En tiempos de confinamiento nos hemos dado cuenta de la importancia de cosas que, en circunstancias normales, pasan inadvertidas. Entre ellas, el trabajo de agricultores, ganaderos, transportistas, distribuidores y de todos aquellos que garantizan la cadena de suministro que termina en nuestras casas.
Más meritoria todavía si tenemos en cuenta los problemas con los que tiene que lidiar el sector agropecuario en tiempos de pandemia, como falta de mano de obra. Según los cálculos de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), el sector agrario requiere para los próximos meses un volumen de entre 100.000 y 150.000 trabajadores eventuales. Trabajadores necesarios para realizar trabajos de estación como recolecciones, poda o esquilado de ovejas.
El campo resurge así como una alternativa de empleo en un país donde, según cifras oficiales, se han perdido desde el pasado 12 de marzo 890.000 puestos de trabajo. Una situación que está provocando que miles de personas busquen otras alternativas de ingreso. El campo es una de ellas.
Bolsas de trabajo de las organizaciones agrarias
Distintas organizaciones agrarias, algunas en coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, recurren al instrumento de las bolsas de trabajo para paliar la falta de temporeros. ASAJA cuantifica en alrededor de 90.000 las solicitudes de personas que desean trabajar en las distintas campañas, mientras que en COAG (Coordinadora de Organización de Agricultores y Ganaderos) han recibido unas 3.000 peticiones y en UPA otras 400 en su lista nacional, sin contar con las territoriales.
Según ASAJA, dos de cada diez solicitantes desempeñaron su último empleo en hostelería y turismo y un porcentaje similar en la agricultura y la ganadería. Señalan además que las tasas más altas proceden de Madrid (10,34%), Málaga (8,5%), Alicante (8,33%) y Sevilla (8,33%).
La vuelta de los españoles al campo, un experimento social
El campo como alternativa al desempleo está consiguiendo lo que no se veía en décadas, la vuelta al campo de miles de españoles inscritos en estas bolsas de trabajo de las organizaciones agrarias. Hay de todo, trabajadores en situación de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), empleados de bares, restaurantes, oficinas, servicios..., pero también de los cinturones industriales.
“Hay que buscar otros ingresos, no tengo ninguna prestación“
Es el caso de Gustavo Orcas, uno de los españoles que se ha animado a participar en las campañas de la zona de Fraga (Aragón) tras el parón sufrido por la empresa de turismo activo en la que trabajaba. "Hay que buscar otros ingresos -dice-. No tengo ninguna prestación. Estaba con un ERTE pero nunca sabes si vas a cobrar la prestación o te la van a conceder. Opté por algo seguro para seguir cotizando".
Pero la necesidad no es sinónimo de aptitud. Las expectativas de los responsables de las explotaciones agrarias son modestas respecto a muchos de los candidatos. Se conforman si consiguen aprovechar el 60% de los inscritos en las bolsas de trabajo.
Para esto, advierten, no sirve cualquiera. Está, por una parte, la dureza de algunas tareas, como la recolección de fruta, día tras día a pleno sol. Por otra, la dificultad de podar o esquilar ovejas, trabajo considerado de alta especialización y que no se puede aprender de la noche a la mañana.
Echando de menos la mano de obra extranjera
Los temporeros españoles son tradicionalmente minoría. La gran parte del trabajo de estación en el campo corre a cargo de mano de obra extranjera.
"Hoy, con las limitaciones y la reducida movilidad de trabajadores dentro del Unión Europea, estos temporeros no están llegando y las cosechas se ven amenazadas", aclara Beatriz Pino, portavoz de Ciudadanos en Galicia, que ha propuesto a la Consellería do Medio Rural de la Xunta.
Desde Castilla y León, el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero se ha puesto en contacto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para tratar de facilitar la entrada a España de unos 400 trabajadores extranjeros, con mención expresa al esquileo, por su alta cualificación y que vienen cada año por estas fechas desde países del Este de Europa y desde Uruguay. Tan solo en Castilla y León hay 3 millones de cabezas de lanar en unas 4.000 explotaciones. No realizar este trabajo es causa de abortos y otros problemas de salud entre el ganado.
Inmigrantes en situación irregular
Fuentes de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) subrayan que se han presentado a las convocatorias sobre todo inmigrantes en situación irregular frente a una proporción "mínima" de desempleados, muchos de ellos procedentes de Madrid pese a que no pueden desplazarse hasta las zonas rurales por las restricciones de movilidad.
También son inmigrantes en situación ilegal y, por tanto, no aptos para ser contratados, el 90% de los 3.500 solicitantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) que necesitan cubrir 15.000 empleos de jornaleros.
Las organizaciones agrarias confían en que esta difícil situación sirva para sensibilizar sobre la importancia del sector agropecuario para nuestra economía y calidad de vida y que no podría salir adelante si no fuera por ese 90% de extranjeros que cada año trabajan como temporeros.
También para darse cuenta de que en el campo los sueldos de un jornalero, alrededor de los 1.300 euros, superan con frecuencia los de algunos trabajos temporales en las ciudades. En cualquier caso, los contratos deben hacerse por escrito y reflejar el salario recogido en los convenios colectivos de referencia o respetar el salario mínimo interprofesional (48,54 euros al día).
Restricciones por coronavirus al desempeño de los temporeros
El requisito de proximidad, en principio 30 kilómetros dentro de la comunidad autónoma, es una de las condiciones que establece el Real Decreto de 7 de abril para que parados e inmigrantes puedan cubrir la falta de mano de obra en el sector agrario. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solo será exigible si se quiere compatibilizar la percepción de las prestaciones pero permite que sean las comunidades autónomas las que lo modulen en función de sus características territoriales.
El requisito de proximidad intenta facilitar cuestiones como el transporte y el alojamiento evitando cuadrillas que viajan o pernocten juntos de cara a prevenir contagio de Covid-19. Un caso de infección, además de ser baja laboral a cargo del empresario, obligaría a paralizar una actividad que no permite aplazamientos y que por lo tanto se perdería.
Por este motivo, el empleador tiene que extremar las medidas de prevención, tanto controlando la temperatura de los trabajadores, desinfectando zonas de trabajo, estableciendo separaciones entre los trabajadores y proporcionándoles equipos de protección como mascarillas.