La agonía acompaña desde hace tiempo cada votación en el Congreso de los Diputados y cada una de ellas pende de un hilo que puede complicar y mucho la recta final de esta legislatura en un contexto de tensión creciente del Gobierno con ERC, un socio clave para Pedro Sánchez, con el que la relación política está más que tocada pero aún no hundida.
Los republicanos amenazan directamente con "tumbar" toda la agenda legislativa tras el escándalo generado por el supuesto espionaje a independentistas por el sistema Pegasus y, aunque el presidente ha dicho por activa y por pasiva que tiene intención de agotar los plazos y convocar elecciones generales cuando tocan, a finales del año que viene, un escenario sin apoyos ni estabilidad parlamentaria complica la situación.
La votación de esta semana para sacar adelante el decreto de ayudas para paliar la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania ha vuelto a poner contra las cuerdas a un Ejecutivo para el que ya es costumbre la negociación hasta el último minuto, a horas de los plenos parlamentarios, y contener el aliento hasta el pitido final. De momento, el Gobierno está salvando las votaciones, pero hasta el propio Pedro Sánchez tuvo que anular un viaje el jueves ante lo ajustado de cada suma en el Congreso.
Cuando el Gobierno aún no ha olvidado la votación de infarto de la reforma laboral- una de las más importantes de toda la legislatura- que solo salió adelante por la carambola del error en el voto de un diputado del PP, ha tenido que enfrentarse a la no menos trascendente votación del decreto anticrisis que, aunque menos intensa y rocambolesca, solo quedó despejada cuando EH Bildu anunció su voto a favor "por la gente", que no "por el Gobierno".
Que el Ejecutivo saque una votación adelante gracias a esta formación solo da munición al PP para atacar sus relaciones parlamentarias, mientras que desde el Gobierno su portavoz, Isabel Rodríguez, se apresura a negar pacto alguno con Bildu o contraprestación por ese 'sí'.
El PSOE agudiza su crisis con Podemos y sus socios parlamentarios
En el fondo de la nueva revolución política está el presunto espionaje a 60 independentistas, que ha causado un terremoto político con diferentes derivadas. El Gobierno debilita su relación con sus socios de investidura, ERC, PNV y Bildu- en el caso de ERC casi hasta la ruptura- que han lanzado durísimas acusaciones contra el Ejecutivo, con peticiones de dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el foco de esta polémica llevada ya a los tribunales por el Parlament de Cataluña. Junts aumenta su presión también hacia ERC, en el marco de sus propias diferencias, y le insta a "dejar de sostener" a Sánchez.
El Govern ha decidido de momento "restringir" su relación con el Gobierno y aparcar la mesa de diálogo, a pesar de las llamadas del Ejecutivo por reconducir la situación.
Sánchez instó a ERC a "reconstruir la confianza" en la sesión de control de este pasado miércoles, marcada por esta polémica, y se comprometió con ellos a "investigar con transparencia" lo que desde el independentismo se considera "espionaje alegal" de "máxima gravedad" que vinculan con las "cloacas del Estado". El presidente trató de ser conciliador con ERC, pero también dejó clara su defensa al Centro Nacional de Inteligencia: "Todo lo que se ha hecho por parte del CNI es ateniéndose, escrupulosa y rigurosamente, a la ley, y hemos demostrado nuestra absoluta disponibilidad para colaborar con la Justicia desclasificando los papeles si así se requiere".
Era el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el que trataba de limar asperezas reuniéndose con el líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, aunque sin éxito. Ya se había desplazado el fin de semana pasado a Cataluña a tratar de rebajar la tensión. Pero la intervención de Robles en el Congreso terminó de caldear a los grupos independentistas, a los que criticó por “rasgarse las vestiduras" y hacerse las "víctimas" y a los que lanzó una pregunta que causó gran polémica: "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?".
Pero esta nueva polémica, a la que le quedan capítulos, no solo hiela las relaciones del Gobierno con sus socios parlamentarios, profundiza en una crisis ya endémica en el seno del Gobierno de coalición con críticas muy duras en el espacio de Unidas Podemos al PSOE y con el punto de mira también en la ministra Robles, a la que acusan directamente de "justificar" el espionaje con esas declaraciones. No piden directamente su cese- como hacen algunas formaciones independentistas- pero sí hablan claramente de "responsabilidades políticas" y creen que "tienen que rodar cabezas" sin decir de momento cuáles. Les es insuficiente la investigación anunciada por el Gobierno.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aumentó la escalada este viernes y avisó al PSOE de "poner en riesgo" y "tensar" el gobierno conjunto al acercarse al PP (buscó su apoyo para el decreto anticrisis) e instó a "rearticular" la coalición "con urgencia", "cuidarla" y a restablecer la confianza con los socios parlamentarios.
