Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido este martes al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar las ayudas directas a empresa y trabajadores autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia.
En un comunicado conjunto, los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y de la Ciudad Autónoma de Ceuta han reclamado la reunión "con la máxima urgencia" del CPFF, en el que están representados el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas, para abordar una modificación del Real Decreto y la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en las empresas y autónomos.
Los titulares autonómicos de Hacienda denuncian el "menosprecio" hacia los gobiernos regionales por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusan de actuar de manera "unilateral" y con "deslealtad institucional".
En este sentido, reprochan al Ejecutivo que haya encomendado a las Comunidades Autónomas la gestión de buena parte del Fondo de Ayudas directas a empresas "sin consensuar previamente" con ellas y sin darles "la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto", además de censurar que se hayan enterado de ello por el Boletín Oficial del Estados (BOE).
"Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio", lamentan los seis consejeros, que critican que se imponga a las Comunidades Autónomas la obligación de gestionar "ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender".
En la misma línea, han subrayado que se trata de un "nuevo episodio de deslealtad institucional del Gobierno" al "dejar de lado" a los gobiernos regionales "en las decisiones más trascendentes".
El Ejecutivo, han señalado, demuestra así "que su concepto de cogobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral".
Gestión "sin consenso"
Han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por encomendarles la gestión del Fondo de Ayudas directas a empresas "sin consenso", lo que califican que "deslealtad institucional". Por otro lado, han añadido que la asignación de estas ayudas entrañan una "gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa" que se suma a la falta de transparencia y diálogo en la gestión de los fondos de Recuperación, la falta de claridad sobre la ejecución de Next Generation o la ausencia de información sobre el Fondo COVID 2021.
"La economía española se desangra como consecuencia de la crisis por la COVID y de la desacertada política que está imponiendo el Gobierno de España, dejando sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera de cualquier coordinación. El PIB del primer trimestre, tal y como apuntan los análisis presentados por la AIREF y otros organismos, no solo no recogerá una mejora de la producción sino que se situará en terreno negativo", han argumentado.
El Ejecutivo central ha aprobado un real decreto con un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros a través de transferencias directas (7.000 millones), reestructuraciones de deuda (3.000 millones) y recapitalizaciones (1.000 millones).
Estas ayudas serán gestionadas por los gobiernos regionales y los fondos se asignarán siguiendo los siguientes criterios: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas (regiones), impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.