La Fiscalía ha solicitado a la jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que impute en calidad de cooperador necesario al abogado que representó al empresario durante la tramitación de la inspección de Hacienda que acabó desembocando en este procedimiento judicial por presunto fraude al fisco.
El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción 19 de Madrid en el que solicita la prórroga de la pieza principal de la causa -abierta hace un año- para practicar una serie de diligencias, entre ellas la citación como investigado del abogado Javier Gómez Fidalgo y como testigo a la economista que asesoraba a González Amador en la sociedad Maxwell Cremona.
Según ha avanzado ElDiario.es, el fiscal considera que hay indicios para investigar al abogado fiscalista en la pieza abierta por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental de González Amador, al haberse servido, supuestamente, de un entramado de facturas para aminorar la cuota a tributar.
En el texto, se detalla asimismo que Gómez Fidalgo es el autor y presentador de las autoliquidaciones por impuesto sobre sociedades de la mercantil Masterman & Whitaker de los ejercicios 2020 y 2021, una vez que esta empresa había sido adquirida en diciembre de 2020 por casi medio millón de euros por González Amador "pese a que la misma carecía de valor", según informa la Agencia Tributaria en el informe detallado de delito.
No ve "indicios bastantes de criminalidad" en la economista
De igual modo, el fiscal solicita que se tome declaración en calidad de testigo a María Blanca de la Encarnación López Crespo, la presentadora de las autoliquidaciones de Maxwell Cremona de los ejercicios 2020 y 2021.
A diferencia de Gómez Fidalgo, según el fiscal, "no hay indicios bastantes de criminalidad que justifiquen su imputación en este momento procesal, pero su testimonio sí puede aportar luz sobre la responsabilidad de los autores y partícipes del fraude, por lo que interesa el fiscal que se le reciba declaración en calidad de testigo".
Prórroga de la instrucción
En otro punto del escrito, la Fiscalía solicita que a la vista de que la declaración del próximo 21 de marzo de los peritos se producirá más allá del plazo de doce meses fijado para la instrucción de la causa, resulta claro que "el interés público defendido por el Ministerio Fiscal precisa la prórroga del plazo de instrucción".
En primer lugar, esgrime, por cuanto "del interrogatorio contradictorio de estas peritos pueden devenir necesarias la práctica de diligencias de instrucción que no cabe anticipar".
Y en segundo lugar, por ser necesaria, a juicio del fiscal, además la prórroga por seis meses de la instrucción para la práctica de más diligencias.