“En las próximas semanas el Gobierno de coalición tiene que volver a marcar el paso de la legislatura", añadió Belarra, que afeó a su socio "mirar al PP y a la Casa Real". Cree la líder que para "frenar a la ultraderecha, no hay que tender la mano permanentemente a Feijóo" que "ya ha elegido que su socio es Vox".
Pero, aunque Unidas Podemos critica que el PSOE busque el apoyo de los 'populares', lo cierto es que estos están lejos de dar oxígeno a Sánchez en algo. Los socialistas están viendo cómo el apoyo del PP a cualquier iniciativa era imposible con Pablo Casado, pero también lo es, al menos de momento, con Alberto Núñez Feijóo, que este mismo viernes dimitió como presidente de la Xunta de Galicia para centrarse ya en el liderazgo del partido.
Su secretaria general, Cuca Gamarra, también elevó el tono este viernes, en una entrevista en TVE, en la que acusó al PSOE de "romper un pacto de Estado" y "cruzar las líneas" al permitir la entrada de EH Bildu, ERC, la CUP y JxCat en la comisión de secretos oficiales y reprochó al Gobierno el "desprecio" a la alternativa económica planteada por el PP. Según Gamarra, el 'sí' de Bildu al decreto para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania tenía como contraprestación su inclusión y del resto de independentistas en la comisión de secretos oficiales, algo que desde el Gobierno se niega.
Tras sacar adelante la votación del jueves, Sánchez lamentaba que el PP "se apunte al cuanto peor mejor" y añadió que había ganado "la política sana”. Desde el Gobierno ven muy difícil explicar por parte del PP que votara 'no' a "bajar la gasolina a los españoles". Creen desde Moncloa que el PP sigue instalado en la política del "no por el no" y de "tierra quemada".
La directora del CNI, cara a cara con los diputados supuestamente espiados
Los 'populares', al igual que otros partidos como Vox o Cs, han sido durísimos con la decisión de reducir la mayoría parlamentaria para permitir que estos partidos independentistas accedan a la Comisión de control de créditos destinados a gastos reservados, más conocida como la comisión de secretos oficiales, tras ser oficialmente constituida este jueves con diez nombres propios: Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurúa (Bildu) y Albert Botran (CUP).
Esta comisión se reunirá en breve- podría ser esta misma semana- y en ella estos diputados tendrán acceso a información clasificada, a recibir informes periódicos sobre el uso de fondos reservados y a controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.
Precisamente el Gobierno ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, para informar de la investigación interna sobre el supuesto espionaje y todo apunta a los próximos días. El miércoles también comparecerá la ministra Robles en lo que se espera una semana política de alto voltaje con los independentistas dispuestos a llegar hasta el final para conocer el fondo del presunto espionaje.
Paz Esteban se enfrentará en esa comparecencia a cuatro diputados soberanistas- Rufián, Nogueras, Iñarritu y Botrán- los tres últimos en la lista de políticos espiados que ha publicado la revista The New Yorker.
Y todo ello con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina
Todo ello en un contexto que solo puede crisparse más, ya que pasado el puente de mayo comenzará una nueva precampaña electoral en Andalucía- que se cita con las urnas el 19 de junio- con el arranque de campaña oficial el 3 de ese mes. Poco se juegan allí los independentistas, pero los partidos nacionales comenzarán en breve la batalla y el asunto catalán, que en los últimos meses había rebajado considerablemente los decibelios, vuelve a sacudir la política nacional.
Si todos se volcaron de forma muy intensa en las elecciones de Castilla y León, lo harán más aún en unos comicios- los andaluces- que históricamente han marcado tendencias consolidadas después en toda España.
Y en ese punto nadie duerme tranquilo: ni un PSOE que ve como el PP gana en Castilla y León y también lidera las encuestas en Andalucía, ni un PP que mide el nuevo liderazgo de Feijóo y ve su destino atado a Vox, ni un Unidas Podemos que no ve buenas perspectivas electorales en esa comunidad y sigue con su candidata 'in pectore' Yolanda Díaz, que escucha, pero no termina de dar el paso para las elecciones generales.