Si trazáramos hoy una línea imaginaria con la intención de definir los accidentes geográficos que conforman el mapa del país, probablemente y junto a sierras, cordilleras o montañas habría que recurrir al trazado vertical de los aerogeneradores que, cada vez con más persistencia, redefinen paisajes en áreas rurales.
Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en 2020, España cuenta con 1.267 parques eólicos en más de 800 municipios, unas cifras que avalan la potencia de 27.446 megavatios (MW) producidas en estas megaconstrucciones que ya suponen casi el 22 % de la electricidad consumida en el país. Con estos datos, el Gobierno planea un notable incremento en la producción que tal y como trasladó a Bruselas a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 2030 y la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático establece en 50 gigavatios (GW), o lo que es lo mismo 50.000 MW, la potencia a alcanzar en los próximos nueve años.
Sin embargo, el beneficioso, al menos sobre el papel, camino hacia un modelo más sostenible se ha topado con un buen número de críticas ciudadanas que entienden que el proceso de transición energética no puede ejecutarse poniendo en riesgo la biodiversidad, el paisaje y, en definitiva, parte del patrimonio de sus zonas y abogan por buscar alternativas que vayan, insisten, más allá de posibles intereses económicos de los promotores de estos parques.
De la preocupación vecinal a la llamada a la calma del ministerio
La energía eólica está presente en casi la totalidad de las comunidades autónomas, aunque el número de instalaciones activas es especialmente sensible en Castilla y León (257 parques, según AEE). Allí, las protestas por las nuevas infraestructuras previstas con molinos que superan los 180 metros se han convertido en la avanzadilla de los movimientos en contra que también se dan en otras regiones como Cantabria, Navarra, Aragón o Cataluña.
La fiebre por los parques eólicos divide a los vecinos en Teruel
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran a RTVE.es que “el fenómeno ‘no en mi patio trasero’ de las energías renovables no es nuevo" y que aunque entienden la preocupación de la sociedad por los efectos asimétricos que pueden generar en el territorio, "existe una normativa energética y ambiental garantista que solo autoriza proyectos respetuosos”.
“El fenómeno ‘no en mi patio trasero’ de las energías renovables no es nuevo“
Preguntados por el riesgo de sobredimensión que denuncian plataformas vecinales, dicho ministerio destaca que, en estos momentos, no se observa tal riesgo, ya que "a pesar de que el número de parques en tramitación parezca muy alto no todos los proyectos serán aprobados y se llevarán a cabo". Además y sobre la ubicación dejan claro que "no existe una planificación al detalle acerca de qué proyectos se llevan a cabo y dónde, ya que la iniciativa corresponde a los promotores"; no obstante, recuerdan que "las administraciones sí que cuentan con instrumentos que permiten condicionar su desarrollo".
Para el departamento que dirige Teresa Ribera, "la solución pasa por el diálogo con la sociedad, la ciencia y los sectores económicos”. Un debate que, según las asociaciones, no siempre está encima de la mesa.
El debate competencial y la disparidad de criterios
Una de las divergencias más importantes que suscitan estos planes renovables tiene que ver con quién asume la responsabilidad de tumbar o dar viabilidad a estas iniciativas. Actualmente, el órgano competente para autorizar la instalación es el ministerio siempre y cuando hablemos de propuestas que superen los 50 MW, mientras que la comunidad autónoma se hará cargo cuando se trate de parques más pequeños. Esta regla de juego, aparentemente sencilla, alcanza cotas de incomprensión cuando la similitud de dos territorios no implica semejanza en la toma de decisiones.
Esto es lo que ocurre en Las Merindades (comarca situada al norte de Castilla y León) y los Valles Pasiegos (comarca cántabra). Pese a ser áreas colindantes con alto valor ecológico, pertenecer a comunidades distintas y sujetar proyectos con diferentes potencias hacen que en esta suma uno más uno no sea inequívocamente dos. Mientras que los parques de 51 MW proyectados en la zona cántabra son competencia del Ministerio de Transición Ecológica y han contado con el informe desfavorable al Estudio de Impacto Ambiental por parte del Gobierno cántabro, las múltiples propuestas lanzadas en Las Merindades (de 49 MW) no tienen tan claro poder poner ese primer e importante freno a una futura implementación, pese a que una votación no vinculante en el Ayuntamiento comarcal ya ha dejado claro la negativa de los vecinos.
