Los diferentes criterios a la hora de aplicar la justicia en lo relativo a las restricciones por el coronavirus están cobrando protagonismo en la recta final del estado de alarma, que decae a las 00:00 horas de este domingo.
Así, mientras los jueces han avalado mantener el toque de queda en Baleares y la Comunidad Valenciana, lo han rechazado en el País Vasco, donde tampoco se podrán llevar a cabo los confinamientos autonómicos o municipales ni el límite de reuniones sociales, como pretendía el lehendakari, Iñigo Urkullu. Mientras, Canarias y Navarra esperan la decisión de los tribunales.
La Justicia, dividida ante las medidas de las comunidades para afrontar el fin del estado de alarma
La justicia también ha avalado la petición de Cataluña de limitar las reuniones sociales a seis personas y un aforo del 50% en actos religiosos, aunque el Govern no había solicitado mantener el toque de queda nocturno para controlar la pandemia.
Otras medidas, como el uso obligatorio de marcarillas y las limitaciones de aforos y de horarios en el comercio, la hostelería, cines, teatros, museos, lugares de culto e instalaciones deportivas seguirán vigentes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha determinado que Euskadi no puede mantener el toque de queda nocturno, los confinamientos autonómicos o municipales ni el límite de agrupaciones de cuatro personas al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
El Gobierno Vasco había planteado, entre otras medidas, el cierre perimetral de la comunidad autónoma si la tasa de contagios por coronavirus a 14 días superaba los 200 casos por 100.000 habitantes.
Según afirma el tribunal, "nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".
Su resolución va a permitir a los vascos recuperar la libre circulación a partir de este domingo tras meses de restricciones en su movilidad ya que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que acatará lo que decida el Tribunal Superior vasco sobre el decreto.
El lehendakari ha convocado esta tarde el Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para aprobar el decreto con las medidas a aplicar en cuanto decaiga el estado de alarma.
Valencia y Baleares mantendrán el toque de queda
La decisión del TSJPV contrasta con la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha avalado este viernes la propuesta de la Generalitat de mantener el toque de queda nocturno a partir de este domingo entre la medianoche y las 6:00 horas y que las reuniones sociales se limiten a un máximo de diez personas, así como la limitación al 75% del aforo en los espacios de culto.
El alto tribunal valenciano da su visto bueno a estas medidas al considerar que son "idóneas, necesarias y proporcionadas" para atajar la transmisión del virus, aunque restringe su vigencia hasta el 24 de mayo, y no el 30 de ese mes, como había reclamado la Generalitat.
Además, establece que serán la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación los que determinen "la necesidad -o no- de su prórroga o la adopción de la autoridad competente de medidas de mayor laxitud en la afectación de los derechos fundamentales".
El TSJCV considera que la Ley de Salud Pública de 1986 proporciona "suficiente cobertura normativa" para adoptar medidas que limiten -aunque no suspendan- los derechos fundamentales.
También el Tribunal Superior de Justicia de Baleares autorizó el jueves las medidas sanitarias aprobadas por el Consell del Govern balear y que incluyen la prórroga hasta el 23 de mayo del toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas, los controles de pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos de las islas, limitar a seis el número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios particulares y restringir al 50% el aforo en espacios de culto.
Además, Navarra también mantendrá a partir del domingo el toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 6:00 horas y limitar las reuniones sociales a seis personas aunque deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el que ratifique estas medidas en su reunión del martes. La presidenta de esta comunidad, María Chivite, se ha mostrado confiada en que la justicia avale la medida del mismo modo que ha ratificado "la práctica totalidad de las medidas que hemos ido poniendo" en marcha.
Mientras, Canarias está a la espera de que la justicia ratifique sus restricciones, que incluyen el toque de queda a partir de las 23:00 horas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro y de la medianoche en el resto del territorio.
Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, han optado por no aplicar el toque de queda porque los servicios jurídicos de la Junta "no lo ven con alcance jurídico constitucional", según ha afirmado este viernes el presidente castillanomanchego, Emiliano García-Page.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que a partir del domingo permitirá las reuniones de no convivientes en domicilios y suprimirá el toque de queda, aunque cerrará las zonas básicas de salud con alta tasa de incidencia, una medida que también deberá contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Recurso de casación 'exprés'
A pesar de las peticiones de varias comunidades autónomas, el Gobierno central ha descartado desde hace semanas prorrogar el estado de alarma para controlar la pandemia y poder aplicar medidas restrictivas que afecten a los derechos fundamentales.
Precisamente para evitar las discrepancias entre los diferentes territorios, el martes optó por crear un recurso de casación 'exprés' ante el Tribunal Supremo, con el fin de que este unifique la doctrina. La Sala Tercera del alto tribunal tendrá cinco días de plazo para resolver.
Pero el propio Tribunal Supremo ya ha emitido una nota de urgencia en la que apunta a una "posible insuficiencia" o "inadecuación" en el rango de la norma empleada para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales.
En declaraciones a RNE, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido el decreto del Gobierno que deja en manos del Supremo la autorización de las restricciones tras el estado de alarma y ha afirmado que sirve para "empoderar" al alto tribunal para su "rol consistitucional, que es la unificación de doctrina".
También el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha afirmado este viernes que hay "instrumentos necesarios" para que las comunidades autónomas puedan establecer "las medidas necesarias para garantizar la salud" tras el final del estado de alarma.
"Tenemos un patrimonio normativo suficiente para que todas las comunidades autónomas, atendiendo a la realidad concreta de cada una de ellas, adopte las medidas necesarias y precisas, y evidentemente, el Gobierno está para coordinar y colaborar con todas ellas en todo momento", ha asegurado a preguntas de los medios en Guadalajara. "No va haber ningún problema", ha añadido.