La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado ampliar la investigación contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indagar, entre otras cuestiones, sobre un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión encubierta.
La Audiencia ha desestimado así el recurso de apelación interpuesto por la defensa de González Amador contra la decisión del juez de abrir una pieza separada por la presunta comisión de los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, distintos a los dos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados han estimado que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".
Una sociedad pantalla para ocultar ingresos de su empresa
Aunque en un principio lo rechazó, la magistrada acabó ampliando las pesquisas para indagar si González Amador -ya investigado por un presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda y falsedad documental- pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el presunto uso de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona, de la que es administrador.
Lo hizo al estimar de forma parcial un recurso interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas las diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
La Fiscalía puso entonces el foco en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa, una operación en la que ve una posible "comisión encubierta" que considera que hay que investigar.
Rechazó declarar el 24 de febrero ante la jueza
González Amador rechazó declarar el pasado 24 de febrero ante la jueza, tras cuatro aplazamientos, al argumentar que estaba a la espera de conocer la resolución de la Audiencia. Al respecto, los magistrados han recordado que con la apertura de una pieza separada, "el juez debe valorar si los hechos que motivan el inicio de la investigación, son abstractamente constitutivos de delito, en cuyo caso debe incoar el oportuno procedimiento penal y proceder a su investigación, tal y como se ha hecho en este caso".
En este sentido, han señalado que "ciertamente la inicial mención de una calificación en este estadio procesal carece de relevancia jurídica y no conlleva vinculación de clase alguna para las partes". Ahora bien, para dar carpetazo a la pieza separada, han recordado que es necesario que exista una claridad absoluta sobre la atipicidad de los hechos, "circunstancia que no concurre en el caso de autos" a la vista "de la documentación notarial y tributaria unida a la causa".
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña por los recurrentes, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", añade el texto.
González Amador pide suspender la rama principal de la investigación
Horas después de haberse dado a conocer la información, González Amador ha solicitado, a través de un escrito al que ha tenido acceso RTVE, dejar en suspenso la rama principal de su investigación, centrada en un presunto fraude a Hacienda, hasta conocer el desenlace de la pieza separada. Su defensa ha argumentado que, en el caso de que los ingresos obtenidos por Maxwell Cremona con origen en Quirón Prevención "tuviesen un supuesto origen ilícito" no serían objeto de tributación alguna y, por tanto, tampoco de fraude fiscal.
En uno de los dos escritos presentados, la pareja de la presidenta madrileña se ha ofrecido a declarar voluntariamente en el marco de esa pieza separada, y en el otro ha solicitado suspender la rama principal del procedimiento "al resultar incompatible la existencia de delito fiscal alguno" con el supuesto origen delictivo de los ingresos.
Ha explicado además en este segundo escrito que si se eliminasen esos fondos de origen presuntamente delictivo de la tributación, la cuota supuestamente defraudada no llegaría a los 120.000 euros, umbral legal para ser considerado delito.
Es decir, que la investigación de la pieza separada "resulta incompatible con la existencia del delito fiscal considerado en el procedimiento principal". "En otros términos: las hipótesis consideradas por la pieza separada son incompatibles con el delito fiscal considerado", añade.
Además de declarar "tan pronto lo permita la agenda del juzgado" en esa pieza separada, el empresario ha solicitado expulsar de la misma a las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid.