El caso de los ERE fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada "pieza política", que es la que ha sentado en el banquillo a una veintena de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la creación y mantenimiento durante una década de un presunto sistema ilegal de ayudas; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas supuestamente de forma irregular a las empresas.
La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación por el ‘caso de los ERE', y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en una sentencia que se ha dado a conocer este martes, once meses después de que acabara el juicio.
Más allá de que esta sentencia pueda ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo, el caso de los ERE no se agotará con esta sentencia. Esta es la situación del resto de piezas:
1. Pieza sobre las sobrecomisiones
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga todavía la pieza sobre las presuntas sobrecomisiones que, en los ERE subvencionados por la Junta mediante el sistema presuntamente irregular que se juzgó en la llamada "pieza política", pagaron las aseguradoras a empresas mediadoras como Uniter.
Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía cifran en 66 millones de euros el dinero presuntamente malversardo en sobrecomisiones, que llegaban a ser de hasta un 550% por encima de la media habitual del mercaro y de las comisiones que pagaban las aseguradoras a las mismas mediadoras en ERE no financiados por la Junta, según los datos recogidos por Efe.
En esta pieza hay al menos una veintena de personas imputadas, según han confirmado fuentes del TSJ de Andalucía a RTVE.es.
2. Un centenar de piezas sobre las ayudas
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla mantiene más de un centenar de piezas referentes a las ayudas concretas dadas a las empresas que se beneficiaron del sistema presuntamente ilegal. Inicialmente eran más, pero algunas han sido archivadas porque ha prescrito el presunto delito de malversación investigado.
De esta tercera pata judicial del caso de los ERE, hay cuatro piezas pendientes de celebración de juicio en la Audiencia Provincial de Sevillla. Una de ellas es sobre los 1,4 millones de euros que recibio el chófer del ex director general de la Junta José Antonio Guerrero. Las otras tres son sobre las ayudas que recibieron las empresas Acyco -el juicio podría celebrarse a partir de septiembre de 2020, según fuentes jurídicas-, Surcolor y Cenforpre.
Polémica por la actuación de la jueza Núñez Bolaños
La jueza María Núñez Bolaños sustituyó como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a la magistrada Mercedes Alaya -la primera instructora del caso de los ERE- en junio de 2015. La Fiscalía Anticorrupción la denunció el pasado 3 de julio ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "desatención y retrasos injustificados" en la investigación de esta causa y de otras dos: el caso avales y el caso Idea.
La actuación de Bolaños, que se encuentra actualmente de baja, produce -según el Ministerio Público- un "evidente perjuicio" de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia. A raíz de este denuncia, una delegación del CGPJ acudió el pasado mes de octubre al juzgado para recabar información.
Actualmente, el juzgado cuenta con una nueva jueza para el trabajo ordinario del Juzgado y con un juez de refuerzo que se está haciendo cargo de la instrucción de las macrocausas mientras dura la baja de la titular, según apuntan fuentes jurídicas.