El Gobierno ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto-ley que contempla 11.000 millones de ayudas directas a pymes y autónomos para garantizar la solvencia de las empresas durante la crisis sanitaria de la COVID-19, que permitirá dotar a las comunidades autónomas de un "margen de flexibilidad adicional" para poder conceder los fondos a más sectores y empresas, en función de la afección de la pandemia en sus territorios.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que con esta modificación, cada comunidad podrá determinar las empresas y sectores porque cada una "tiene características específicas" que requieren una respuesta personalizada, como ocurre con los sectores del vino o el calzado en algunos territorios.
Así, se podrá incluir nuevos sectores a los ya contemplados en el Real Decreto original y que hubieran podido quedar fuera. Y además, permitirá que empresas "viables" que hayan registrado pérdidas en 2019 debido a "circunstancias excepcionales" puedan acceder a dichas ayudas, como es el caso de las empresas afectadas por el cierre del mayorista turístico Thomas Cook en Canarias y Baleares.
"Esta mejora es muy importante para los operadores turísticos de las islas que se van a poder beneficiar de las ayudas directas", ha señalado Montero.
Ya ha remitido el convenio a las comunidades
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a todas las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Una vez firmados los convenios, algo que de momento solo lo han hecho Extremadura y Castilla-La Mancha, también lo deberá firmar la propia Montero y después se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los recursos que le correponda a cada autonomía se transferirán en un plazo máximo de 10 días, y a continuación, podrán sacar sus convocatorias de ayuda.
Sobre el hecho de que solo dos regiones han firmado los convenios, Montero lo ha atribuido a que el Gobierno envió el documento el viernes y han transcurrido pocos días desde entonces. En este sentido, ha descartado por completo que alguna comunidad no lo firme.
"No veo posible que alguna comunidad se descuelgue porque hurtaría la posibilidad de dar esas ayudas a las empresas. Si se diera esa circunstancia, el Gobierno lo estudiará porque no vamos a dejar a nadie atrás", ha advertido.
Para que las ayudas puedan llegar cuanto a las empresas, el departamento que dirige María Jesús Montero ha pedido a los Gobiernos autonómicos que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma y, además, les ha instado a tramitar esa rúbrica con carácter de urgencia.
Se podrán aplazar las deudas no tributarias ni aduaneras
Además, en la modificación del Real Decreto, se permitirá aplazar por dos años las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, como las derivadas del reintegro de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado (AGE) y distribuidas en las comunidades autónomas. Asimismo se podrá fraccionar otros dos años más el pago de esas deudas.
Según Montero, con esta medida se quiere "agilizar" los aplazamientos para "garantizar la liquidez y solvencia de las empresas", como ya se hizo con las deudas tributarias y aduaneras, y se podrá solicitar en los ejercicios de 2021 y 2022 con independencia al periodo al que se refiera.