El Gobierno ha anunciado que tramitará el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania como un proyecto de ley para incluir propuestas de los grupos parlamentarios, según han informado fuentes gubernamentales a RTVE.
Esta decisión llega después de que el PP haya remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se abre a votar a favor del decreto económico que se convalida este jueves en el Congreso si se tramita como proyecto de ley e incluye algunas medidas recogidas en el plan fiscal que ha presentado recientemente Alberto Núñez Feijóo, como la rebaja de impuestos.
El Ejecutivo está negociando con todos los grupos parlamentarios para intentar asegurar la convalidación del decreto, dado que los grupos independentistas condicionan su apoyo a la creación de una investigación parlamentaria sobre las presuntas escuchas a más de 60 líderes políticos con el programa Pegasus, ya que consideran que una investigación interna en el CNI y una comisión de secretos oficiales no son suficientes.
La decisión de aceptar la tramitación como proyecto de ley se ha adoptado pese a que el Gobierno había venido asegurando que no tenía sentido, ya que la duración de las medidas es de solo tres meses, a la espera de que la evolución de los acontecimientos llevara a que perduraran algo más en el tiempo.
Montero se muestra dispuesta a negociar
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha contestado por la misma vía al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, reiterando que el Gobierno mantiene desde el inicio de la legislatura la mano tendida al PP para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
En la misiva, Montero se ha mostrado dispuesta a abordar en una negociación las propuestas del PP y también los 11 puntos que el presidente del Gobierno entregó a Feijóo y que abarcaban temas relevantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el regreso del PP al Pacto Antitransfuguismo o un acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables, entre otros.
"Respecto a vuestro documento, comprenderás que requiere de un análisis profundo. Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo", ha señalado la ministra.
El PP pide incorporar rebajas fiscales
De momento, el Gobierno tiene asegurados los votos de PNV, Más País, PdeCat y algún voto del Grupo Mixto. Con una abstención del Partido Popular, podría salir adelante el decreto.
Por parte del PP, la condición para dar su apoyo es que el Gobierno acepte algunas de sus propuestas, lo que podría hacer en el trámite parlamentario del proyecto de ley. Entre las medidas exigidas están la rebaja fiscal a rentas medias y bajas, reducir el IVA de la electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%), medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y reducir el gasto burocrático y político.
Ciudadanos, por su parte, ha dicho que solo apoyará el plan si hay cambios en la política sobre las centrales nucleares y si se deja fuera de la llamada comisión de secretos oficiales a ERC y Bildu, tras el cambio de mayorías propuesto por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. "No vamos a caer ni una vez más en este chantaje del Gobierno", ha dicho el portavoz del partido, Edmundo Bal.
También el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Sánchez que "entregue los secretos de Estado" al separatismo, mientras que la diputada Macarena Olona ha acusado a Batet de "prostituir" la Cámara por rebajar los requisitos para que puedan entrar en la comisión esas formaciones.
Según el procedimiento parlamentario, una vez convalidado el decreto, se vota su tramitación como proyecto de ley con carácter urgente, lo que reduce considerablemente los plazos, a pesar de lo cual se pueden introducir enmiendas.
El plan anticrisis incluye medidas –cuantificadas por el Ejecutivo en unos 16.000 millones de euros– como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina, la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler o bajada de los peajes a la industria electrointensiva. Además, contiene propuestas sociales, energéticas, ayudas al campo, la cultura o las acordadas con el sector del transporte.