Fue uno de los pilares de su campaña y una de sus promesas de cambio respecto a las políticas de Trump, y finalmente este miércoles Joe Biden ha presentado su ambicioso plan para afrontar la crisis climática. Entre otras medidas, el presidente de Estados Unidos ha suspendido las concesiones de petróleo y gas natural en terrenos federales, pero ha anunciado que no prohibirá el método de extracción conocido como fracturación hidráulica o fracking.
En un discurso en la Casa Blanca, Biden ha dicho que la orden ejecutiva que ha firmado contiene una serie de propuestas para "afrontar el peligro existencial del cambio climático". "En mi opinión -ha añadido-, ya hemos esperado demasiado para abordar la crisis climática. No podemos esperar más. La vemos con nuestros propios ojos, la sentimos".
La iniciativa incluye revisar las prácticas para otorgar permisos en el sector energético y las concesiones "relacionadas con los combustibles fósiles" ya existentes en territorios federales. Biden profundiza en su plan climático tras firmar la vuelta al Acuerdo de París en su primer día de mandato.
Cinco continentes - Las primeras decisiones del presidente Biden - Escuchar ahora
"No vamos a prohibir el fracking"
En un intento por aplacar las críticas del sector energético, Biden ha puntualizado: "Déjenme aclarar, sé que siempre sale, no vamos a prohibir el fracking, protegeremos los trabajos y los trabajos crecerán, incluyendo estándares más fuertes como controles a las filtraciones de metano".
La fracturación hidráulica fue un asunto central durante la campaña electoral en estados clave como Pensilvania, donde este polémico método de extracción de gas natural es ampliamente utilizado en manera amplia.
Pese aclarar que no iba a prohibir el fracking, las críticas del sector ya han comenzado a arreciar. El director ejecutivo del Instituto de Petróleo Estadounidense (API, en inglés), Mike Sommers, ha afirmado en una llamada con periodistas que, pese a compartir con Biden el objetivo de luchar contra el cambio climático, la orden ejecutiva "no es nada más que una política para importar más crudo, que debilitará el liderazgo energético de EE.UU., entorpecerá la recuperación económica y socavará la seguridad nacional".
Durante su discurso, Biden ha hecho hincapié en que este cambio de rumbo respecto a la anterior Administración de Donald Trump, que "eligió a las grandes compañías petroleras por encima de los trabajadores", creará nuevos empleos.
"A diferencia de Administraciones previas, no creo que el Gobierno federal deba dar apoyo financiero a las grandes petroleras con la suma de 40.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles. Voy a ir al Congreso para pedir que se eliminen esos subsidios", adelantó Biden.
Hincapié en la creación de empleo
"Vamos a tomar el dinero e invertir en trabajos con energía limpia en EE.UU (...) -subrayó-. De hecho, la acción de hoy nos ayudará a aumentar la producción de energía renovable a partir de la energía eólica marina y a cumplir con nuestra obligación de ser buenos administradores de nuestras tierras públicas".
Otro de los puntos que incluye su orden ejecutiva será lograr un sector energético libre de contaminación de carbono para 2035 y que el país prosiga en "un camino irreversible" hacia una economía de cero emisiones netas para 2050.
Para impulsar estos cambios, el texto recoge la creación de una oficina en la Casa Blanca de Política de Clima Nacional, al frente de la cual estará Gina McCarthy. Al mismo tiempo, el presidente ha destacado que su orden ejecutiva pone la lucha contra el cambio climático en el centro de la política exterior y de seguridad nacional de EE.UU., y ha explicado que con este fin ha designado al exsecretario de Estado John Kerry como enviado especial presidencial para el clima.
Cumbre del clima en abril
En el marco de estos esfuerzos, el 22 de abril, cuando se celebra el Día de la Tierra, Biden acogerá una cumbre global sobre medioambiente, con lo que subrayará la vuelta de EE.UU. al esfuerzo internacional para reducir las emisiones de carbono.
Casi al mismo tiempo que Biden hablaba, su elegida para dirigir el Departamento de Energía, Jennifer Granholm, comparecía ante un comité del Senado, donde algunos legisladores le lanzaron duras cuestiones sobre el impacto en el mercado laboral de las políticas de Biden frente a la crisis climática.
Biden se ha propuesto dar un giro de 180 grados a las políticas de Trump, quien llegó a poner en cuestión la existencia del cambio climático y otros hechos científicos, y con ese fin la Casa Blanca anunció que restablecerá el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología y firmará un memorando sobre "integridad científica", que aclaró que "protegerá a los científicos de la interferencia política".
Además, el nuevo mandatario también ha ordenado revisar más de un centenar de medidas de su antecesor, destinadas a desregular varios sectores y que afectaron a las políticas medioambientales impuestas sobre todo durante el Gobierno de Barak Obama (2009-2017), del que Biden fue vicepresidente.
La Casa Blanca frena la venta de armas a otros países
El mismo día de la presentación del plan climático, el Gobierno de Biden ha suspendido temporalmente la venta de armas a varios países, como Emiratos Árabes Unidos, mientras revisa los contratos a los que llegó la administración de Trump con estos países.
Según fuentes del departamento de Estado, esta suspensión es algo habitual durante los cambios de Gobierno, y se hace con el objetivo de que es que el nuevo liderazgo de EE.UU., incluido Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, tengan "una oportunidad de revisar" los pactos a los que había llegado el anterior Gobierno.
Sin embargo, actualmente está pendiente por completarse la venta a los EAU de material militar por valor de 23.370 millones de dólares, lo que incluye 50 aviones de combate F-35. Este tipo de aparatos de fabricación estadounidense pueden emplearse en labores de inteligencia, vigilancia y de reconocimiento, aunque también pueden llevar a cabo bombardeos.
Los EAU es un socio destacado de Washington en el Golfo y acérrimo enemigo de Irán, contra el que el Gobierno de Trump consiguió unir a Israel y sus aliados árabes, incluida Arabia Saudí.