La legislatura de Mariano Rajoy comenzó bajo los rumores de si España necesitaba o no un rescate a la economía. En ese contexto -y con un déficit superior al 8%- el Gobierno aprobó una subida de impuestos generalizada, a los que siguieron sucesivos anuncios de recortes, que ahondaban los del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Cuatro años después, la amenaza del 'rescate a la griega' ha desaparecido -tras haber inyectado miles de millones a los bancos con problemas-, la economía crece, la confianza ha mejorado, algunos recortes y subidas de impuestos se han suavizado y el paro ha bajado de sus niveles máximos. Aún así no se ha vuelto al nivel previo de la recesión.
El rescate bancario, la decisión que marcó la legislatura
En unos meses en los que la prima de riesgo -una expresión desconocida hasta ese momento- copaba las conversaciones en todos los ámbitos, ante las dudas de la solvencia de España, menos de seis meses después de llegar al poder el Ejecutivo del PP solicitó un rescate parcial a sus socios. No fue toda la economía la que necesitó esa ayuda, sino el sistema financiero, algunas de cuyas entidades recibieron un préstamo de casi 42.000 millones de euros (la mitad de ellos para Bankia).
La eurozona condicionó, en principio, ese crédito a varias reformas en el sistema financiero recogidas en el Memorando de Entendimiento. Pero, como la responsabilidad de devolución de ese préstamo recae en el Estado español -y, por tanto, en todos los ciudadanos-, también se sometió a la economía del país a una estricta vigilancia: los acreedores europeos querían asegurarse de que España saneaba sus cuentas públicas y evitar así el riesgo de impago.
Con una prima de riesgo desbocada -la diferencia entre la rentabilidad del bono español y la del alemán llegó a marcar 638 puntos-, un déficit superior al 9% y un elevado nivel de endeudamiento público y privado, el rescate bancario a través de los recortes y ajustes aplicados por el Gobierno para reducir el déficit.
Control del déficit y repunte de la deuda
Cumplir con los objetivos de déficit público fijados por Bruselas, algo que se ha logrado en 2013 y 2014, ha sido uno de los ejes de esta legislatura. Para ello se han tomado medidas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria -que busca controlar las cuentas de las comunidades autónomas-, se han subido impuestos como el IVA o el IRPF y se han efectuado recortes generalizados.
El desfase en las cuentas públicas, que en 2012 alcanzó el máximo en esta legislatura del 10,4% (6,7% sin ayudas bancarias), bajó al 5,9% en 2014 (5,8%).
En los últimos años, la deuda pública se ha disparado del 69,5% del PIB en 2011 hasta rozar ahora el 100% del PIB. Esta situación se explica, en parte, porque se han asumido como públicas deudas privadas, principalmente a través del sector bancario. Pero también por la necesidad de acudir al mercado para poner en marcha iniciativas como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), este último para asistir a las comunidades autónomas.
Por el contrario, la deuda privada ha pasado de ser el 218% del PIB en 2011 al 165,8% el pasado año, en parte por el necesario proceso de desapalancamiento de empresas y familias que ha implicado una severa restricción del crédito en los últimos años, que sigue sin fluir con normalidad.
El Banco Central Europeo -después de dejar claro en 2012 la irreversibilidad de la moneda única con el ya célebre "el BCE hará todo lo que sea necesario para mantener el euro y créanme, esto será suficiente" de Mario Draghi- ha adoptado medidas para intentar corregir esa ruptura del sistema crediticio con sucesivas bajadas de tipos de interés y compras de deuda masivas, con lo que también busca impulsar el crecimiento económico y aumentar la inflación en el conjunto de la eurozona.
La intervención del BCE, además, ha sido crucial para bajar la prima de riesgo española, que ronda ahora los 110 puntos básicos, con la rentabilidad del bono en el 1,6% (frente al más del 7% que llegó en 2012).
Menos parados y menos ocupados
En España hay menos parados ahora de los que había hace cuatro años, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero también hay menos personas trabajando.
