De cara a la galería, el Gobierno y el PP dicen estar dispuestos a llegar a acuerdos: sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en materia energética o incluso ofreciendo un pacto de legislatura. Pero el choque que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado dentro y fuera del Senado esta semana conduce a un nuevo curso político que se parece demasiado a la situación previa a las vacaciones: bloqueo. Y esto ahonda en un deterioro de las relaciones que está afectando gravemente a las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, que lleva encasquillado casi cuatro años y que deja a la Justicia en una situación “desoladora”, según su presidente, Carlos Lesmes.
La Constitución nunca previó un bloqueo de tal gravedad, como tampoco previó su incumplimiento por parte del Poder Legislativo. Porque es el Congreso y el Senado y, por tanto, los partidos allí representados, los responsables de pactar la renovación del Poder Judicial una vez terminado el mandato. Eso interpela sobre todo a PSOE y PP. Con ello, han “tensionado” y “erosionado” una Justicia que se enfrenta ahora a los retos judiciales con un Supremo en una situación “límite” por no cubrir las vacantes, en palabras del propio Lesmes, que este miércoles amenazó con dimitir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ponían fin al bloqueo.
El presidente del CGPJ llamó la atención a ambos este miércoles en la apertura del año judicial, en la que pidió al PP que cesara en sus condiciones para renovar el Consejo y al Gobierno que retirara su reforma que impedía que el Poder Judicial pudiera realizar nombramientos en el Tribunal Supremo, donde la imposibilidad de cubrir vacantes lleva al Alto Tribunal al límite, ya que en las próximas semanas dos salas no podrán constituirse por falta de magistrados y la de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar.
El Tribunal Constitucional también se está viendo afectado por las decisiones políticas. En junio caducó el mandato de cuatro de sus magistrados y, ante una previsión de posible bloqueo como en el CGPJ, el Gobierno dio de plazo legal hasta el 13 de septiembre para su renovación (con la que el Alto Tribunal daría un vuelco al lado progresista). Pero el descontento de varios vocales conservadores del Poder Judicial con la reforma del Ejecutivo que limita las funciones del Consejo (cuando su mandato ha caducado) ha retrasado la designación de los dos candidatos que le corresponde nombrar y está en el aire una renovación a tiempo.
El Gobierno y el PP no hacen caso a Lesmes y se culpan mutuamente
Mientras, la llamada de Lesmes no ha cambiado en gran medida la situación. El Gobierno y el PP se mantienen en sus trece y se culpan mutuamente del bloqueo. El Partido Popular ha pedido por carta al Gobierno sentarse a negociar, pero mantiene sus requisitos: insiste en que se puede negociar una reforma de la ley del Poder Judicial “por separado” para dotar a la Justicia de más independencia. Este jueves fue muy crítico con el Gobierno, que le había pedido que diera ya los nombres de sus candidatos, al rechazar que haya un "intercambio de cromos".
Por su parte, el Ejecutivo cree que la carta de los 'populares' no es más que "una forma de aparentar", recuerda que el PSOE siempre ha cumplido los plazos, y le ha pedido que deje de "enredar", a la vez que ha tildado de “insoportable” la “rebeldía” de Feijóo para no pactar una renovación y dar ya los nombres de sus candidatos. Y es que, cuando el PP gobernaba en el pasado, nunca tuvo problema para renovar con la ley actual, algo que ahora le genera rechazo porque, señala el Gobierno, mantener una mayoría conservadora en los órganos de los jueces les permite controlar procesos judiciales contra ellos. El Gobierno defiende que, además, su reforma (que también critican los ‘populares’) porque dice que otros órganos constitucionales tienen limitadas sus funciones cuando el mandato ha caducado.
Este bloqueo es una situación inédita en la democracia española. Hasta 2018, el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ. Pero después de que estallara el pacto a finales de ese año tras la filtración de un "whatsapp" del entonces portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás", ha sido absolutamente imposible: ni con el PP de Pablo Casado ni ahora con el de Alberto Núñez Feijóo.
Con todo, el Poder Judicial sigue representando la mayoría conservadora que logró Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, ya que la designación del presidente y los actuales vocales se produjo en 2013. De ahí, dicen en el Gobierno, su falta de voluntad para negociar un nuevo Poder Judicial. En lo que va de legislatura, ha habido algunos intentos entre ambas partes para renovar, el más claro en 2021, mediante la ley actual, pero el PP vetó a dos candidatos propuestos por el Ejecutivo: los magistrados Francisco de Prada (juez del caso Gürtel) y Vicky Rosell (propuesta por Unidas Podemos). Y en este contexto, la Justicia se enfrenta a un año lleno de retos judiciales que van desde decidir sobre el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, al caso 'Pegasus' pasando por el que afecta al excomisario Villarejo.
La relación del Gobierno con el PP no mejora tras la llegada de Feijóo
El nombramiento en abril de Feijóo como presidente del Partido Popular parecía que fuera a poner fin a la relación crispada del Ejecutivo con ese partido, ya que se postuló con un perfil más moderado que Casado, quien había protagonizado duros y tensos encontronazos con Sánchez en los que incluso le había llamado “felón” y “cómplice de un golpe de Estado” en Cataluña.
