El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una tercera línea de créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 24.500 millones de euros que tiene como objetivo garantizar la inyección de liquidez a las empresas que se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus.
Así lo ha confirmado al término del encuentro la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha recordado que las entidades financieras no podrán cargar ningún coste financiero sobre los importes no dispuestos por el cliente, dando así solución a las "quejas de algunas empresas que denunciaban estos comportamientos" anticompetitivos.
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De la cuantía total de 24.500 millones de euros de este nuevo tramo, 10.000 millones irán destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos y otros 10.000 para el resto de empresas, de mayor tamaño.
Otros 4.000 millones estarán dirigidos para avalar los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), gatantizando así las emisiones de empresas no financieras. En este caso, ha recalcado la ministra, existe la obligación de que dichas empresas tengan la sede social en España para evitar que puedan acceder compañías con sedes en paraísos fiscales o que los fondos públicos puedan utilizarse para repartir dividendos.
Por último, los 500 millones restantes irán dirigidos a reforzar los avales concedimos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), que "presta un importante apoyo a las empresas", ha indicado Montero.
El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% en el caso de las operaciones de renovación. Los avales tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
98 % para pymes y autónomos
Este nuevo tramo de la línea de avales prevista por el Gobierno de hasta 100.000 millones de euros, se une a otros dos tramos de 20.000 millones lanzados por el Ejecutivo anteriormente y que tienen como objetivo cubrir, con carácter retroactivo, los créditos concedidos por las entidades financieras desde el pasado 18 de marzo.
En total, según ha confirmado la ministra, se han realizado hasta el pasado lunes un total de 269.843 operaciones, 98% de ellas para pymes y autónomos.
Asimismo, el Estado ha avalado un total de 27.510 millones de euros y ha inyectado 36.190 millones de euros en las empresas, "un sector muy importante para nuestra economía", ha recalcado Montero.
El acuerdo establece de forma específica que las empresas deberán emplear la financiación avalada para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, sin que pueda, en ningún caso, destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta.
Texto refundido de la Ley Concursal
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para refundir en un solo texto las 28 modificaciones de la Ley Concursal que se han llevado a cabo desde su aprobación en 2003.
El objetivo de la norma es otorgar seguridad y claridad ya que dichos cambios, ha explicado la ministra, habían provocado "cierta falta de seguridad jurídica" y "problemas interpretativos" a la hora de abordar los procedimientos judiciales.
Dicho texto, "fruto de un largo y meticuloso trabajo", ha sido ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.