Si comparamos los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2011 con la del tercer trimestre de 2015, hay casi 440.000 parados menos, aunque el total de personas sin empleo supera los 4,8 millones. También ha bajado el número de personas ocupadas en algo más de 100.000, hasta sumar 17 millones. La clave de ambos datos aparentemente contradictorios está en la reducción de la población activa que, tras llegar a rozar los 23,5 millones de activos, ahora se sitúa por debajo de los 23 millones.
Asimismo, la EPA pone de manifiesto la precarización del mercado laboral: hay menos asalariados con contrato indefinido (en concreto, 354.300) y más temporales (152.800). También cae el número de ocupados a tiempo completo en 402.100 y sube en 297.800 los trabajadores con un empleo a tiempo parcial. Además se observa un aumento del autoempleo y de las pequeñas empresas creadas por autónomos.
A esto hay que añadir que ha crecido el número de parados de larga duración: ya son seis de cada diez los desempleados que llevan buscando empleo más de un año, según la EPA. Este incremento es uno de los motivos que explican la caída de la cobertura del sistema de protección por desempleo del 70,7% en 2011 al 54,49% en octubre de 2015.
Este nuevo panorama del mercado de trabajo es consecuencia, en gran parte, de la reforma laboral aprobada por el Gobierno mes y medio después de su toma de posesión. Mientras estos cambios se pusieron en marcha, el número de parados llegó a superar los seis millones de personas durante tres trimestres consecutivos (el cuatro trimestre de 2102 y los dos primeros de 2013).
Entre otros aspectos, la reforma laboral del PP -que profundizó la del anterior Ejecutivo del PSOE- abarató y facilitó el despido, que ahora es procedente como norma general. También otorgó más facilidades para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios -es decir, más flexibilidad interna en las empresas para que, en teoría, no recurrieran al despido-, y limitó la ultraactividad de los convenios, es decir la prórroga automática de un convenio colectivo.
Los sindicatos respondieron a la reforma laboral con dos huelgas generales -en marzo y noviembre de 2012- y movilizaciones continuas. Algunos puntos de la reforma laboral han sido enmendados por la Justicia, como la limitación a un año de la ultraactividad.
Además, el Ejecutivo ha recortado la prestación por desempleo. Ha modificado y prorrogado el Plan Prepara -los 400 euros o 450 euros para aquellos parados sin ningún tipo de subsidio y cargas familiares- y ha acordado con los agentes sociales la puesta en marcha de una renta de inserción para los parados de larga duración.
Pendiente queda la gran reforma de las políticas activas de empleo, solicitada insistentemente desde Bruselas, y que tiene que ser acordada con comunidades autónomas y agentes sociales.
Una devaluación salarial para ganar competitividad
Las últimas reformas laborales -la del Gobierno de Rajoy y la anterior del Ejecutivo de Zapatero-, según el Banco de España, han propiciado una moderación salarial "necesaria". El objetivo de aumentar la competitividad se ha cumplido a medias, según diferentes organizaciones como la OIT.
Todos los organismos internacionales pidieron la moderación salarial, mayor que la que muestra las estadísticas, según el Banco de España. La Comisión Europea ha denunciado, a posteriori, que el recorte producido durante la crisis ha sido "lento, ineficaz e injusto", ya que ha perjudicado especialmente a los trabajadores temporales en beneficio de los fijos.
La bajada de los salarios ha tenido un impacto menor debido a que la inflación se ha mantenido muy baja desde finales de 2013, e incluso los precios han bajado durante muchos meses ayudados por la fuerte caída del precio del petróleo.
La transformación del tejido productivo
En 2013 habían desaparecido seis de cada 10 empresas creadas en 2008 y 2009, y la mitad de las creadas en 2010. Según los últimos datos de demografía de empresas del INE de 2013, solo ese año había casi 34.000 empresas menos que un año antes en las que trabajaban menos de diez asalariados.
