El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el fondo de 11.000 millones de euros en apoyo a los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas y que, después de discrepancias en el seno del Ejecutivo en torno a su reparto, estará compuesto por 7.000 millones en ayudas directas que gestionarán las comunidades autónomas. Las empresas más afectadas por la pandemia recibirán entre 3.000 y 200.000 euros para sufragar gastos fijos como los suministros o el alquiler, o bien reducir deudas con proveedores.
"Se trata de anticiparnos a problemas de solvencia empresariales: tratamos de aliviar la caída de ingresos, que se pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas viables y que el sobreendeudamiento lastre la recuperación", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha marcado un plazo máximo de 40 días para que estas ayudas directas lleguen a las comunidades autónomas, confiando en que las autonomías hagan llegar las ayudas a las empresas "lo antes posible".
Las regiones más beneficiadas del plan serán Baleares y Canarias, que recibirán 2.000 de los 7.000 millones de euros del paquete de ayudas directas ya que, según Calviño, es "evidente el impacto diferencial de la pandemia" en estas comunidades, muy dependientes del turismo.
El Gobierno aprueba el plan de apoyo a empresas con 7.000 millones en ayudas directas
Además de estas transferencias, el plan de apoyo a la solvencia del tejido productivo también contempla un segundo fondo dotado con 3.000 millones dirigido a la reestructuración de los más de 121.000 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -en un 98 % a pymes y autónomos- y un tercer paquete por importe de 1.000 millones que se destinará a apoyar la solvencia de las empresas, similar al fondo de rescate de 10.000 millones que se aprobó en verano para las grandes compañías.
El plan estaba previsto que recibiera 'luz verde' el pasado martes tras cerrar los últimos detalles en el fin de semana, pero tras las exigencias de Unidas Podemos de incrementar las ayudas directas hasta los 8.000 millones de euros y ante la necesidad de perfilar otros flecos “técnicos”, el Gobierno decidió retrasar su aprobación hasta este viernes.
Ayudas de hasta el 40 % de la caída de ingresos
Las ayudas directas podrán compensar como máximo el 40 % de la caída de ingresos para las micropymes (con hasta 10 empleados) y autónomos y el 20 % para el resto de empresas. En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
La Agencia Tributaria controlará que se cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, que pasan por demostrar una caída de los ingresos superior al 30 % con respecto a 2019.
Como viene siendo habitual en el Gobierno, la concesión de las ayudas estará ligada a algunos compromisos como el mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022 o la prohibición de reparto de dividendos y el aumento de retribuciones del personal directivo durante un periodo de dos años, ha señalado la vicepresidenta económica. Las empresas receptoras también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no operar en paraísos fiscales ni estar en concurso de acreedores.
Finalmente serán finalmente los gobiernos autonómicos quienes gestionen estos fondos, una de las cuestiones que más fricciones ha generado entre los partidos de la coalición. El ministerio de Economía insistía en que fueran las comunidades quienes se hicieran cargo del reparto de estas ayudas, mientras que la Vicepresidencia de Derechos Sociales que encabeza Pablo Iglesias optaba por la gestión desde el Ejecutivo central. Así, la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
Expectación e incertidumbre en las empresas por las ayudas aprobadas por el Gobierno
El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo. Además, el Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, una medida adoptada poco después de la declaración de la pandemia.
Discrepancias en el seno del Ejecutivo por el reparto de las ayudas
Las asociaciones empresariales, los sindicatos y la propia Unidas Podemos reclamaba que la mayor parte del plan de apoyo de 11.000 millones estuviera conformado por transferencias directas. La Vicepresidencia de Derechos Sociales llegó a presentar un documento, al que ha tuvo acceso RTVE este lunes, donde defendía que el fondo debería incluir al menos una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas, ya que el problema en estos momentos es la "falta de ingresos".
Esta petición causó malestar en el seno del Ejecutivo. A pesar de que el Gobierno inició una ofensiva para negar las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a cómo se repartirían esas ayudas, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, mandó un mensaje a los de Iglesias: “Esto no es una subasta de cantidades, se trata de un trabajo serio, responsable y una cuestión muy compleja que no se resume con un tuit o un documento de dos páginas", sentenció la vicepresidenta en declaraciones ante los periodistas desde el Senado.
En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el retraso en la aprobación de las ayudas "se debe a una cuestión claramente y puramente técnica, al objeto de determinar algunos de los elementos más complicados en el terreno jurídico”, e insistió en que "en ningún caso" es producto de las informaciones que se han publicado por parte de algunos medios de comunicación.
Finalmente, y tras dos semanas de intensas negociaciones, el Ejecutivo ha accedido a ofrecer a las empresas ayudas directas para contrarrestar el impacto de la pandemia. En palabras de Calviño, el nuevo paquete de ayudas, junto con las aprobadas anteriormente, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas "sin precedentes" para proteger el tejido productivo, el empleo y la sanidad que supera el 2 % del PIB. A ello se unen las adoptadas en 2020, con una movilización del 20 % del PIB, que sitúa la respuesta española entre "las más elevadas de los países de la Unión Europea".