La instrucción del caso de los ERE, cuya primera sentencia se ha dado a conocer este martes con seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, comenzó en enero de 2011 cuando la jueza Mercedes Alaya, que investigaba entonces el caso Mercasevilla, abrió unas diligencias nuevas tras detectar en varios expedientes de regulación de empleo 'intrusos' que, sin haber trabajado en las empresas, estaban cobrando prejubilaciones a cargo de ayudas públicas que se habían dado presuntamente sin cumplir la legalidad.
Eran los primeros hilos de una trama de corrupción que, siete años después, llevó al banquillo a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y a varios exconsejeros acusados de malversación y prevaricación por la creación y mantenimiento de un sistema que repartió, según la Fiscalía, 680 millones a empresas en crisis de forma "discrecional" y "arbitraria":
24 de abril de 2009. Mercasevilla, el origen de todo
El PP denuncia que dos exdirectivos de Mercasevilla -que finalmente fueron condenados por cohecho- intentaron cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería. Además de esta irregularidad, la investigación judicial destapó una supuesta venta irregular de terrenos de la empresa pública y la existencia de un 'intruso', militante del PSOE, como beneficiario de uno de los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en esta empresa.
9 de enero de 2011. La jueza Alaya abre el 'caso de los ERE'
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el 'caso Mercasevilla' abre nuevas diligencias por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al descubrir que hay más 'intrusos' en otros ERE para los que la Junta de Andalucía ha aportado dinero público. Un mes antes, en su declaración ante la Policía, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero calificó de "fondo de reptiles" la partida presupuestaria de la que salían estas ayudas que se distribuían presuntamente sin someterse a los controles legales.
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