El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ ha concluido este jueves sin llegar a un acuerdo sobre los dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional que les corresponde designar, pero ha servido para fijar el procedimiento para sus nombramientos, como pedía el sector conservador. Está en el aire si el Poder Judicial cumplirá con el plazo del 13 de septiembre para renovar el Alto Tribunal.
El pleno ha comenzado a las 10:30 y ha durado cuatro horas y media, receso incluido. En él, los vocales han establecido las normas de convocatoria, propuesta y votación de los candidatos, que se hará en un nuevo pleno. Éste debe ser convocado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ya sea por propia iniciativa o cuando soliciten al menos cinco vocales, pero el CGPJ especifica que será ya cuando haya dos candidatos.
Fuentes del Consejo a TVE reconocen que las negociaciones están siendo "muy difíciles". Parte de los vocales conservadores, que esta semana amenazaron con boicotear la renovación del Constitucional como propuesta por las dos últimas reformas del Gobierno de la ley del Poder Judicial, se abrió finalmente a pactar los dos nombres que les corresponden. Eso sí, señalan que el Consejo tiene sus propios plazos y no ven posible que los nuevos nombramientos sean en el tiempo dado por el Ejecutivo.
Respecto al procedimiento elegido, el Poder Judicial explica en una nota que los vocales podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el inicio de la sesión, que irán acompañadas con su currículum. Los miembros del CGPJ podrán votar "un máximo" de dos candidatos en cada votación, y la designación solo se dará por concluida en caso de que dos candidatos hayan obtenido el voto de dos tercios del Consejo, ya sea de manera simultánea o sucesiva. En caso de que ninguno obtuviera el número suficiente de votos, se podrán proponer los mismos en sesiones sucesivas del pleno.
La dificultad del acuerdo radica en que los nombres deben ser consensuados por dos tercios del pleno, lo que en circunstancias normales supondría el ‘sí’ de 12 de los 20 vocales del Consejo. Sin embargo, actualmente solo son 18, ya que Rafael Fernández Valverde se jubiló en marzo de 2022, y María Victoria Cinto Lafuente falleció en junio, por lo que al sector conservador le hubiera bastado con sumar el rechazo de ocho vocales a la renovación.
La ley fija de plazo hasta el próximo martes
El pleno de este jueves había sido convocado por Lesmes el pasado mes de julio, después de la reforma del Ejecutivo que permitía al CGPJ realizar nombramientos en el Constitucional y puso un plazo concreto para ello, el próximo martes 13 de septiembre. Y es que el pasado mes de junio caducó el mandato de cuatro magistrados del Alto Tribunal: su presidente, Pedro González Trevijano; vicepresidente, Juan Antonio Xiol (el único de corte progresista); y Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.
Si al CGPJ le corresponde efectuar dos de los cuatro nombramientos, al Gobierno le corresponden los otros dos, con lo que se garantizaría que el Alto Tribunal diera un vuelco al lado progresista cuando el Constitucional todavía tiene que decidir sobre la ley del aborto, la de la eutanasia o la llamada ‘ley Celaá’.
"El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no, los días sucesivos", ha dicho el presidente del CGPJ en varias ocasiones a lo largo de esta semana, lo que parece indicar que estaría dispuesto a convocar otro pleno, como tarde, el próximo martes para que se efectúen los nombramientos. Y es que es poco probable que del pleno de este jueves salga algo más que el procedimiento para ello.
El propio presidente del Consejo ratificó este miércoles en declaraciones ante los periodistas, tras una tensa apertura del año judicial (fue muy crítico con el Gobierno y el PP por los casi cuatro años de bloqueo en el Poder Judicial), que la principal aspiración de este jueves es establecer el protocolo para poder avanzar hacia el nombramiento de los dos candidatos. Para ello, bastaría con un acuerdo por mayoría simple.
Un pleno envuelto en la polémica y amenaza de 'boicot'
El pleno del CGPJ lleva toda la semana envuelto en polémica. Primero, por una publicación de El Mundo relativa a que Lesmes habría recibido presiones del Ejecutivo para facilitar la renovación del Constitucional a cambio de garantizarse un puesto en el mismo, ante las reticencias de un sector conservador en el Poder Judicial, algo que el propio Lesmes salió posteriormente a desmentir y criticó un intento de hacerle “tambalear” en su labor.
El martes, varios vocales conservadores del Consejo se reunieron por la noche con una amenaza de boicotear la renovación como protesta por la reforma del Gobierno que impidió al CGPJ realizar nombramientos (lo que afecta sobre todo al Supremo) y la rectificación posterior para permitirle nombrarlos en el Constitucional. Finalmente, aceptaron pactar nombres por responsabilidad institucional, pero sin plazos y después de fijar las "reglas del juego".
Lesmes ya había advertido de que se oponía a que la institución se declarase “en rebeldía” en relación con la Constitución y con la ley. Finalmente los conservadores decidieron que, por responsabilidad institucional, sí se abrían a un acuerdo para proponer candidatos al Constitucional, aunque no en este pleno, ya que primero habría que establecer las “reglas del juego” (cómo proceder para la propuesta y la votación) y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".
¿Qué pasa con los dos candidatos del Gobierno?
Mientras el CGPJ no nombre a sus candidatos, el Ejecutivo no puede situar a los suyos en el Tribunal Constitucional. La Carta Magna indica que el Alto Tribunal debe renovarse por tercios, y el que venció el 12 de junio es el tercio que corresponde a ambos. Por tanto, los cuatro nombramientos deben hacerse a la vez y no por separado.
Sobre todas estas cuestiones se ha pronunciado una de las magistradas del Constitucional, María Luisa Balaguer, quien ha defendido en RNE que “el Gobierno ha cumplido su parte” con la ley para facilitar la renovación del TC y ha llamado a un debate sereno para renovar las instituciones y dialogar “al margen de la prensa” y de las redes sociales. Ha admitido que le gustaría ser presidenta del Constitucional porque “sería una buena forma de potenciar los consensos”, aunque ha lamentado que a las mujeres “no se les hace ningún caso”. Pero también ha dicho que estaría “encantada” si sus compañeros nombran a Cándido Conde-Pumpido.
La intención del presidente del CGPJ es dejar encarrilados los nombramientos en el Constitucional antes de adoptar medidas para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que afronta su cuarto curso judicial con el mandato vencido. Este jueves, instó al presidente del Gobierno y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a desbloquear el CGPJ en las próximas semanas y renovarlo, o devolverle sus competencias, y amenazó con dimitir de no ser así.