El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que prevé la descarbonización de España antes de 2050 impulsando el coche eléctrico y las energías renovables. El Gobierno considera que este texto, que ahora será remitido al Congreso de los Diputados, puede convertirse en "uno de los ejes sobre el que pivote la reconstrucción social y económica del país" tras la pandemia de coronavirus.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que es una "oportunidad" para debatir la recuperación tras el COVID-19, puesto que llega en un momento en el que se debate "cuál es la España que se quiere reconstruir", al mismo tiempo que puede facilitar un proyecto sobre la recuperación alineado con el Pacto Verde Europeo.
A juicio de la ministra, esta ley transmite "un mensaje sólido sobre cómo podemos contribuir a la reconstrucción europea", y al mismo tiempo cumple "con España y con los españoles, con la industria y el modelo productivo, pero también con los más jóvenes, que no deben heredar hipotecas que no les pertenecen, sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible".
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura y con su aprobación por el Consejo de Ministros inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.
Teresa Ribera: "La Ley de cambio climático contribuye a la creación de una Europa mejor"
Sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima
Los objetivos de esta ley se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%. En 2030 las emisiones deberán reducirse aún más, al menos un 20% respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar "un parque de turismos sin emisiones directas de CO2" y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de pandemia, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.
Las energías verdes también ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos, un 70% del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía también deberá ser verde.
Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas.
Ribera defiende el proyecto de ley de cambio climático
Las claves de la Ley de Cambio Climático
Así, el horizonte de descarbonización previsto implica un cambio de modelo socioambiental y energético que afecta a múltiples sectores y que supondrá cambios en la forma en la que los ciudadanos se mueven, generan o consumen la energía.
El anteproyecto contempla medidas de adaptación, económicas, de política ambiental, transición justa... Una legislación transversal compuesta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos que abarca numerosos campos de actividad con múltiples claves. Estas son algunas de las más importantes:
1.- Alineados con Europa. La Ley entronca con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima (Acuerdo de París de 2015) que también "señalará el camino" para la recuperación económica post pandemia.
2.- Reducción de emisiones. Entre los objetivos inmediatos, en apenas 10 años, en 2030 se deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto del año 1990, con la meta de la descarbonización en 2050.
3.- Impulso de las energías limpias y eficiencia energética. Al final de la próxima década, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. La rehabilitación energética de edificios es uno de los ejes de actuación. Para atraer recursos se amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
4.- Movilidad sostenible y adiós a los coches contaminantes. La Ley fija, en consonancia con las políticas europeas, el año 2040 para eliminar del mercado los vehículos que no sean de cero emisiones, prohibiendo su circulación a partir de 2050 (salvo la excepción de los vehículos históricos). Otras medidas son la implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos, impulso de la movilidad sostenible y acciones encaminadas a la reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo.
5.- Ciudades más saludables. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones y, además, se "blinda" su reversibilidad mediante un informe preceptivo del Ministerio y la autoridad autonómica competente y se apoyan iniciativas de impulso de transporte público y del uso de la bicicleta.
6.- Transición justa. La norma asume que esta transformación socioambiental y de modelo creará empleo, pero también tendrá impactos con perdida de puestos de trabajo. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.
7.- Biocombustibles y biogás. Se aprobarán planes específicos para impulsar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.
8.- Adiós a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial. Además se prevé la desinversión del sector público en participaciones o instrumentos financieros de entidades cuya actividad incluya la extracción o procesado de estos productos energéticos.
9.- Adaptación.- La Cuenca Mediterránea es una de las zonas más afectadas por la crisis climática y España verá agudizados sus efectos. La educación y capacitación, el aumento de conocimiento sobre la materia se reforzará y se impulsarán nuevos perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad y frente al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) será el elemento básico para guiar esa adecuación a los impactos transfronterizos.
10.- Presupuesto.- La ley prevé que al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética.