La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) seguirán exentos de cotizar a la Seguridad Social aun después del estado de alarma por el coronavirus.
Díaz ha defendido la medida estelar del ejecutivo de coalición ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "El proceso de destrucción de empleo se ralentiza en primer lugar y después se detiene a principios de abril por el impacto de los ERTE".
"Hemos logrado proteger más de 4 millones de empleos de cerca de medio millón de empresas en tiempo récord", ha argumentado.
Esta medida estrella de las distintas adoptadas por el Gobierno, ampliada este martes en el Consejo de Ministros, se mantendrá en la llamada "desescalada" tras el fin del estado de alarma -prolongado hasta el 9 de mayo- en dos fases. Díaz ha denominado esas fases de "excepcionalidad atenuada -hasta el final del verano- y de normalidad atenuada -hasta final de año-".
La duración exacta de la prolongación de esta medida y su aplicación por sectores está siendo debatida en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.
La ministra ha defendido el mantenimiento de otras medidas, como las contempladas en el Plan Mecuida para adaptar la jornada de trabajo a las necesidades de cuidados, que prevé beneficiar a los padres cuyos hijos no se reincorporarán a las escuelas cuando termine el confiamiento.
Díaz ha instado a buscar una figura que ha denominado "permiso retribuido recuperable" para ese tipo de trabajadores con personas a su cargo. Asimismo, ha defendido la implantación del teletrabajo aunque ha reclamado "sistemas fiables y homologados de registro de jornada".
Pide "un gran acuerdo contra la precariedad"
En su comparecencia, la ministra ha achacado las cifras de destrucción de empleo en un modelo laboral "basado en la precariedad" y ha reclamado a los grupos parlamentarios "un gran acuerdo" contra la misma.
Según los datos aportados por Díaz, se han perdido un total de 484.000 empleos desde el inicio de la crisis por el COVID19. La ministra ha desglosado esas cifras, correspondiendo la mayor parte (302.265) al periodo entre el 12 y 31 de marzo, mientras que en la primera mitad de este mes de abril han perdido su trabajo 185.270 personas.
De los 731.075 trabajadores asalariados que causaron baja en la afiliación a la Seguridad Social, un total de 592.254 tenían un contrato temporal, "un 81% del empleo destruido en marzo", añadió Díaz quien abogó por acabar con un modelo laboral "basado en la precariedad, en contratos de corta duración. Esa nefasta cultura en la gestión de los recursos humanos debe ser corregida".
Por ello, en su larga intervención de más de una hora reclamó a los miembros de la Comisión "un gran acuerdo contra la precariedad. No podemos tolerar que nuestros jóvenes se queden en la orilla o que nuestras mujeres paguen la factura", acordándose de los colectivos más sacudidos por la crisis.
Por sectores, la ministra ha cifrado en un 65% la pérdida de empleos en cuatro de ellos: "Hostelería, construcción, comercio y actividades auxiliares ligadas a empresas de trabajo temporal". "Por edades, el 34% del empleo destruido se ceba en menores de 30 años, el rostro de la precariedad. Esto es inaceptable, no es perspectiva de futuro para un país".
También ha tenido tiempo para mandar un aviso a la Unión Europea y reclamar que se implique más en la recuperación económica: "No nos sirve la UE de la austeridad, pero tampoco valen las respuestas a medio gas. Si ahora Europa no responde al conjunto de los Estados, ¿cuándo lo hará?".
Entre las medidas que ha defendido igualmente Díaz se encuentra el blindaje contra el despido, la protección de trabajadores fijos-discontinuos y el subsidio a las trabajadoras del hogar, "las situamos por primera vez al mismo nivel que el resto de trabajadores y garantizamos una renta de sustitución, un acto de justicia que no tiene vuelta atrás".
"Tengo amigas del PP que han cobrado la prestación a los autónomos"
La ministra de Trabajo ha sido interpelada por los representantes de los grupos parlamentarios por diversas cuestiones. Donde ha recibido más críticas en el asunto relativo a los trabajadores autónomos y pymes. En ese sentido, las críticas más duras han venido de Vox y el PP; Ciudadanos ha criticado ese punto pero su tono ha sido más conciliador en otras medidas como la de los ERTE.
Díaz ha defendido el decreto donde se recogían las ayudas a autónomos como "histórico". "Puede ser discutible si es suficiente o mejorable, pero es la primera vez que 900.000 personas autónomas cobran la prestación", ha afirmado para dirigirse en concreto al representante del Grupo Popular, Diego Movellán: "Tengo amigas del PP, abogadas, que han cobrado la prestación".
Movellán fue el que empleó un tono más duro -más incluso que Juan José Aizcorbe, de Vox- al instar a Díaz a que "abandone el sectarismo y las tesis comunistas". Le reprochó que no hablara de datos ni de "cuándo van a cobrar los más de cuatro millones de trabajadores afectados". "Habla de precariedad y la precariedad en este país tiene nombres y apellidos. Llevan dos años apoyando a Pedro Sánchez", añadió.
No obstante, también le ofreció la "mano tendida" para la reconstrucción. Igualmente lo hizo María Muñoz, de Ciudadanos, aunque apuntando que los pactos por la reconstrucción fueron en su día iniciativa de Inés Arrimadas: "Bien está que hayan asumido la hoja de ruta y que hayan copiado hasta el nombre, pero no puede estar vacío de contenido".
Tanto en su primera alocución como en su turno de preguntas se ha referido al esfuerzo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), "¿alguien se ha acordado del SEPE cuando se ha recortado en 2.500 personas? Están teletrabajando, en condiciones de precariedad también, y solo en el día de ayer tramitaron 245.000 prestaciones".