Antes de ser elegido, Feijóo se mostró abierto a llegar a pactos de Estado con el Ejecutivo, pero a día de hoy no se han producido y la relación sigue siendo igual de tensa que antes, con descalificativos mutuos a la orden del día. Se pudo ver en el debate en el Senado del pasado martes. Sánchez llamó al líder del PP “falso”, le reprochó su “insolvencia o mala fe”, dijo que le pusieron al frente de su partido “las grandes energéticas" y le espetó que hacía el “ridículo”. El líder del PP, por su parte, se refiere en ocasiones a Sánchez como “candidato” en lugar de presidente y dice que parece ser el “jefe de la oposición”. Citó la obra El otoño del patriarca para referirse a Sánchez, a quien ha llamado “autoritario” y "faltón" en varias ocasiones y de quien ha dicho que gobierna de forma “déspota” y “caudillista”.
Sánchez y Feijóo se reunieron una vez a principios de abril (tras la proclamación del líder del PP), pero aquel encuentro no sirvió más que de primera toma de contacto, puesto que no salió de allí ningún acuerdo en materia económica para hacer frente a la crisis por la guerra en Ucrania. Y el líder del PP salió decepcionado y criticó que el Gobierno pretendía convalidar su decreto de medidas económicas “sin más” y sin tener en cuenta al principal líder de la oposición. Una crítica que se ha extendido a lo largo del tiempo hasta ahora.
El Gobierno insiste en asegurar que no se puede pactar con el PP porque “dice que no a todo”, niega que Feijóo sea “moderado” y afirma que el Partido Popular está al servicio de los grandes poderes. Los ‘populares’ se quejan de que el Ejecutivo no consensúa con ellos ninguna medida y se dedica a convalidar decretos en el Congreso, le acusan de injerencias en las instituciones del Estado, como la Fiscalía General, que hasta hace poco estuvo encabezada por una exministra socialista, Dolores Delgado. También en el CIS (encabezado por un militante socialista) y en el CNI (tras el cese de la anterior directora por el 'caso Pegasus' que afecta al independentismo y al Gobierno). Además, le achacan con dureza sus pactos con EH-Bildu y el acercamiento de presos al País Vasco y han sido muy críticos con el giro “unilateral” de España en la postura sobre el Sáhara.
Por todo ello, el Gobierno cree que el PP no acepta el resultado de las elecciones y que utiliza a las víctimas de ETA de forma “espuria” y “sin vergüenza”. Y entretanto, ambas partes se acusan de no tener propuestas para poner solución a la grave situación que atraviesa el país.
Falta de acuerdos en momentos críticos como la pandemia o la guerra
Y es que el Gobierno y el principal partido de la oposición no se entienden ni siquiera en momentos críticos como la pandemia del coronavirus o la guerra, y eso supone un problema. En 2020, al inicio de la pandemia, el PP de Casado facilitó los tres primeros estados de alarma que duraron hasta finales de abril de ese año, pero no los siguientes, que salieron adelante con el bloque de investidura. El exlíder ‘popular’ también advirtió en varias ocasiones a Bruselas contra la política económica del Gobierno español, incluida la gestión de Sánchez de los fondos europeos, por lo que el Ejecutivo le criticó de “desleal”.
Ahora, el PP de Feijóo es también muy crítico con las medidas del Gobierno para combatir la inflación y la crisis por la guerra de Ucrania y dice que solo acierta “cuando rectifica” y "copia" las medidas que ha propuesto el PP, como la bajada del IVA del gas del 21% al 5%. Sigue presentando propuestas en materia económica y energética al Ejecutivo, pero sin que el Gobierno se preste a llegar a un acuerdo con los 'populares'.
Mientras, el Ejecutivo se apoya en los partidos de la investidura para sacar adelante sus medidas y no está buscando ningún acuerdo con el principal partido de la oposición. Además, la relación del Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, a quien apenas conoce y con quien le corresponde negociar, es más fría que la mantenía con el anterior secretario general del Partido Popular, Teodoro García-Egea.
La crispación a la que han llegado ambos partidos (y que se extiende también entre el resto de formaciones) está afectando asimismo al Poder Legislativo (el Congreso y el Senado) y la percepción que los ciudadanos tienen de la política. La preocupación por la situación política y el comportamiento de los políticos es la cuarta de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de julio, que lo sitúa en un 17,4%. Los españoles también creen (en un 70%) que el último debate del Estado de la Nación, que se celebró en julio por primera vez tras cinco años, fue poco útil porque se centró en las críticas y no en las propuestas.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ve “preocupante” la crispación entre los partidos, a quienes ya llamó en 2021 a hablarse con más “respeto” y dejar atrás los “insultos”, al considerar que dañan a las instituciones y a la democracia.
Lo hizo justo al inicio del curso político, en septiembre. Un año después, la situación no ha mejorado.