El año judicial arranca oficialmente este miércoles con el acto solemne al que asistirá el rey Felipe VI y que, por cuarto año consecutivo, tendrá un Consejo General del Poder Judicial en funciones y al borde del colapso. Por delante, un período en el que la justicia tiene causas importantes en el horizonte y que podría avanzar en sus pesquisas o incluso sentenciar a lo largo de este período.
Entre los casos pendientes más destacados están el del espionaje a los miembros del Gobierno a través del sistema 'Pegasus', algunos expedientes relacionados con la corrupción política como Púnica, Lezo, Tándem o las investigaciones en torno al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, así como la reapertura de varias causas contra antiguos dirigentes de ETA por su responsabilidad en crímenes de la banda terrorista.
El indulto de Griñán y la sentencia de los ERE
En el Tribunal Supremo colea la sentencia de los ERE, después de que el pasado mes de julio ratificara la condena a prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía Juan Antonio Griñán. El foco está puesto en la posibilidad de un indulto para Griñán, de 76 años, después de que la familia lo haya solicitado por razones de "humanidad y equidad".
Si se cumplen los plazos legales, el indulto se resolverá a pocos meses de las elecciones generales previstas para finales de 2023, una circunstancia que estará muy presente en la campaña. Además, se conocerá el contenido de la sentencia de los ERE y de los votos particulares de las dos magistradas que abogaron por estimar parcialmente el recurso de Griñán.
14 Horas - Así fue el caso de los ERE en Andalucía - Escuchar ahora
El Supremo también debe pronunciarse sobre los indultos a los condenados por el 'procés', que podría conllevar el regreso a prisión de los líderes independentistas si el alto tribunal revoca la medida de gracia del Ejecutivo, tras el cambio de mayoría en la Sala que en su momento los avaló.
También está pendiente en el TS la causa contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que comparece el próximo 14 de septiembre tras casi cuatro años huida, además del conjunto de decisiones de la justicia europea del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La agenda de Sánchez, a examen en el Constitucional
La carpeta del 'procés' sí parece cerrada en el Tribunal Constitucional, cuya agenda marcará el paso del curso político, pues tiene pendiente los recursos contra las leyes más sociales de Sánchez, como la eutanasia, la ley Celáa y el Ingreso Mínimo Vital, con el expediente del aborto en el horizonte sin fecha para resolverlo -lleva 12 años en el cajón-, más aún cuando este año habrá cambio de presidencia.
Esto será así siempre y cuando los vocales conservadores del CGPJ no bloqueen la elección de los dos magistrados que le corresponden antes del 13 de septiembre, que junto a los dos nombrados por el Gobierno, propiciarán un cambio de mayorías en el tribunal, en favor de los progresistas tras años de mayoría conservadora.
Otros asuntos de calado a resolver por el TC son las fórmulas de acatamiento de varios diputados en esta legislatura, la ley de la Infancia, los recursos contra la reforma que limitó los nombramientos del CGPJ, y la posible devolución de su escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Villarejo, Pegasus y la posible exculpación de Aguirre
En vísperas de esta apertura del año judicial, la Audiencia Nacional ha retomado el juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se enfrenta a una petición de 80 años de prisión por la trama de espionaje Tándem. La causa, que comenzó en octubre de 2021, volverá a ser fuente de actualidad en los próximos meses, sobre todo después de Villarejo haya decidido volver a asistir a las sesiones tras varios meses ausente al haber sufrido, según aseguró, un "accidente vascular cerebral".
Entretanto, el juez Manuel García Castellón seguirá buceando en los numerosos encargos que se investigan en este procedimiento, como Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez.
El magistrado debe decidir si incorpora los audios que salieron a la luz en mayo de conversaciones entre Villarejo y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que quedó fuera de la investigación.
Y no será la única decisión que adopte este mismo juez respecto a ex altos cargos del Partido Popular. Encima de su mesa tiene desde julio el informe de la Fiscalía que pide sacar a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González de la rama del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del partido regional.
Otro expediente que afecta al PP madrileño y cuya resolución judicial se podría producir en los próximos meses es el caso Lezo, una presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II. El juez Joaquín Gadea propuso juzgar por blanqueo de capitales al exdirector gerente Ildefonso de Miguel, aunque archivó la causa para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras tres personas.
Además, la Audiencia prevé juzgar a 24 personas por prevaricar en la adjudicación de contratos en siete ayuntamientos madrileños (Collado Villalba, Getafe, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz, Chinchón y Velilla de San Antonio), entre ellos tres alcaldes de las dos últimas localidades citadas y varios funcionarios.
La Audiencia Nacional también investiga el caso 'Pegasus', sobre los pinchazos a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, como la titular de Defensa, Margarita Robles, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El juez José Calama deberá determinar si se produjeron posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.
También en clave política, la Audiencia Nacional podría abrir juicio contra el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez Manuel García Castellón está investigando unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana de los Publos de Nuestra América (ALBA). Según la UDEF, la empresa del fundador de Podemos habría recibido 425.000 euros por dichos informes.
En los próximos meses se debe resolver igualmente el asunto de la extradición del exmilitar venezolano Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, detenido desde hace un año en Madrid, y a quien Estados Unidos reclama por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC. La extradición del que fuera jefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela se encuentra suspendida, a la espera de que se resuelva el recurso que presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero la justicia española ha rechazado en varias ocasiones su puesta en libertad, ante lo que considera un "evidente" riesgo de fuga.
Reabiertas las causas contra la excúpula de ETA
El terrorismo etarra también tendrá protagonismo en este nuevo año judicial, después de que en los últimos meses la Audiencia Nacional haya reabierto varias causas contra los exmiembros de la cúpula de la banda. En concreto, investiga su responsabilidad penal en crímenes como los asesinatos Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o el juez Francisco Querol o los atentados contra la T4 o la casa cuartel de Santa Pola.
La Audiencia Nacional deberá decidir, además, si admite la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra diez exdirigentes de ETA por la expulsión de miles de ciudadanos vascos -entre 60.000 y 200.000 según el Instituto Vasco de Criminología- que se vieron obligados a huir durante los 40 años de actividad de la banda terrorista.
En clave económica, destaca la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios. En cuanto al rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra, el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid debe responder a la petición de archivo efectuada por la compañía.
Uno de los expedientes más mediáticos aún sin resolución judicial es el del caso Titella, que investiga al productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal. El juez Ismael Moreno decidió el pasado mes de mayo prorrogar otros seis meses la investigación y sumó 77 imputados más, la mitad de los cuales no se han presentado a declarar.
Además, en los próximos meses la AN habrá de resolver asuntos como la estafa con criptomonedas -con el acusado principal en libertad bajo fianza de un millón de euros-; la responsabilidad en el naufragio en aguas canadienses del pesquero Villa de Pitanxo, que se saldó con nueve muertos y once personas desaparecidas; o el juicio de la llamada operación Emperador, en la que 105 personas -entre ellas el actor porno Nacho Vidal- están imputadas por fraude fiscal y blanqueo de capitales.