidas adicionales" que garanticen, entre otros, precios razonables para los consumidores industriales.
El texto, que ha sido aprobado por 182 votos a favor, 150 en contra y 13 abstenciones, tiene un carácter temporal, ya que estará en vigor hasta el próximo 31 de marzo. El decreto se tramitará por el procedimiento de urgencia, como quería el Gobierno para acelerar los plazos. El Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido a los grupos en su negociación plantear cambios en otros proyectos, ya que se trata de medidas temporales y ya hay tramitándose reformas en el sistema eléctrico en la Cámara.
La abstención del PNV ha sido determinante para su aprobación. Los nacionalistas vascos han justificado su postura reconociendo que el decreto tiene medidas positivas y que "puede ser razonable" detraer beneficios a las eléctricas, pero a la vez han advertido de que "puede producir el efecto contrario a lo que se pretende" al trasladarse a la industria los costes, como se ha demostrado en Sidenor, que ha anunciado que paralizará su producción. "Esto es para hoy y hambre para mañana", ha señalado la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, pidiendo que se module la normativa para que la industria no sea la que pague esta medida, "porque unidos a la crisis de suministros la vamos a acabar de rematar".
Los grupos de la izquierda de la Cámara, por su parte, se han posicionado todos a favor, tras venir reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión. A su juicio, se trata de un decreto de "mínimos" y han advertido de que no quieren cambios en el mismo para beneficiar a las eléctricas.
Para el PP, que ha votado en contra junto con Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, este decreto "es el paradigma de la política de Sánchez". "Es un triángulo equilátero con tres puntas: la primera la soberbia, a nadie escucha, con nadie habla, aunque perjudique gravemente a los más vulnerables y a la industria", ha puntualizado el diputado 'popular' Guillermo Mariscal. Mientras que Vox ha criticado en que el Gobierno "obtiene más beneficios que las eléctricas con sus impuestos", que a su juicio podrían eliminar. "El sadismo fiscal de ustedes es superlativo", ha dicho José María Figaredo.
El recorte a los beneficios por el CO2 no emitido continúa su tramitación
Asimismo, este jueves ha continuado su tramitación parlamentaria otra de las reformas del Ejecutivo que también afecta a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. En este caso, el generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en los precios de centrales como las nucleares o las hidroeléctricas. Se trata de un proyecto de ley aún no en vigor que el Gobierno impulsó a principios de año y que llegó a la Cámara el pasado verano.
Este jueves ha pasado su primer trámite parlamentario, el debate a la totalidad, en el que el PP y Vox buscaban tumbarlo con sendas enmiendas. Los 'populares' proponían un texto alternativo para dar la vuelta a la reforma e incluir su batería de medidas para abaratar la factura de la luz, como el traspaso a los Presupuestos los costes fijos de la factura, la suspensión definitiva del impuesto a la generación, la rebaja permanente del IVA y el aumento de los ingresos en el sistema eléctrico por la mayor recaudación de los derechos de CO2.
Por otro lado, Vox planteaba al Congreso directamente la devolución del proyecto. En su opinión, el texto supone una "confiscación" de beneficios por parte del Gobierno y esgrime que la medida empujaría a un "cese anticipado" de la actividad en el caso de las nucleares y "a la quiebra" a muchas de las centrales hidroeléctricas.
Las eléctricas amenazan con parar las nucleares ante las medidas del Gobierno
Ante este contexto, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta la semana pasada a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, a la espera de una posible solución de ámbito europeo. Sin embargo, este miércoles ha lamentado como "manifiestamente incongruentes" las propuestas planteadas por la Comisión Europea, que renuncia a modificar a corto plazo la regulación vigente.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles su voluntad de "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" con el fin de no perjudicar a la industria, y para "asegurar" que las compañías eléctricas no elevan su factura energética como consecuencia de las medidas, y que las plantas puedan acceder a contratos a precios "asequibles".
El objetivo, según Ribera, que no haya impacto en la industria
Tras presentar el decreto, la ministra Ribera ha comentado en los pasillos del Congreso que la afección a la industria está siendo "más alta de lo que pensaban" y ha añadido que el Gobierno va a trabajar para que "pueda haber otras alternativas para comprar y adquirir electricidad a un precio que no tenga nada que ver con el del mercado mayorista". Ha dicho que llevan semanas trabajando con la industria y las empresas energéticas para que estas ofrezcan contratos a precio fijo y la electricidad se ofrezca precios que no sean tan altos como los del mercado mayorista, "precios como los que existían en el mercado eléctrico antes de la espiral de precios del gas".
El recorte de los denominados 'beneficios caídos del cielo' es una medida temporal, hasta marzo de 2022, que solo tendrá en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh -que es el precio medio del gas en los últimos años- y solo se detraerá el 90 % de los ingresos extraordinarios. En estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El recorte de beneficios se acompaña de una nueva batería de rebajas fiscales, bajando del 5,1 % al 0,5 % el Impuesto Especial sobre la Electricidad, y prolongando hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7 % a la generación. También aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio. Todas ellas se suman a la actual reducción del IVA en vigor desde junio, que pasó a ser del 21 % al 10 %.
Respecto a la vertiente social, se crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico para extender seis meses más la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo. La última de las ocho medidas del decreto ley hace alusión a una modificación del texto refundido de Ley de aguas, que fijará nuevas variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente por la gestión de las centrales hidroeléctricas, al mismo tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.