Más de 2.300 migrantes han llegado a pernoctar esta semana en el muelle de un puerto pesquero de Gran Canaria cuya capacidad máxima es de 400 personas. Las imágenes de su hacinamiento y los datos sobre el desmesurado aumento del número de embarcaciones irregulares que entran en las islas han traspasado en estos días no una, sino varias fronteras, pero detrás de la cara más visible de esta crisis migratoria.
Lo saben bien quienes ofrecen ayuda humanitaria a esos migrantes que decidieron jugarse la existencia en sus países de origen y que se están viendo retenidos en unas islas que, para la mayoría, solo iban a ser un lugar de paso.
“Estas islas representan para ellos una gran cárcel”, subraya a RTVE.es el portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, quien asegura que los migrantes “no se quieren quedar en Canarias” y precisa que, si viajan hasta allí, es únicamente por ser “el punto de Europa más accesible que tienen”.
Unos huyen del conflicto y otros escapan de la ruina económica
Antes de agosto, lo que se vivía en el territorio insular era un ciclo migratorio con una mayoría de personas procedentes de Mali que huían del conflicto, pero, a partir de ese mes, empezaron a confluir en las islas distintos flujos, explica Santana. Uno de ellos está vinculado a las consecuencias económicas de la pandemia en otros países africanos, como Marruecos o Senegal, donde numerosos jóvenes que perdieron su empleo deciden subirse a una patera o un cayuco en busca de un mejor porvenir y eligen la ruta atlántica como vía para ese salto a Europa.
En esta última decisión podría influir, dice, la restricción de movimientos en las rutas terrestres, debido al cierre de algunas fronteras para controlar la Covid-19.
Tal ha sido el repunte de llegadas que, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, han arribado de forma irregular a las islas 16.760 personas, un 1.019% más que en el mismo periodo de 2019. En el último mes, se han duplicado las cifras de todo el año, lo que inevitablemente recuerda a la "crisis de los cayucos" de 2006 y ha obligado al Gobierno a promover un plan de choque y levantar campamentos de emergencia en los que espera habilitar 7.000 plazas de acogida.
Crece más de un 1.000% la llegada de migrantes a Canarias
Santana considera que “había tiempo para haber activado dispositivos y manejar los flujos migratorios” antes de llegar a una situación que, dice, es “crítica”. En las islas viven a día de hoy con una crisis multidimensional: la sanitaria y la económica, provocadas por la pandemia, y la migratoria, que también bebe de las dos anteriores. En ese contexto y con las administraciones “desbordadas” por el colapso migratorio es muy difícil ofrecer un trato “humano” a los migrantes que logran pisar suelo canario.
"No se les puede atender en condiciones dignas"
“No se les puede atender en condiciones dignas porque no hay espacios adecuados. Tiene que haber un dispositivo que permita atenderlas como se merecen y hacer derivaciones. Creemos que la descoordinación entre ministerios está incidiendo en la desprotección de las personas”, opina Santana.
El ejemplo más claro de lo que las organizaciones de ayuda humanitaria consideran “inaceptable” se ha visto en Arguineguín, un puerto convertido en campamento improvisado donde cientos de personas conviven en condiciones alarmantes.
La gota que colmó el vaso fue la orden de un mando policial que el pasado martes permitió la salida del recinto de más de 200 personas sin ofrecerles previamente una alternativa de alojamiento, un hecho que durante días ha desatado incontables críticas contra el ministerio del Interior y ha avivado la tensión en el ámbito político.
Varios partidos, incluido Podemos Canarias, llegaron a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska por lo sucedido y el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, urgió al Gobierno a impulsar traslados de migrantes a la Península para descargar la presión sobre las administraciones públicas.
La crisis migratoria en Canarias aviva la tensión en el Congreso
Sin poder ducharse y durmiendo a la intemperie
Arcadio Díaz Tejera, el juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, considera, al igual que Santana, que las decisiones adoptadas respecto a los migrantes del puerto de Arguineguín no han sido las correctas. La ley da 72 horas a las autoridades para unos trámites --reseñas policiales y pruebas de Covid-19-- que en ese muelle se han llegado a alargar hasta tres semanas debido a la constante llegada de pateras. Mientras tanto, los migrantes han estado hacinados y sin acceso a una higiene mínima por la escasez de duchas. Incluso, apunta Santana, se han visto obligados a hacer sus necesidades en garrafas de plástico porque no hay baños suficientes para todos.
“Han estado semanas y semanas en situación de irregularidad. He visto con mis ojos órdenes de expulsión de cuatro y cinco semanas y los chicos allí. Misma camisa, sin ducharse, tres bocadillos al día y durmiendo a la intemperie. He oído y he visto cómo algunos me señalaban su camisa diciéndome: llevo 24 días aquí”, relata el juez.
“Misma camisa, sin ducharse, tres bocadillos al día y durmiendo a la intemperie“
En palabras de Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, el municipio al que pertenece este muelle, la situación es "de vulnerabilidad total de los derechos humanos y fundamentales". Ella siente "vergüenza como española" por el trato que se les está dando a los migrantes, quienes, lamenta, duermen "a ras de suelo y sobre el asfalto".
