El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar como imputado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos.
Según han informado fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid no ha accedido a la petición de los letrados de Amador de que se aplazara la declaración hasta que la Audiencia de Madrid resuelva sobre su recurso contra la decisión de la jueza de ampliar la investigación a más posibles delitos.
La citación de este lunes se enmarcaba en el procedimiento que se instruye contra el novio de Ayuso y otras cuatro personas (Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.) por un presunto fraude fiscal que les atribuye la Fiscalía de Madrid.
Alberto González Amador está investigado en la pieza principal por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en la que habrían intervenido presuntamente los otros investigados.
El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena. La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros dos fiscales, por presunta revelación de secretos.
La jueza llama a declarar a dos peritos de Hacienda
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 que investiga a González Amador ha citado este lunes a varios peritos de Hacienda para declarar sobre el presunto fraude fiscal del empresario el próximo 21 de marzo, según han informado fuentes jurídicas a RTVE.
La decisión de la magistrada se ha dado a conocer horas después de que la pareja de Ayuso entrara al juzgado, sobre las diez de la mañana, tranquilo y sonriendo. Una vez en la sala, se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados, han explicado fuentes de su defensa. Sus abogados entienden que sin la resolución de la Audiencia madrileña se desconoce el objeto de la investigación y, por tanto, se incurre en una vulneración de derechos de su cliente. La pretensión de González Amador era comparecer de forma voluntaria una vez que recibiera el auto.
González Amador ha entrado y ha salido de los jugados sin hacer declaraciones. Al salir numerosos periodistas le han seguido hasta que se ha introducido en un taxi y ha recibido un pequeño golpe de una cámara en la cabeza. En los pasillos se ha mostrado tranquilo, hablando con sus letrados, y al entrar a la sala de vistas ha explicado que no declaraba porque así se lo han dicho sus abogados.
Los otros cuatro empresarios investigados también se han acogido a su derecho a no declarar por el mismo motivo, han explicado fuentes presentes en la declaración: entienden que no deben hacerlo hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que también han interpuesto contra la decisión de la jueza de indagar en más presuntos delitos, entre ellos un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión encubierta.
Suspendida su declaración cuatro veces
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investiga a González Amador desde hace casi un año, le emplazó a declarar este lunes por el presunto fraude después de suspender sus citaciones hasta en cuatro ocasiones y advertida por la Fiscalía de que el plazo de instrucción está próximo a vencer.
Ni González Amador ni los otros empresarios imputados han prestado nunca declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias, que investiga un presunto fraude de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas para reducir la cuota tributaria a pagar.
Antes de abrirse el procedimiento penal, el abogado de González Amador propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena. La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado y a dos fiscales en el Tribunal Supremo.
González Amador también está investigado en una pieza separada, de cuyo futuro depende la resolución de la Audiencia de Madrid, en la que la magistrada indaga en el presunto uso de una sociedad pantalla para facturar unos negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de esta empresa, donde el fiscal ve una posible comisión encubierta.
Ayuso: "Es un caso de persecución política desde Moncloa"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la decisión de su pareja asegurando que no se trata de que González Amador no haya querido declarar, sino de que no puede hacerlo: "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse".
Ayuso ha añadido que "es un caso de persecución política organizado desde Moncloa con las instituciones del Estado", señalando directamente al PSOE y a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. "¿Me pueden decir cómo se puede defender una persona ante esta situación? No le dan margen a poder defenderse", ha criticado la presidenta.
Ayuso dice que su pareja no ha declarado porque "no puede": "Es un caso de persecución política desde Moncloa"
Ayuso se ha pronunciado de esta manera desde Mérida, tras un encuentro con la presidenta extremeña María Guardiola. Sobre el golpe que ha recibido González Amador con una cámara en el exterior de los juzgados, la dirigente madrileña ha reprochado que la Delegación del Gobierno no haya puesto "un dispositivo mínimo de seguridad sabiendo que es un juicio político". "Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto", ha dicho.
Ante estas acusaciones, la Delegación del Gobierno ha negado que el golpe sea consecuencia de una agresión y lo ha calificado como un "desafortunado accidente debido al gran número de cámaras que se han dado cita". En su comunicado, la Delegación se ha defendido explicando que "no había un dispositivo de seguridad adicional porque no había ninguna amenaza" y han apuntado que los abogados de González Amador tampoco habían "solicitado ningún dispositivo especial".