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El "catastrófico" impacto de la COVID en el sistema de la dependencia: 55.000 personas murieron en la lista de espera

RTVE.es
7 min.

Un total de 55.487 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia durante el primer año de la pandemia, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este lunes.

"Ha sido un año de retroceso en el sistema de Dependencia, un año marcado por la pandemia, terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte", ha señalado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien también achaca al complejo procedimiento y a la falta de inversión esa regresión de la que advierte el informe.

El estudio revela que 21.005 personas murieron esperando la resolución y 34.370, sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Así, 152 personas fallecieron diariamente en la lista de espera de la dependencia a lo largo del año 2020.

El dictamen está basado en datos oficiales recopilados desde marzo de 2020 al 1 de enero de 2021, en un análisis de los informes MoMo y en las estadísticas sobre el impacto de la mortalidad del COVID-19 en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia.

Los fallecimientos por COVID reducen la lista de espera

Un dato que destacan desde esa Asociación, que califica de "catastrófico" el impacto de la pandemia en la Dependencia, es que el 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera lo hicieron por haber fallecido.

"Miren este dato terrorífico: cerca del 80 % de las personas que salieron de la lista entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes", ha recalcado Ramírez durante la rueda de prensa.

En plazas de centros de día y residencias, avisan, el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017, y advierten de que parece que se tiende a "un sistema de servicios low cost".

"El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo en el año 2020, ha hecho retroceder al Sistema en los indicadores relevantes", subrayan los autores del estudio.

Más de 373.800 personas sufren actualmente la "desatención"

De los datos se desprende que 232.243 personas se encuentran a día de hoy en lista de espera de la Dependencia, "el 17,1% de las personas con derecho a atención".

La Asociación calcula que el 41,5% de las personas "desatendidas" (96.351) son dependientes con Grados III o II. A ellas hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración. Así, concluye que "la desatención (pendientes de valorar + limbo de la dependencia) alcanza a 373.800 personas".

Además, el estudio revela que durante 2020 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas con solicitud de dependencia. De ellas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo). Del total de personas fallecidas, el 60,3% eran mujeres y el 80,73% tenían más de 80 años.

Prestaciones y servicios "insuficientes"

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que las prestaciones y servicios "son cada vez de menor intensidad e insuficientes".

En este sentido, apuntan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138 euros al mes para el Grado I; 242 para el Grado II y 335 para el grado III.

De los datos también se desprende que casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la seguridad social, 60.293 se encuentran dadas de alta, un 13,4% del total de las personas cuidadoras.

Por su parte, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes; y la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17 horas al mes para el Grado I; de 36 horas al mes para el Grado II y de 57 horas al mes para el Grado III.

"El crecimiento de nuevos servicios se ha reducido de manera drástica. Producto de la pandemia, observamos un descenso en dos servicios clave, los centros de día y las residencias", agregan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Tiempo medio de tramitación: 430 días

Durante 2020, fallecieron 173.426 personas con resolución de prestación de dependencia. De ellas el 41,98% eran personas beneficiarias con atención residencial (tanto personas con una prestación de servicio de atención residencial como personas con prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), es decir, se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias. Entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del Covid-19 se estima en 26.340 personas, el 36,2%.

El estudio refleja también que por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia, 28.564 personas menos que al inicio del año; 43.794 solicitudes menos (-2,3%) y 26.157 resoluciones menos (-1,7%).

También se pone de relieve que se han incrementado en 9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone "un retroceso del 86% del aumento de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018".

El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, a pesar de que "si algo no tienen estas personas tan vulnerables es tiempo", en palabras de Ramírez.

La mayor espera: Cataluña, Andalucía y Madrid

Por territorios, el informe muestra que se mantienen las "enormes desigualdades" entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Ocho comunidades aprueban la escala este año, y siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Mientras, Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), retroceden hasta las últimas posiciones.

Además, casi siete de cada 10 personas desatendidas, que permanecen en la lista de espera, viven en Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494). El sistema registra un total de 1.124.230 dependientes, a 31 diciembre de 2020.

"Cataluña, saca la peor nota de la aplicación. Desgradiadamente, cada media hora muere una persona dependiente catalán sin recibir la prestación o servicio a la que tiene dercho. Esto debería estar en la agenda de la política", ha criticado Ramírez.

Se han perdido 7.000 empleos

En cuanto a los empleos en el sector de la Dependencia, en 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno asciende al 40%. Por primera vez en toda la serie histórica el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo, según el estudio.

Según denuncia la Asociación, hay un "recorte acumulado" de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.

Según el documento, el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones, y el resto (1.880 millones), las personas usuarias en forma de copago regulado (20,6%).

Atendiendo al plan de choque para la dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes celebra que "supone el fin de los recortes al sistema del año 2012", con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.

La Asociación pide que la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación sean "la prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de trabajo".

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