Detalle de un banco público en Pedrosa de Valdeporres (Las Merindades) en el que se alerta de la llegada de aerogeneradores.
“Llevamos 20 años de implementación eólica en los que también ha planeado la sombra de la corrupción y ahora nos encontramos con nuevos proyectos y la modificación de anteriores que se sitúan en área Red Natura 2000, Zona Especial de Conservación (ZEC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)”, destaca Elena, miembro de la Mesa Eólica de Merindades de Burgos ante la incesante llegada de iniciativas. Para ella, la responsabilidad autonómica es sinónimo de mayor laxitud a la hora de abordar el problema. “Una de las instalaciones afecta a un área que ya en 2006 recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa por parte de la Junta de Castilla y León y no entendemos qué ha cambiado desde entonces”, sentencia. Su voz se suma a la del arqueólogo e historiador Eduardo Peralta, conocedor del lugar y que considera que construir o modificar el terreno en la zona prevista "es una barbaridad, porque está en juego un gran castro de Edad del Hierro, además de vestigios únicos de las Guerras Cántabras".
Por su parte, desde el Gobierno castellano y leonés reiteran que en cada proyecto no se trata “solo de una cuestión de opiniones, sino que por los técnicos y por los miembros de las comisiones de Medio Ambiente y Urbanismo se valora si hay impactos críticos, severos o compatibles” para valorar la tramitación.
En la vecina Cantabria, en cambio, la situación es distinta. “La movilización vecinal ha ayudado a que todos los alcaldes se hayan posicionado en contra de la construcción de parques eólicos y hasta el Gobierno autonómico ha emitido ya informes desfavorables de los dos primeros proyectos que han salido”, recalca Aitor, miembro de la Plataforma para la defensa de los Valles Pasiegos, en referencia a los dictámenes relativos a Garma Blanca y Ribota.
Tras esa reciente evaluación, el Ejecutivo cántabro subraya que “lo normal ahora es que el ministerio directamente acabe desestimando estas instalaciones”, nos cuenta el consejero de Ordenación del Territorio, José Luis Gochicoa que añade que la línea sobre la que trabajan es la de “solo dar el visto bueno a los parques que cumplan con todas las garantías desde todos los puntos de vista”.
Las empresas promotoras se aprovechan de la falta de información
Aunque los trámites impliquen votaciones, consultas o período de alegaciones de los vecinos correctamente reglados, los movimientos ciudadanos destacan que la falta de información sigue siendo un arma para las empresas promotoras. "Había una mayoría que no sabía qué iba a pasar, también estaban aquellos que lo sabían y que caían en la resignación y toda esa sensación ha cambiado, eso es lo bueno", remarca Aitor de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos cuyas charlas y encuentros con residentes, considera, han sido claves para visibilizar la situación.
Reunión vecinal informativa en el polideportivo de Selaya, en los Valles Pasiegos (Cantabria).
"Creo que hay una conexión con la sensación de que en estos lugares no hay mucha gente y que las empresas creen que nadie se va a mover", destaca Elena, de la Mesa Eólica de Merindades de Burgos. Junto a más asociaciones de otras autonomías como Galicia o Asturias han conformado un fondo jurídico común (Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica) para dar batalla en tribunales. "Contamos con que habrá que seguir presionando para que no se avance en la construcción de estos polígonos eólicos y nos defenderemos si se siguen vulnerando leyes", aclara Aitor. Elena redobla esa postura y opina que "en el momento en el que a uno de estos parques se le dé el visto bueno y se permita su construcción, se acabó", en referencia a la rotura que, piensa, se produciría en la zona y como el proyecto de vida en estos pueblos se pondría en serio riesgo. Un peligro que, a día de hoy, compromete para estos grupos cualquier brisa de aire fresco que llame a una posible solución.