Tras haberse acorazado frente a la COVID-19 por la vía de la vacunación, las residencias de mayores inician ahora una “nueva era” repleta de retos y oportunidades. La catástrofe humana vivida al inicio de la pandemia ha evidenciado numerosas deficiencias que estaban en la raíz del sistema y que solo podrán desaparecer si se produce una verdadera transición hacia un nuevo modelo residencial que ponga los cuidados en el centro y que sirva tanto para mejorar la vida de los mayores como para evitar futuras tragedias.
Ese es el principal desafío al que se enfrentan estos centros después de que fallecieran en ellos cerca de 30.000 personas desde la primera ola de coronavirus, pero no basta con dotar de más recursos a las residencias; es necesario remover sus cimientos y construir una nueva estructura en la que se respeten "la autonomía y la dignidad" de los residentes.
Así lo expresan a RTVE.es gerontólogos, asociaciones vinculadas a los servicios sociales, plataformas de familiares y responsables de la gestión de algunas residencias.
Coordinación entre servicios sociales y sanitarios, el punto clave
España se fijó como primer objetivo tras la llegada de vacunas el de inmunizar a las más de 328.000 personas que viven en residencias, de las que unas 282.000 son mayores, según los últimos datos del IMSERSO. La gran mayoría ya están vacunadas y la estrategia comienza a dar sus frutos, así que el siguiente paso debiera ser, según los expertos, analizar las carencias y reparar, en medida de lo posible, el daño causado por la pandemia a los residentes que han sobrevivido a ella.
Esto último pasa por lograr que una "buena coordinación" entre los servicios sociales y sanitarios, sostienes desde la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), que ha comparecido en la Comisión del Senado que reflexiona sobre los modelos de cuidados de larga duración.
“Las residencias dependen de los servicios sociales, porque son la casa de esas personas, pero no son centros sanitarios. La atención sanitaria de las personas que viven en la residencia es responsabilidad de los servicios de salud”, subraya Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la SEEGG, gerontóloga y experta en intervención social.
También inciden en ese punto desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS), cuyo grupo de trabajo dedicado a residencias se ha reunido esta misma semana para establecer los ejes que, según su criterio, deben guiar el cambio. Su primer borrador, compartido con RTVE.es, deja claro que las residencias no son “servicios sanitarios ni sociosanitarios” sino “lugares para vivir y convivir”, por lo que las personas que viven en ellas siguen teniendo derecho a recibir atención sanitaria a cargo del sistema público de salud.
Hacia un modelo que ponga los cuidados en el centro y evite más tragedias
Por otro lado, el presidente de ADYGSS, José Manuel Ramírez, y Bermejo aluden a la necesidad de repensar los distintos modelos de atención a los mayores, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de ellos preferiría, dicen, permanecer en su domicilio si pudieran hacerlo. En este sentido, lo que proponen es mejorar el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, los servicios sanitarios en el hogar o las ayudas para reformar las viviendas.
“Quizá muchas personas no tienen por qué estar 10 o 15 años en una residencia; a lo mejor, solo dos. Hay que replantearse cuánto cuesta una plaza pública de residencia y qué significa invertir eso, por ejemplo, en atención domiciliaria”, señala Bermejo.
Para los casos en los que únicamente sea factible la atención en residencia lo que los expertos defienden es rediseñar el modelo de cuidados en estos centros para que los más atrasados dejen de ser "asilos" y para que en su totalidad se pueda respetar el proyecto vital de quienes viven en ellos.
“Esto es tan fundamental que marca la diferencia entre vivir los años que te queden con calidad y dignidad de vida o que sea un infierno”, opina el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), Miguel Vázquez, quien pide dotar a las residencias de profesionales multidisciplinares suficientes que atiendan las necesidades de los mayores y protejan tanto su salud física como mental.
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Centros menos masificados, habitaciones individuales y espacios de convivencia
El CSIC calcula que casi la mitad de residentes (48,5%) vive en residencias con más de 100 plazas y esta tendencia es otra de las que, según los profesionales del sector, conviene frenar. Los centros para mayores deberían ofrecer entornos que sean lo más parecido posible a un hogar y lo primero para alcanzar esa meta es evitar la masificación.
También consideran que hay que aumentar el número de habitaciones individuales para que aquellos ancianos que lo deseen puedan disponer de intimidad. ADYGSS incluso plantea que se exija, por norma, que haya un mínimo de habitaciones individuales en todas las residencias de nueva construcción y que las ya existentes acometan reformas para adaptarse a ese cambio, aunque son conscientes de que se trata de un a transformación que requiere de un gran esfuerzo económico y, por tanto, lo fijan como una meta a largo plazo.
“De cara al futuro lo que no podemos es volver otra vez a las andadas, a lo que había antes de la pandemia. Parece evidente que donde más estragos ha hecho la pandemia es en las residencias masificadas, esas macroresidencias que deshumanizan a las personas. Habría que ir a residencias que no tuvieran más de 60 plazas”, defiende Vázquez, por su parte.
Lo que sí se puede promover desde este momento son las unidades de convivencia, una fórmula que permite a los mayores crear un mayor vínculo con los compañeros y con los profesionales que les atienden: “Es importante que las personas que trabajen en esos escenarios más pequeños lo hagan de forma estable. Venimos de una cultura en la que el personal de atención va rotando continuamente entre diferentes plantas o grupos y eso no genera la mejor relación de apoyo para la persona”, apunta la gerontóloga.