Las pequeñas empresas son las más castigadas por una crisis tan larga, incapaces de afrontar, además, cambios como la desaparición de la renta antigua o el empuje de las grandes multinacionales.
En estos últimos cuatro años, también se han producido sonadas caídas de empresas no financieras como Gowex, Fagor, Reyal Urbis, Corporación Dermoestética, Abengoa, Panrico, Pescanova o Zinkia (estas tres últimas empiezan ahora a salir del agujero). La constructora Martinsa-Fadesa, la hasta ahora mayor quiebra empresarial de la historia de España, no ha podido superar el concurso de acreedores iniciado bajo el Gobierno Zapatero y afronta ahora su liquidación final.
Nueva reforma de las pensiones, que ya no se actualizan con el IPC
En enero de 2013 entró en vigor la reforma de las pensiones del Gobierno Zapatero, por la que -entre otras medidas- se eleva de forma progresiva la edad legal de jubilación a los 67 años y se aumenta a 37 el número de años cotizados necesarios para cobrar la pensión completa.
Un año después entra en vigor la reforma del Ejecutivo de Rajoy por la que se endurecen el acceso a la jubilación anticipada -tanto forzosa como voluntaria- y a la jubilación parcial.
Además, y también por una reforma del PP, las subidas anuales ya no se deciden en función del alza del IPC, sino que se incrementan un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,50%, dependiendo de la situación económica presente y futura del país.
Mientras, el déficit de la Seguridad Social ha hecho que el Gobierno tenga que tirar de la ‘hucha de las pensiones’ para hacer frente al pago de las mismas. El agujero del sistema está provocado por el aumento de los gastos -al haber más pensionistas- que no se cubren con los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Éstos no se recuperan por varios motivos: el menor número de ocupados, las bonificaciones a la contratación y el hecho de que los nuevos cotizantes no generan tantos ingresos por su menor salario.
De esta manera, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha reducido a la mitad: ha pasado de los 66.815 millones de euros de 2011 a los 34.221 millones que tiene en la actualidad.
Recortes generales en todos los ámbitos
En paralelo a las subidas de impuestos, el Gobierno de Rajoy efectuó numerosos recortes, especialmente en su primer año: redujo el gasto de los Ministerios, congeló el salario mínimo, amplió la jornada laboral de los empleados públicos y recortó subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, entre otras medidas.
Apenas una semana después de la presentación de las cuentas públicas de 2012, se anunciaba un nuevo recorte de 10.000 millones en sanidad y educación: se estableció el copago en los medicamentos en función de la renta, se incrementó el número de alumnos por aula y se aumentó las tasas universitarias.
En julio de 2012, tras la petición del rescate bancario, Rajoy anunciaba un duro plan de ajustes que incluía la reducción del gasto en Dependencia, el recorte de la prestación por desempleo, la eliminación de la paga extra de Navidad a los empleados públicos -algunos de los cuales ya han recuperado la mitad de la misma- y la congelación de sus salarios, que se ha prolongado hasta este año.
La contención del gasto siguió siendo la tónica de las cuentas públicas para los años 2014 y 2015, junto a la aplicación de reformas como la de la Administración Pública (CORA).
Continuas subidas de impuestos
La legislatura comenzó con una subida generalizada de impuestos y acaba con la promesa de una nueva bajada en algunos de ellos.
Con el objetivo de reducir el déficit, y nada más llegar al poder, el Gobierno aprobó una subida temporal del IRPF para los años 2012 y 2013 -que luego se prolongó a 2014- y del IBI, que ha seguido en vigor hasta este 2015.
Meses después, modificó el Impuesto de Sociedades. Y aprobó la subida del IVA, la segunda en dos años: el tipo general pasó al 21% y el reducido, al 10%.
En los años sucesivos, el Ejecutivo siguió aumentando los impuestos: introdujo un nuevo gravamen para las loterías, creó impuestos para la producción energética, subió alcohol y tabaco, gravó el aire acondicionado y limitó deducciones de las grandes empresas, entre otros.