"Incluso hay roedores que campan a sus anchas por el propio muelle. Los COVID ya no están totalmente aislados como sí lo estaban antes porque hay un hacinamiento total", se queja la alcaldesa en una entrevista con TVE.
La organización internacional Human Rights Watch denunció este miércoles que en esas condiciones no se respeta “la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos", algo que suscriben también desde otras entidades.
Impotencia en Arguineguín: “El problema se ha ido de las manos”
Richard Ortega, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del puerto de Arguineguín, asegura sentir “indignación, rabia e impotencia” por ver cómo la crisis migratoria “se ha ido de las manos” tras múltiples promesas políticas que, dice, no se materializan.
Ese muelle en el que siguen retenidos cientos de migrantes “no reúne condiciones humanitarias, sanitarias ni de seguridad” y, como apunta Díaz Tejera, está pensado para acoger “barcos pesqueros, pescadores y pescados”, pero no para convertirse “en un almacén en el que hacinar seres humanos como si fueran ganado”.
“Salíamos a pescar y los veíamos que estaban como hormigas“
“Pero es que no están hacinados, están doblemente hacinados. Salíamos a pescar y los veíamos que estaban como hormigas. Se quedan debajo de esas carpas pequeñitas en las que no hay espacio material. Son personas, no son animales. Hay que buscar una solución definitiva, pero no las que están dando”, insiste Ortega.
El puerto de Arguinegín, saturado tras la llegada de más de 2.000 migrantes
Él, como muchos otros pescadores de la zona, han auxiliado en numerosas ocasiones a migrantes que han localizado en el mar, subiéndolos a su bote y avisando de forma inmediata a salvamento marítimo. La última, en el mes de marzo. Ahora, dice, se siente “desbordado” y asegura que la “mala gestión” está haciendo que proliferen el racismo y la xenofobia entre los canarios.
“Aquí en Canarias tenemos siempre las puertas abiertas para todo el que quiera, pero tenemos que tener esto controlado. Parece que esto no es Europa. Nos tratan como una colonia de África”, se queja el pescador.
Crisis migratoria: "Canarias no puede ser una gran cárcel de inmigrantes"
A juicio de Díaz Tejera, lo que hay que intentar es "que no tengan que salir de su país para matar el hambre” y que solo emigren quienes estén viviendo situaciones bélicas de conflicto armado y tengan derecho a asilo. “Pero, si salen, que no mueran en el trayecto. Y, si llegan aquí, que tengan acogida humanitaria y derivación a la península con esa expresión de solidaridad compartida”, comenta el juez, quien también habla de la importancia de repatriar a aquellas personas que no tengan “perspectivas de integración” y reúnan “agravantes para que sean expulsados a sus países de origen”.
Se trata, en definitiva, de establecer un sistema integral que pase por crear “una red estable de acogida” con una infraestructura preparada. “Hay inmuebles públicos vinculados a defensa que están en desuso e inutilizados y, teniéndolos, no se pueden dar estas situaciones que son inhumanas y degradantes", apunta.
“Da la impresión de que partimos de cero, pero esto sí tiene sí precedentes. Aprendimos en el año 2006. En cuatro horas, los militares españoles se portaron de forma excepcional e instalaron campamentos militares. ¿Por qué razón, si esto se puede solucionar en unas horas hemos tenido que esperar cuatro meses?”, se pregunta el juez Díaz Tejera.
Más allá de las infraestructuras, necesitan información
Sobre este asunto, el portavoz de CEAR, precisa que alojar a los migrantes en hoteles por falta de recursos es una “mala solución” que debería ser “puntual” y no extenderse en el tiempo. “La acogida humanitaria no se puede gestionar en recursos turísticos”, recalca Santana, que recuerda que no solo hay que poner el foco en el recurso del alojamiento sino también en las derivaciones y en la orientación. No necesita lo mismo, incide, quien huye de un conflicto que quien emigra por circunstancias económicas.
“Hay mucha desorientación. Los chicos no saben si van a ser expulsados, si van a ir al CIE... La aleatoriedad o la pasividad a la hora de tomar decisiones genera en ellos una gran incertidumbre en las personas. No solamente se trata de buscar infraestructuras, son personas que vienen con sus historias y es necesario ofrecerles atención para reconducir sus proyectos migratorios. Parten de una realidad muy complicada, no se la compliquemos más añadiendo incertidumbre”, pide Santana.
“Canarias no puede ser un CIE gigantesco“
Desde CEAR, que trata de llegar a las personas que son potenciales solicitantes de protección internacional para allanarles el camino, también solicitan que se habilite un espacio adecuado para que las personas migrantes puedan ser atendidas por sus abogados en las primeras 72 horas y que se les ofrezca información completa de su situación, garantizando su comprensión a través de intérpretes de su idioma materno, tal y como establece la normativa.
“Canarias no puede ser un CIE gigantesco (…) Hay otra opción, pero hace falta que no solo lo veamos los que estamos trabajando y hablando con ellos. Hace falta que lo vean quienes tienen la capacidad, la autoridad y el poder para establecerlo”, subraya Díaz Tejera, que también sostiene que los migrantes “no quieren" quedarse en Canarias: "A nosotros algunos nos preguntan: ¿dónde se coge el autobús para ir a París o a Alemania?”.