Monitorizar datos, mejorar ratios y “dignificar” a los trabajadores
Si esos avances hubieran llegado a las residencias antes de la pandemia, posiblemente las consecuencias hubieran sido menos devastadoras, aunque, una vez producido el daño, lo único que se puede hacer, recalcan los expertos, es aprender de la experiencia y no permitir que algo parecido vuelva a ocurrir.
“Si hubiera otra pandemia ahora mismo, otros 30.000 abuelos morirían”, afirma de manera rotunda Ramírez, que urge al Ministerio de Derechos Sociales y a las comunidades a tomar medidas con carácter inmediato.
Desde su asociación no entienden por qué no hay un registro estatal que refleje datos como el número de residentes o de plazas que existen en España, y proponen que se monitoricen las cifras y la información. También piden crear un sistema de alerta temprana y realizar "estudios de centros" anonimizados para extraer evidencias científicas sobre las medidas que han funcionado, así como desarrollar planes de contingencia para prepararse ante otras situaciones adversas.
PLADIGMARE considera que también hay que poner el foco en las ratios de personal para que, en lugar de centrarse únicamente en “garantizar el servicio de empresas y el ahorro de las administraciones”, aseguren una buena asistencia a los residentes, a partir de “criterios científicos y objetivos”.
“No podemos volver a estar en momentos pretragedia para que se convierta en tragedia otra vez“
Esa plataforma también ve necesario aumentar el número de inspecciones e impedir que las empresas sancionadas por maltrato puedan volver a participar en concursos. A esto se suma la importancia, dicen, de “dignificar” a los trabajadores de residencias, mejorar sus condiciones laborales y salariales, y apostar por la formación de quienes van a encargarse de los cuidados: gerocultores, terapeutas, fisioterapeutas y enfermeros, entre otros.
Dar voz a los residentes y a sus familiares
Carmen López, miembro de Marea de residencias y presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf), asegura que “si de algo ha servido esta crisis es para poner en evidencia que el sistema de cuidados está obsoleto, que es perverso y que hay que cambiarlo radicalmente removiéndolo desde los cimientos”. Por eso, desde Marea de Residencias demandan una ley de residencias estatal y piden que se considere el cambio de modelo “como una inversión y no como un gasto”.
El sistema que proponen desde Marea de Residencias está muy en línea con lo que defienden Bermejo, Ramírez y Vázquez. A las propuestas que ellos mencionan se añaden, por parte de esta asociación, la elaboración de menús elaborados por especialistas en nutrición; el aumento de zonas verdes; la digitalización y protección de los datos de los residentes, y el desarrollo de iniciativas culturales o de ocio fuera de los centros.
Tras recordar la “opacidad” que sufrieron muchas familias durante la primera ola de la COVID en residencias, cuando no se informaba sobre la salud de sus familiares, Vázquez también apela a la necesidad de establecer órganos de representación en todos los centros en los que puedan participar los familiares.
Una duda que puede plantearse es cómo se tendría que llevar a cabo esta transformación si, como recuerda Bermejo, en España hay tantas realidades como comunidades autónomas. Sobre esto lo que la ADYGSS ve oportuno es que el modelo que se construya sea liderado por el Ministerio de Derechos sociales y por el IMSERSO, atendiendo al consejo de expertos y al margen de “intereses corporativistas, sindicales o empresariales”. Así se podría establecer, dicen, un “mínimo común denominador” que sirva de base en todo el país.
Residencias inmersas en el cambio de modelo
En la residencia Muro de Alcoy (Alicante), donde 46 plazas son públicas y 9 privadas, se propusieron hace mucho tiempo dejar de lado un modelo que solo se base en “alimentar y medicar” a los ancianos, pero fue al inicio de la crisis sanitaria cuando optaron por establecer grupos de convivencia aún más pequeños que resultaron eficaces para contener el virus.
“A las residencias no se viene a morir, se viene a vivir“
Además, aunque la COVID ha limitado mucho las actividades en ese centro, los trabajadores siguen esforzándose por entretener y divertir a los residentes, quienes pueden votar sobre algunas decisiones que les afectan y cuentan con un profesional de referencia que ejerce como interlocutor con las familias.
“Los profesionales también podemos cambiar la mirada y el modelo que ha habido años atrás. A las residencias no se viene a morir, se viene a vivir”, recalca Inmaculada Vilar, directora de esa residencia.
Las residencias vuelven a ver la luz gracias a las vacunas
También en la residencia de Mallén (Zaragoza), con plazas privadas sin fines de lucro, aseguran haber avanzado mucho. El pasado mes de julio implantaron un modelo que respeta más los gustos e intereses de los residentes y que se aleja del sistema "asilar y asistencialista” que tenían antes.
“Por ejemplo, en una residencia con modelo asilar el horario es fijo, y te tienes que levantar a esa hora te guste o no, porque para el servicio es mejor esa hora. Sin embargo, con este modelo nos preocupamos por conocer cuándo les gusta levantarse”, señala Sofía Coscolluela, directora de esa otra residencia en la que diseñan algunos menús basándose en las preferencias de los mayores y donde están a punto de lanzar una especie de "red social" que permitirá a los residentes estar más conectados con sus familiares.