El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que el Grupo Popular se abría a votar a favor del decreto anticrisis que se convalida este jueves en el Congreso si en su tramitación como proyecto de ley incluye algunas medidas recogidas en el plan económico que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, como la rebaja de impuestos.
Después de que Montero telefoneara el martes por la noche a Bravo "solicitando el apoyo del PP al decreto económico del Gobierno", el responsable de Economía de los 'populares' le ha emplazado a abrir "una negociación completa y detallada" sobre las propuestas "realistas" que recoge el documento que Alberto Núñez Feijóo remitió a Moncloa el pasado viernes.
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Entre las medidas exigidas están la rebaja fiscal a rentas medias y bajas, reducir el IVA de la electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%), medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y reducir el gasto burocrático y político.
Montero también ha contestado a Juan Bravo a través de una carta y le ha reiterado que el Gobierno mantiene desde el inicio de la legislatura la mano tendida al PP para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
La ministra de Hacienda se ha mostrado dispuesta a abordar en una negociación las propuestas del PP y también los 11 puntos que el presidente del Gobierno entregó a Feijóo y que abarcaban temas relevantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación del voto rogado, el regreso del Partido Popular al Pacto Antitransfuguismo, un Acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra, el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuestiones de Política exterior y Seguridad Nacional.
El Gobierno cede ante las exigencias del PP
Fuentes del PP han hecho hincapié en que Bravo había trasladado al Gobierno la voluntad del PP de buscar puntos de encuentro y la petición de que, a cambio de facilitar la aprobación del decreto, se tramitara el texto como proyecto de ley, comprometiéndose por escrito a que sea en este periodo de sesiones.
Finalmente, el Gobierno ha cedido ante estas exigencias y a última hora de este miércoles ha anunciado que tramitará el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania como un proyecto de ley que permitirá incluir las propuestas de los grupos parlamentarios.
No obstante, fuentes del PP mantienen que "no hay cambios" en su postura. Recuerdan que han pedido por escrito una serie de cosas que siguen sin garantizarse. "El PP por ahora no ve recogidas las demandas que plantea por escrito", han dicho.
En la carta enviada, Bravo señalaba que el decreto que trataba de sacar adelante el Ejecutivo tenía "algunas cuestiones aprovechables, pero otras inasumibles, otras insuficientes y muchas notablemente mejorables". Por ello, sugería "abrir un proceso de diálogo urgente con el fin de que nuestras propuestas se concreten en su correspondiente tramitación como Proyecto de Ley".
"En nuestra opinión, lo recomendable es que las medidas que se adopten sean suficientes para revertir los daños ocasionados a las familias y a la economía, así como fruto de amplios consensos", ha añadido, mostrando el desacuerdo del PP con que "el Gobierno central se conforme con exiguas mayorías y renuncie al diálogo con el principal partido de la oposición".
ERC y Bildu ponen en riesgo la aprobación del plan de choque
La propuesta del PP ha llegado en medio de la crisis del Gobierno por las acusaciones de un presunto espionaje de Pegasus a más de 60 líderes independentistas. El presidente Pedro Sánchez ha mostrado su compromiso con la “transparencia” su “máxima voluntad de esclarecer” los hechos a través de una investigación interna en el CNI y colaborando con la que impulsará el Defensor del Pueblo en este mismo organismo.
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Sin embargo, para los independentistas esto es insuficiente. Partidos como ERC y EH Bildu no garantizan el respaldo de la mayoría de la investidura para sacar adelante el decreto económico si el Ejecutivo no impulsa las medidas necesarias, como una comisión de investigación en el Congreso o dimisiones.
El PNV, formación afectada por el presunto espionaje, por el momento sí lo apoyará, pero se muestra muy crítico y advierte que si no actúa con "contundencia" tendrá problemas no solo con ERC.
En este contexto, la portavoz 'popular' Cuca Gamarra le ha dicho este miércoles en el Congreso a Sánchez que "todavía está a tiempo de elegir entre los que quieren debilitar el Estado, para los que usted siempre tiene tiempo, y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante", a lo que el presidente ha respondido pidiendo el apoyo del PP y otros partidos de la Cámara.