En 2015 entró en vigor la reforma fiscal con la que el Gobierno reformó el IRPF (el número de tramos pasó de siete a cinco y bajó los tipos impositivos), fijó un tipo único para Sociedades y rebajó la tributación por el ahorro y aprobó que la retención para todos los autónomos fuera del 19% al 15% desde el 1 de julio, entre otras muchas medidas.
En principio estaba pensada para que se aplicara en 2015 y 2016, pero el Ejecutivo de Rajoy adelantó la rebaja del IRPF prevista para enero de 2016 a este año.
En busca de recaudar más y ampliar las bases imponibles, el Gobierno aprobó en 2012 una polémica amnistía fiscal con la que recaudó la mitad de lo previsto y a la que se acogieron, entre otros muchos, el histórico sindicalista minero de UGT Fernández Villa o el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.
Los escándalos judiciales en torno a Bankia
Al utilizar la amnistía fiscal, el origen y gestión del patrimonio de Rato está siendo investigado por Hacienda. El caso estalló en abril de 2015 cuando el exministro de Economía fue detenido durante unas horas y, finalmente, acusado de varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
El agujero de BFA-Bankia (entidad dirigida precisamente hasta mayo de 2012 por Rodrigo Rato) provocó en última instancia el rescate del sistema financiero español. La entidad y sus antiguos gestores -tanto del banco como de las cajas de ahorro que lo formaron- están implicados en numerosas causas judiciales: la mencionada investigación sobre el patrimonio de Rato, el caso de las tarjetas opacas, su fusión y salida a Bolsa o la planificación y comercialización de las preferentes.
Bankia no ha sido la única entidad con problemas judiciales. Otras cajas (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, CCM, Caixa Penedès…) están bajo la lupa de la Justicia por las indemnizaciones millonarias de los directivos; las operaciones presuntamente fraudulentas, que habrían producido pérdidas multimillonarias al Estado; o la anulación, por abusivas, de las cláusulas suelo.
Pero el gran quebranto que ha afectado en especial a los clientes de Bankia, Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa ha sido el de las preferentes. Miles de personas vieron cómo su dinero se quedaba atrapado en este complejo producto y soportaron pérdidas millonarias en su conjunto.
El Gobierno diseñó un sistema de arbitraje para resolver la situación, gracias al cual 298.223 clientes (de un total de los 534.150 que tenían ese producto) recuperaron 3.125 millones de euros de los 9.772 millones invertidos. Otros -más de 28.000- han ido a los tribunales. Solo entre CatalunyaCaixa y Bankia, en el 85% de los casos judiciales se les ha dado la razón y se les ha devuelto más de 800 millones de euros.
La reforma del sistema eléctrico y la subida de la luz
En 2014 se logró el primer superávit de tarifa -la diferencia entre los costes reconocidos de las actividades reguladas y los ingresos obtenidos para financiar el sistema- desde que en 2002 empezó a aplicarse el mecanismo por el que esos desajustes podían generar déficit y que desde entonces ha acumulado unos 26.000 millones de euros.
Esto se ha logrado a través la reforma eléctrica, aprobada en fases desde 2013, que ha recortado con fuerza las primas a las renovables y la cogeneración, y ha subido el peso en la factura de la potencia contratada, entre otras medidas. En una de sus últimas leyes se aprobó el denominado ‘impuesto al sol’, que penaliza el autoconsumo.
En medio de todo este cambio normativo, el Ejecutivo se vio obligado a suspender el sistema de subasta eléctrica usado para fijar el precio de la energía para los consumidores acogidos al sistema regulado.
Tras unos meses de transición, se ha establecido un nuevo sistema que fija en un mercado mayorista el precio que se paga por el consumo real y por horas. Según Competencia, desde 2011 y hasta septiembre de 2015 el recibo de la luz se ha encarecido más de un 10%.