El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha abierto una pieza separada para determinar si la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asistía a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación" de caudales públicos.
Así lo expone el magistrado en el auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que ha acordado tomar declaración como testigo el próximo 16 de abril a las diez de la mañana en su despacho oficial al ministro de la Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Al respecto de este interrogatorio, el juez precisa que si bien Bolaños actualmente ostenta el cargo de ministro, "los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno".
Por tanto, "al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los art. 412 y 413 de la Lecrim, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial".
Peinado dice que toma esta decisión tras la declaración de Álvarez
Explica Peinado que la decisión de abrir esta pieza separada se basa en la declaración que prestaron en su día Cristina Álvarez y el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, la primera como investigada y el segundo como testigo. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González Gómez, al ser preguntado por quién era su superior entonces.
El juez cuenta además, según indica en el auto, con el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con, entre otros, la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria.
Cristina Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo -que desempeña desde julio de 2018- en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.
Por su parte, el exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.
El Gobierno asegura que todavía "no ha recibido la citación"
Tras la noticia, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que Bolaños "todavía no ha recibido la citación" y que se han enterado de todo "por la prensa".
"Si se confirma, por supuesto, el ministro responderá en calidad de su condición, pero no se ha recibido citación", ha insistido la ministra de Educación tras ser cuestionada por parte de los medios de comunicación por la noticia.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha preguntado este martes si, además de declarar, Bolaños será citado en el Supremo por haber intercambiado mensajes con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Además, ha hecho hincapié en que el 16 de abril, Bolaños tendrá que ir "a defender al Gobierno de una acusación de malversación" por ser, a su juicio, "el responsable de pagar con dinero de todos los españoles la nómina de una trabajadora cuya función era pedir dinero a empresas para que se lo llevara Begoña Gómez a través de su cátedra".
El titular el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y Cristina Álvarez.
Félix Bolaños se ha convertido en el segundo miembro del Ejecutivo citado como testigo por el juez Peinado. El primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar -al afectar la causa a su pareja- el pasado julio, cuando el magistrado se desplazó al palacio de la Moncloa para interrogarle.